No es necesario que sea presentado un proyecto de ley ante el parlamento. Basta que haya un solo anuncio de someter a la consideración legislativa la idea de cambios a la ley, que ponga fin a la penalización del aborto en tres casos extremos, para que los sectores conservadores y retardatarios chilenos, salgan a proclamar una confusa “defensa de la vida”, descalificando a quienes promueven la necesidad de tener políticas de salud más racionales, de acuerdo a las posibilidades de la medicina contemporánea.
Queda claro que quienes han agitado, más que el debate, la intimidación como arma comunicacional, sacando a un grupo no menor de niños y jóvenes pudientes a hacer manifestaciones, y contando con una amplia cobertura de medios perfectamente sustentados en el avisaje económico de los grupos de poder fáctico - proclamando con descontrolada pasión la “protección de la vida” -, son aquellos que tienen una curiosa historia de agravios contra la calidad de la vida humana.
Porque de eso se trata: la vida humana y el vivir humano. Se trata de personas reales, que viven la realidad, y que enfrentan las alternativas del vivir. Se trata de la calidad de vida y de la crudeza que significa enfrentar y resolver problemas objetivos de mujeres que sufren.
No estamos discutiendo aún de los derechos reproductivos, un debate que en todo caso está pendiente. La propuesta que ha sido puesta sobre la mesa, para ser sometida al análisis legislativo cuando haya un proyecto definido, se trata solo de aquellos casos que, en su condición extrema, son reconocidos en todos los países donde la recomendación sanitaria está sobre cualquier consideración determinista. Tres casos que cualquier mujer, más allá de sus convicciones religiosas, valoraría como necesarias, cuando se enfrente a una situación de esas características: el riesgo de vida de la madre, inviabilidad del feto o una gestación a consecuencia de violación.
Estamos hablando del sentido común que primaría en una familia, por ejemplo, frente a lo que esté sufriendo una hija, madre o hermana, como consecuencia de cualquiera de esas alternativas. Estamos hablando de casos que afectarían a mujeres que son parte de nuestra cotidianidad societaria. Estamos hablando de familias que se enfrentan a esa realidad dramática. Y lo que es peor, estamos hablando de mujeres pobres, que muchas veces deben tomar decisiones en la más absoluta soledad.
Para cualquier persona o familia la concepción es maravillosa, cuando las condiciones que la hacen posible son promisorias. El proceso de gestación y el desarrollo de una futura vida humana, en condiciones seguras y deseadas, permiten la felicidad y la realización no solo de las mujeres, sino de una pareja y de una familia. La sociedad se hace parte de esa condición estimulante.
La cuestión que también debe hacerse cargo la sociedad, es tener que aceptar que haya mujeres, y su medio familiar, que se nieguen a la concepción en condiciones de trauma y riesgo. Nadie tiene derecho a pedir la inmolación a otra persona, o a una integrante de la sociedad, por un conjunto de ideas confusas sobre la vida o sobre la interpretación de ciertas “verdades escritas”. Hay ciertas visiones que aún proclaman que el sufrimiento es parte de una forma de redención o de fin último del existir. Bien por ellas si logran concretarlo en sus vidas y logran satisfacción con los resultados. Pero no tienen por qué exigirlo, desearlo o imponerlo a los demás.
Así, ninguna mujer debe morir ante el riesgo potencial derivado de un embarazo. Los alcances religiosos que ello tenga es un tema que ponderará la afectada, y aún la inmolación podrá ser su legítima alternativa. Es su derecho de conciencia.
Tampoco, ninguna madre debe ser obligada legalmente a sostener un embarazo anómalo e inviable contra su deseo. Es una brutalidad pretender que ese proceso de gestación deba ser cautelada por el Estado y sus instituciones. En una ínfima cantidad de casos, en las familias de quienes promueven esa imprecisa “defensa de la vida”, tal alternativa sería aceptada. El sufrimiento de una madre con un proceso de gestación anómalo solo puede ser admisible si lo asume por propia decisión, pero la ley y el sistema de salud debe permitirle inexcusablemente una alternativa de término.
De la misma forma, ninguna mujer puede estar obligada a sostener una concepción como resultado de una violación. Hay antecedentes concretos en que El Vaticano no ha hecho objeción al aborto: con las monjas violadas en África, en los 60´s; en la derrotada Alemania, en 1945; así como en 23 países donde monjas fueron violadas por misioneros, en los 90´s. Podrá decirse que se trata de casos extremos de conmoción social, pero para una mujer una violación será siempre un caso extremo de conmoción.
Sacarse las máscaras del ideologismo y del extremismo conservador grandilocuente e introducir el propósito efectivo de la misericordia, es fundamental para abordar una despenalización que el sentido común y buenas políticas de salud requieren.
(El presente texto corresponde al editorial de Revista Iniciativa Laicista (Nro. 14, julio 2014)
