Discurso inaugural del VI Convento Masónico Nacional de la Gran Logia de Chile
La Masonería tiene por objeto la búsqueda incesante
de la verdad, el estudio de la moral y la práctica de las virtudes. Sometida a
las leyes de la República, procura la Masonería que sus miembros sean actores
de toda reforma que coadyuve siempre a la justicia y al imperio de la razón,
que no es otra cosa que el consenso social sobre los desafíos que conduzcan a los
conglomerados humanos hacia la felicidad individual y colectiva.
En ese contexto nos reunimos hoy,
delegados de todo el país en convento nacional, para culminar un proceso que
comenzó a mediados del mes de noviembre, a través de conventos camerales
logiales, para continuar luego en conventos camerales jurisdiccionales en las
semanas recientes.
Ello ha sido consecuencia de un llamado
del Gobierno Superior de la Orden para canalizar las inquietudes de la
membresía, ante los acontecimientos que han impactado a Chile desde hace cien
días, y para tratar de construir una mirada común frente a los desafíos que
emergen de esa crisis.
Convocamos al Convento Masónico bajo la
intención de reflexionar en la perspectiva de un nuevo Contrato Social para
Chile, ante la comprobación de que hay un profundo quiebre en aquel que emergió
con la recuperación de la democracia, hace 30 años.
No podemos ignorar la opinión de una
minoría de nuestros Hermanos que consideraron excluyente de nuestro interés
institucional, discutir temas que están fuera de las tareas estrictamente
docentes. Respetable opinión, pero no compatible con el relato que relaciona
estrechamente el curso de la masonería chilena con la República. No compatible también
con el propósito de formar mejores personas para una sociedad mejor. No
compatible, por último, con el carácter secular de lo masónico, donde el
trabajo citerior es parte fundamental del espíritu ilustrado bajo la Luz de la
Iniciación.
El masón de cada tiempo es inseparable con
la comprensión de su tiempo. Y ese es el desafío del convento masónico.
Interpretar nuestra realidad social, para proponer aquello que ayude a la
realización humana, en los ámbitos de la sociedad de la cual somos en el día a
día. Así, hablar del contrato social no es ajeno a lo que en esencia es el
deseo de tipificar los elementos que hacen la convivencia en sociedad.
Cuando hablamos de contrato social, sin
duda estamos refiriéndonos a la comprensión que estableciera el pensamiento
ilustrado preambular, del cual deviene la francmasonería en su origen
histórico. Para los pensadores como Hobbes y Locke, seguido posteriormente por
Rousseau, el estado natural de la condición humana, se encuentra sin las reglas
que le permitan vivir en comunidad. En esa condición natural surge el poder y
la capacidad de unos por sobre otros, sin factores reguladores que garanticen
los derechos de los que no tienen poder. Así fue el absolutismo y el
despotismo. La sola voluntad de los que tienen poder, implicaba la subyugación
absoluta de la vida de cada cual, a un poder ilimitado.
Para vivir en sociedad, para convivir,
surge la necesidad de generar un orden, donde todos renuncian a parte del derecho
a ser naturalmente libres, y acuerdan las condiciones de convivencia, donde el
Estado es el encargado de garantizarla y facilitar condiciones que impidan que alguien
será abusado por quienes tienen poder. Aquello es lo que establece el contrato
social, que se expresa en el marco constituyente del Derecho, en las leyes y en
las convenciones de vida social, donde los aspectos morales cumplen aquellos aspectos
que no son necesariamente regulados por la ley o que complementan, por
tradición, el sentido y propósito de la ley.
Así, todos cedemos parte de nuestra
libertad natural en bien del propósito superior de vivir en comunidad, y el
poder debe ejercerse dentro de los límites que convencionalmente se establecen,
regulados por el Estado, que debe estar sobre cualquier ejercicio privado ilimitado
del poder.
El 18 de octubre pasado, Chile fue testigo
de un estallido social que nadie pudo prever en sus alcances, aún cuando muchos
habíamos percibido que un descontento profundo estaba manifestándose en el
sentir social, producto de las brechas que el sistema económico, político y social,
estaba generando, fruto de un sentimiento de exitismo inmoderado frente a
cifras, que algunos siempre miraban con marcada indiferencia pese a los altos
impactos sociales.
Mucho se puede especular sobre los actores
sociales que están en la explicación del estallido social y su enorme impacto.
Se mencionan varios. Pero, sin duda, el sector social más determinante en lo
ocurrido desde octubre, ha sido la clase media, que se siente vulnerada y
abusada. Una clase media que es difusa en su composición y número, pero que, en
definitiva, está integrada por quienes sostienen con su esfuerzo, trabajo,
sacrificio e impuestos, los logros del modelo que ha sido defendidos de manera
irrenunciable por quienes lo han liderado, con ausencia de una mirada de país,
con ausencia de un sentido republicano, y muchas veces, con cierta prepotencia
intelectual y técnica, en desmedro de una comprensión societaria más solidaria
y fraterna.
Parece extraño que nuestras élites no se
hayan dado tiempo para analizar la crisis de la democracia en el mundo, en
América Latina y en nuestro país, a partir de las cifras que entregaban muchos
estudios de seriedad incuestionable. Verbigracia, dos tercios de los habitantes
de los países democráticos del mundo, han considerado e la última década que
los partidos políticos ignoran su opinión; cerca del 70% cree que la economía
está organizada para favorecer a los más ricos[1].
En América Latina, en 2008, un 59% sentía
insatisfacción por la democracia. Diez años después la cifra había aumentado a 71%[2]. En nuestro país, en 2018,
un 42% de los chilenos se sentía satisfecho con la democracia.
La confianza en el gobierno, en 2008,
estaba bajo el 40% y 10 años después bajo el 20%. La confianza en los partidos
político en los mismos diez años, nunca superó el 20%. La confianza en el
Congreso, en el mismo periodo, se mantuvo en promedio bajo el 15%. Respecto a
la confianza en los tribunales de justicia, cada año fue en caída, con
excepción del 2012, siendo en 2018 en torno al 10%[3].
La percepción de que los partidos
políticos “solo sirven para dividir a la gente” era de un 31% en 2008, y 10
años después era de un 49%. Respecto del Congreso, la evaluación de su labor
legislativa, era un 36% favorable en 2010, mientras en 2018 solo llegaba a un
18%. El 80% de los encuestados pensaba en 2018, que los Tribunales siempre
favorecen a los poderosos.
En la percepción de la corrupción de las
instituciones, los partidos políticos eran percibidos con un 69% de
imputabilidad, seguidos por Carabineros con un 63%, el Congreso con un 62%, el
Gobierno con un 59% y los Tribunales con un 57%.
Justa o injusta esa apreciación, ello nos
habla de una profunda erosión de la confianza en las instituciones
fundamentales de la República y que hacen posible la democracia. Una creciente
erosión, que nos ha llevado a constatar un quiebre del contrato social.
Sin embargo, pese a la profundidad de la
llamada recesión de la democracia, por parte de algunos expertos y analista,
cuando se han hecho estudios de opinión, la democracia sigue siendo considerada
por los chilenos como la mejor forma de generar las representaciones y el
gobierno. Seis de cada diez personas siguen creyendo que la democracia es mejor
que el autoritarismo, mientras que menos de dos piensan que esto último es
mejor[4].
Un segundo aspecto fundamental de la
crisis, tiene que ver con la imposibilidad de las élites, y de quienes han sido
electos para representar y/o gobernar, para interpretar o comprender los
enormes cambios culturales que se han producido en las sociedades a las que
deben conducir y satisfacer, no solo someter a la ley.
Desde una concepción paternalista y, a
veces, reminiscentemente autoritaria, cuando no derechamente prepotente, temas
naturalmente entendidos como derechos por las nuevas generaciones han sido
ninguneados, ridiculizados ignorados o atropellados por parte de las élites,
sin meditar los efectos discriminatorios y las humillaciones que tales
decisiones o disposiciones han provocado en los afectados y en quienes se han
sentido violentados por las argumentaciones reactivas y, luego, por las decisiones.
A saber, temas tales como la igualdad de
derechos y de trato con las mujeres, las orientaciones sexuales, el aborto, el
matrimonio entre personas del mismo sexo, la protección a los animales, el
derecho a los accesos, el trato a los migrantes, la garantización de la vida a
través del sistema de salud, la vejez en dignidad, los derechos de los indígenas,
los derechos a un medio ambiente protegido, etc. son demandas que han sido minimizados,
tipificados ideológicamente y nunca aceptados como cuestiones que tienen que
ver con nuevos cánones morales, propio de nuevas comprensiones del existir y
del ser.
Un tercer aspecto, tiene que ver con la
ética del poder, que ha producido profundos efectos en la sociedad. Una ética excluyente
ha generado mutaciones en los procesos institucionales y en el prestigio del
ejercicio de la política. El reproche ético de la ciudadanía se ha expresado
permanentemente contra esa forma de ejercer poder en la política, en la
economía, y en la propia realidad de la sociedad civil. Imposible no considerar
que hay una comprensión ética nefasta, fundada en el solo hecho de tener poder,
que se ha expresado en colusión y corrupción.
Cada vez que en los últimos años se han
producido notables escándalos investigados por la justicia, estos han
involucrado a personas con poder, o socialmente vinculados con el poder
político o económico, y la sensación social es que no hay justicia, y que la
desigualdad atraviesa todo, entre los que tienen poder y los que no lo tienen.
El 14 de noviembre, transcurrido ya un mes
del estallido social, luego de movilizaciones masivas y de jornadas de
violencia imposibles de contener a través de medios legítimos, un acuerdo
político se produjo, teniendo como escenario el parlamento y como protagonistas
principales a los partidos políticos. El Acuerdo por la Paz y una Nueva
Constitución abrió una posibilidad de poder dar salida política a la profunda
crisis de confianza y de repudio social a la forma como se ha expresado el
poder.
No cabe duda que habrá algunos que
consideren que la solución a la crisis que vivimos está en el uso absoluto de
la autoridad. Sin embargo, en los tiempos de la tecnología, nadie parece estar
en condiciones de actuar con tal libertad y empecinamiento.
Así, entonces, el gran desafío está en la
política y en la democracia. De allí que dicho Acuerdo debemos entenderlo como
una oportunidad muy importante y trascendente para posibilitar una solución
política e institucional.
Surge, pues, la posibilidad de construir
un nuevo contrato social, y ello no tiene que ver con el simple hecho de
generar una nueva Constitución. Si así fuese, sería un enorme fracaso.
Un nuevo contrato social tiene que ver con
determinar como podemos convivir en el futuro y como nos vamos a relacionar los
ciudadanos con quienes tienen poder, y como el poder del Estado de Derecho es
capaz de garantizar más humanidad para las personas, aquello más cercano a sus
sueños, a su realización personal y colectiva, una realidad más vinculada a una
moral más próxima al sueño humano por excelencia: encontrar la felicidad.
La
oportunidad que se genera en este Convento, es ayudar a buscar las ideas, los
sueños, las aspiraciones y las reivindicaciones, con el simple ejercicio del
intelecto y la reflexión, para aportar a los debates de nuestra sociedad, donde
cada cual encuentre su camino con la inspiración de nuestros más altos
principios, que la Orden sugiere a la conciencia individual en su proceso
iniciático, esotérico y simbólico.
Las conclusiones de este convento no
constituyen obligación para masón alguno. Solo representan un momento de
reflexión colectiva, reflejando los aportes de todos los que trabajaron en sus
Cámaras a lo largo del país, sintiéndose conminados moralmente a expresar su
libre e ilustrada opinión. Pero, en la sociedad, en el espacio en que cada
masón actúa, cada cual debe aplicar los dictados de su conciencia, bajo la
conminación moral de la Orden de ser un esforzado Obrero de Paz.
Aún así, sin duda, las personas de buena
voluntad, los espíritus esclarecidos y los patriotas, agradecerán el aporte,
aún con las carencias que se expresen en estas conclusiones, porque, en
definitiva, nadie puede pretender que cualquier producto humano sea definitivo.
La sociedad y la
condición humana, son producto de la diversidad de sus partes, y esta parte de
la Orden que producirá este convento, es una más, pero siempre bajo la
inspiración iniciática de trabajar en bien de nuestra sociedad, bajo los
principios y doctrina que nos entrega el proceso de la Iniciación
[1]
Populist and nativist sentiment. Encuesta Ipsos Global Advisor, año 2019.
Realizada en 27 países democráticos. Citada en Diez años de auditoria a la
Democracia. PNUD
[2]
Encuestas Latinobarómetro., citadas en Diez años de auditoria a la Democracia.
PNUD
[3]
Diez años de auditoria a la Democracia. PNUD
[4]
Diez años de auditoria a la Democracia. PNUD
