Alcances sobre las Líneas Guías del Episcopado

       
          En los últimos días de mayo, el Comité Permanente del Episcopado de la Iglesia Católica chilena, dio a conocer el documento “Cuidado y Esperanza. Líneas Guías de la Conferencia Episcopal de Chile para tratar los casos de abusos sexuales a menores de edad”, el cual fue aprobado por la 109ª Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado – reunión de los obispos – en abril pasado, y que viene a complementar el ineficaz “Protocolo ante denuncias contra clérigos por abuso a menores de edad”, del 23 de abril de 2003, actualizado en 4 de abril de 2011.

 Se trata de un documento de 75 páginas más Índice, donde se establecen los procedimientos del caso cuando se presenten  denuncias ante la autoridad eclesiástica respecto de abusos a menores de edad, en el ámbito de la actividad pastoral de la iglesia y que involucre a clérigos,

El documento es contextualizado en su presentación con la carta circular del Vaticano, del mes de mayo de 2011, “ dirigida a las Conferencias Episcopales, solicitando que cada uno de estos organismos eclesiales preparara Líneas Guía, con el propósito de ayudar a los Obispos de las Conferencias a seguir procedimientos claros  y coordinados en el manejo de los casos de abuso, tanto para asistir a las víctimas de tales abusos como para la formación de la comunidad eclesial en vista de la protección de los menores”.

Un primer alcance al respecto es que llama la atención el que la reflexión y el aporte de la CECH sobre la instrucción vaticana haya demorado 4 años, en circunstancias que se trata del más grave problema pastoral de la Iglesia Católica, en su agenda internacional de las dos últimas décadas.

Esta normativa debió ser ratificada y promulgada a nivel particular por cada obispo en su diócesis y entra en vigencia el 15 de julio de 2015, por lo cual creemos importante comentarla, previendo el interés público por el tratamiento dentro de la Iglesia Católica de las denuncias de las conductas y acciones de clérigos pedófilos.

No cabe duda para cualquier observador, que este documento no puede sino enmarcarse en los esfuerzos del Vaticano, para mostrar una política creíble, que logre  cambiar la percepción del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, que, en febrero de 2014, señaló categóricamente que la llamada Santa Sede había violado la Convención de los Derechos del Niño, por no haber hecho todo lo que debía ante los innumerables casos de pederastia, evidenciados en distintas partes del mundo, donde han estado involucrados religiosos católicos.

El texto del documento “Cuidado y Esperanza” da señales ciertas de que, la forma de enfrentar los delitos de pedofilia, no es un tema consensuado dentro de los obispos chilenos.  De hecho, el Cardenal Ezzati, en su nota preliminar habla de un trabajo complejo y no exento de incomprensiones. Cabe asumir, frente a su contenido, de que la contradicción entre la forma de encarar las denuncias y el tratamiento de las imputaciones a sacerdotes, es un tema que no adquiere la misma ponderación para todos los obispos, y donde el interés por la protección de los sacerdotes sigue siendo un factor que pesa de manera determinante.

Esto se trasluce en que, establecida una eventual denuncia y siendo necesaria la “atención pastoral”, las Líneas Guías establecen procedimientos para el cuidado del denunciado, los que tienen un articulado de 18 puntos, mientras el cuidado de la víctima y su familia tienen un articulado de 16 puntos.

Dicho de otra forma, es un documento que, de su lectura se desprende que no hay ninguna coherencia con las aseveraciones que sustentarían su orientación: a) el discurso del Papa Wojtila ante los cardenales americanos, el 23 de abril de 2002, donde aseveró “no hay espacio en el sacerdocio para aquellos que abusan de los niños y de los jóvenes”, y b) el “Protocolo ante denuncias contra clérigos por abuso de menores” establecido por la CECh, el 26 de abril de 2011, que indica “No hay lugar en el sacerdocio para quienes abusan de menores, y no hay pretexto alguno que pueda justificar este delito”.

Esto está claramente reflejado en el texto de las Líneas Guías de “Cuidado y Esperanza”, donde la preocupación por las víctimas de la pedofilia queda a un mismo nivel que la victimización de un sacerdote acusado, desde el momento en que se ha establecido su responsabilidad, como lo expresa el documento: “Si es que se ha dictado una pena eclesiástica sin conllevar la dimisión del estado clerical, debe decidirse quien será la persona encargada del bienestar del clérigo y cómo podrá llevar en adelante una vida coherente con el ministerio”.

Iniciada una investigación con antecedentes fundados, dice el documento, se enviará el expediente al Vaticano, “indicando los datos personales del clérigo; sus encargos pastorales; las denuncias que pesan sobre él y las medidas adoptadas por la autoridad (eclesiástica) para la evitación de otros casos así como lo relativo a los medios para su manutención y su bienestar espiritual y psicológico; la respuesta o recursos presentados por el clérigo; la existencia de procesos ante el Estado si fuera del caso, así como el voto de la autoridad competente en relación al eventual inicio de un proceso canónico”.

Es más, las Líneas Guías señalan cuales son las medidas canónicas a aplicar a un clérigo considerado culpable de abusos sexuales a menores, pero sin establecer las condiciones de gradualidad de acuerdo al daño provocado, dejando la aplicación de sanciones en un ámbito excesivamente flexible para la resolución vaticana del caso.

De este modo, las sanciones eclesiales (pag.41 del documento) serían “medidas que restrinjan el ejercicio público del ministerio de modo completo o al menos excluyendo el contacto con menores, las que pueden declararse mediante un precepto legal” o “penas eclesiásticas, pudiendo llegar a decretar la dimisión del estado clerical”. A ello debe agregarse que “en algunos casos, cuando lo pide el mismo sacerdote, puede concederse, por el bien de la Iglesia, la dispensa de las obligaciones inherentes al estado clerical, incluido el celibato”.

En la misma perspectiva, en la introducción del documento se manifiesta el interés de la Iglesia en Chile para colaborar con la sociedad y sus autoridades para la investigación de delitos de pedofilia, sin embargo, ello no se manifiesta de forma efectiva. Por el contrario, deslinda la responsabilidad de las denuncias ante las autoridades competentes a los jefes de servicios de salud o de establecimientos educacionales, pero no indica la obligación de un párroco o de un obispo, estando en conocimiento de una eventualidad de ese tipo, que debe ser investigada por los órganos competentes del Estado.

Se especifica que en cada diócesis habrá un responsable de recibir denuncias las que serán puestas en conocimiento de una autoridad eclesiástica. Este responsable orientará a las víctimas (menor de edad y su familia), para que ellas denuncien si lo creen conveniente ante los tribunales civiles. Sin embargo, las Líneas Guías no indican ni dan asomo a la eventualidad de que, conocida la gravedad de un hecho, ese responsable ponga el caso de manera directa ante los tribunales jurisdiccionales del país.

Tampoco fija plazos perentorios para los distintos procedimientos eclesiales y todo parece apuntar que el manejo de las denuncias será de acuerdo al impacto público de los hechos, de la disposición de la familia de la víctima para dar un tratamiento reservado, o del nivel de credibilidad de las denuncias.

La exclusión de responsabilidad de una autoridad religiosa, en conocimiento  de cualquier denuncia fundada, para ponerla a disposición de las autoridades civiles, se hace evidente a través de la ambigüedad, y la autoridad religiosa solo tendría como obligación no obstaculizar la indagación judicial.

Lo fundamental que la comunidad nacional espera  y que elimine la existencia de redes de protección queda ciertamente excluido: poner obligatoriamente y con premura los antecedentes recopilados ante las autoridades judiciales jurisdiccionales; evitar que los responsables salgan del ámbito jurisdiccional de la justicia (caso Cox, v.gr.); y sancionar dentro de la Iglesia a los responsables de manera drástica e igualitaria.

Si se ha señalado que no hay lugar para el sacerdocio para aquellos que abusan de niños, las Líneas Guías no despejan aquello que los fieles de muchas comunidades de base repudian: la permanencia dentro de la Iglesia de clérigos que han cometido delitos repudiables y una vara aplicada a un cura sin poder y una vara para clérigos con poder (basta comparar el caso del cura Tato y el caso Karadima).

Un último aspecto que no deja de ser relevante en una sociedad como la chilena que aspira crecientemente a la igualdad. No considera el documento la eventualidad de abusos sexuales que involucre a religiosas. Deberemos considerar que las religiosas están al margen del tratamiento de denuncias como las que procederían con los clérigos, y que los dejan en un plano de privilegios que no puede pasar por alto quienes creen y aspiran a la justicia. No cabe duda que los obispos han legislado para el sacerdocio.

En atención a lo anterior y a lo obrado de manera general en la Iglesia chilena, respecto de los incontables casos de pedofilia que han conmocionado a la grey católica y a la sociedad civil, las Líneas Guías del Episcopado Chileno no aportan lamentablemente nada nuevo, y solo parecen satisfacer necesidades de tipo interno, que no tocan siquiera a la comunidad de la fe, sino solo a los intereses y preocupaciones del ámbito clerical.

(publicado en la edición de julio 2015 de la revista digital Iniciativa Laicista )

Política y Desarrollo Humano

Introducción.

Frente a la temática propuesta en esta oportunidad, quisiera partir con una afirmación, que creo que permite y hace posible toda comprensión del desarrollo humano.  La afirmación es que el desarrollo humano nace y comienza en el momento en que se produce la primera decisión política humana. En consecuencia, la política es la primera expresión o hecho del desarrollo humano.

Cuando el hombre de las cavernas debe actuar por primera vez como parte de una comunidad, y su interés personal entra en relación con otros intereses, y deben ponerse de acuerdo para resolver un problema determinado de manera colectiva, es cuando se expresa el primer episodio de su desarrollo como ser vivo en relación al medio social en que se desenvuelve.

Es decir, el desarrollo humano comienza con la colectivización de las voluntades para acometer la caza, o para intercambiar una presa, o para transar el uso de un garrote, o para establecer un predominio territorial, o para compartir una cueva. Es el momento embrionario del acto comunitario, y por lo mismo, el momento en que intereses distintos se ponen en una misma línea de voluntades. Desde ese momento hay un salto cualitativo en la calidad de la vida humana, por lo cual, comienza el desarrollo humano. Desde ese momento, hay un primer episodio de intercambio de opiniones sobre intereses que son distintos y contradictorios, que buscan la complementación o la contradicción, por lo cual nace la política.

Es cierto que sobre la política han existido y existirán muchas definiciones. Unas más grandilocuentes que otras, pero nunca dejará de ser la expresión de una voluntad comunitaria de confrontar intereses y ordenarlos de acuerdo a los demás intereses. Es la dialéctica de los intereses y la pretensión individual de buscar que las expectativas individuales o colectivas logren imponerse en el debate de una comunidad, y por lo mismo, donde se debe tener la comprensión cierta respecto de hasta dónde se puede ceder en las aspiraciones de unos y otros.

La política, entonces, viene a ser la más pulcra o la más grosera manifestación de la confrontación civilizatoria de los intereses de las personas o los grupos humanos. Y cuando la defino como civilizatoria, no estoy haciendo analogía con “lo civilizado” la expresión manifiesta de la convivencia civil, sino simplemente con la más amplia idea civilizacional, de que el hombre es parte de un proyecto colectivo construido a partir de una complejidad de intereses en pugna o en complementación, que evidencian una condición de desarrollo.

Entonces, si hay política, siempre habrá una medida de desarrollo humano, y si hay desarrollo humano siempre habrá una política que lo haga posible.

El valor de una comunidad política.

Planteadas así las cosas, lo que viene a ser determinante para tener un desarrollo humano pasa necesariamente por la constitución de la comunidad política. Sin embargo, la complejidad producida por la multiplicidad infinita de intereses de las personas, de los grupos, de las comunidades de grupos, de manera ascendente, hasta que llegamos a hablar de sociedad, y, por último, hasta el concepto totalizador de Humanidad, demuestran que todos esos componentes segmentarios son capaces de entrar en confrontación o en negociación estableciendo conductas o acciones infinitas.

Si pudiéramos tener la capacidad de mirar a nuestro planeta desde cierta distancia, y la capacidad de escuchar lo que hablan los seres humanos - todos los seres humanos -, en este preciso momento, escucharíamos millones y millones de lenguajeares políticos, debates de intereses, diálogos, confrontaciones de intereses, concatenación y consecución de conflictos de intereses. En cada fase de esos eventos, lo que resalta es la existencia de un hecho concreto: la manifestación del hecho comunitario, de personas que se asocian por intereses comunes para lograr determinados fines.

 Esto nos dice que es el vivir en la convivencia lo que estableció la diferencia humana de toda otra especie, a partir de la manifestación superior del lenguaje, es decir, de la capacidad de la manifestación lenguajeante de los intereses. Mientras las demás especies resuelven sus contiendas de interés con la fuerza, imponiendo la sola disponibilidad de sus capacidades por sobre los demás o siendo doblegado por la insuficiencia de sus fuerzas, el ser humano se elevó en la naturaleza por su capacidad de comunicar sus intereses para aunar voluntades, es decir, constituyó una comunidad política, una comunidad de negociación.

En esos dos conceptos se encuentra la cualidad virtuosa de la existencia humana y la capacidad de transformar la naturaleza y someterla a sus intereses, según el alcance de su voluntad.  

Por ello es necesario reiterar que, es en la comunidad política, donde descansa la capacidad humana de construir la complejidad de su existencia como especie y donde la realización de sus logros alcanza un sentido y una perspectiva histórica. Sin la comunidad política todo lo que constituye lo propiamente humano carecería de tiempo, espacio, relato, valores, trascendencia, oportunidad, legado, historia, ritos, etc. No importando la magnitud de una comunidad política (clan, tribu, poblado, aldea, ciudad, país, etc.), será ella la que dará el calibre y el alcance al desarrollo humano. Sin comunidad política, definitivamente, no habría categorías concretas de lo que consideramos humano.

La cuestión del desarrollo humano como resultado de lo político.

Si observamos al hombre, en su desarrollo histórico, frente a lo manifestado anteriormente, su drama histórico, su enorme contradicción  existencial, que atraviesa todas las épocas, está determinado por el interés de los individuos por hacer funcional la comunidad política a sus intereses particulares. Es la contradicción entre los intereses de una comunidad política y los intereses de una de las subcomunidades políticas que la integran. Esas subcomunidades, en esencia, son a su vez comunidades políticas menores que representan intereses que buscan hegemonizar las opiniones de la comunidad mayor, o cuando menos influirla.

En ese contexto, el propio desarrollo humano ha ido complejizando la expresión de esas subcomunidades o comunidades menores, que existen dentro de una comunidad mayor. Sin que hagamos ahora un seguimiento de ella a través de los tiempos, hoy, contemporáneamente, se manifiesta una diversidad enorme de estas subcomunidades, donde muchas de ellas han tenido momentos indudables de hegemonía, con consecuencias lamentables para las sociedades humanas. Por ejemplo, las iglesias, las tribus, las familias, los partidos, las cofradías, las corporaciones, las asociaciones de propietarios, etc.

En cada momento en que una manifestación de intereses particulares ha logrado imponer su hegemonía totalizante, el retroceso en el desarrollo humano ha sido brutalmente, cuando no estancado, frustrado o retrogradado.

De allí que, desde los días de la remota Jerusalén, o la mítica Babilonia, pasando por las reflexivas polis griegas, hasta nuestros días, la democracia y la república vienen siendo fundamentales para establecer condiciones convencionales esenciales para ordenar las comunidades políticas en una perspectiva concreta de desarrollo humano. La república como manifestación organizacional de las estructuras de participación donde todos tienen un mismo valor como integrantes y todos se atienen a un mismo marco normativo y a las mismas estructuras, sea gobernantes o gobernado. Y la democracia como manifestación de la forma en que se desarrolla el debate político y como se regula y se hace tangible la participación de los distintos componentes sociales.

Muchos piensan que república y democracia fueron inventos de los griegos. Nada más lejos de ello, tales prácticas están en la manifestación primera del desarrollo humano y en la formación original de las comunidades políticas. Lo que ocurre es que los griegos construyeron las categorías conceptuales que usamos para lenguajear nuestras ideas políticas cotidianas. Lo que nos aportó Atenas y su democracia fueron definiciones conceptuales para la verbalización política de los tiempos posteriores.    

La participación y las formas de participación, entonces, son parte de la constitución de cualquier comunidad política, desde nuestro más remoto origen como especie. Y las contradicciones que surgen, entre sus subcomunidades, y la cuestión de la hegemonía viene a ser el factor determinante en los retrocesos que ellas experimentan y como se producen los efectos que terminan por condicionarla.

Los dramas de las sociedades políticas, entonces, son los dramas que ha experimentado el desarrollo humano.

Creo que ya se ha hablado y se ha definido el desarrollo humano, dentro de la temática fundacional de este año. No creo necesario hacer abundamientos sobre su definición, estando contestes seguramente, de que uniendo la idea conceptual de desarrollo y la definición sobre lo humano, llegaremos a la idea de que, en definitiva, el desarrollo humano se refiere a la posibilidad concreta de que el hombre tenga pleno goce de la creación virtuosa de su obra como especie. Y cuando hablo de creación virtuosa me refiero desde luego a todo lo virtuoso que puede haber en la tecnología, en la ciencia, en las artes y en las categorías del pensamiento. Es decir en todo lo que el hombre construye para el beneficio fructífero de su especie, para dominar a la naturaleza en un sentido convencionalmente moral, para plasmar su idea de plenitud, su aspiración íntima a la felicidad.

Y el desarrollo humano, en definitiva, ha creado tres espacios para generar las condiciones que ayuden a resolver las dificultades de asignación de toda la creación virtuosa de la obra humana: el Estado, el mercado y la sociedad civil.  Al primero le asignó la labor de administrar la comunidad política, de darle reglas claras y oportunas, es decir, leyes, y de resolver las contradicciones que superan las reglas de convivencia, es decir, establecer justicia. Al mercado le asignó las funciones de transar los productos, con la finalidad de que llegaran a todos según las posibilidades de producción. Y a la sociedad civil le dejó la labor de construir los medios asociativos que hagan posible la multiplicidad de intereses que los grupos humanos pueden concebir para representarse en la más amplia peculiaridad.

Curiosamente, la exacerbación del rol de entidades existente en cada uno de esos espacios, o las distorsiones que se producen en ellos, también han traído enormes consecuencias que han provocado daños profundos en el desarrollo humano. Claramente, cuando el Estado se convierte en un protagonista superlativo, aspectos fundamentales del desarrollo humano se pierden. Lo propio ocurre cuando el mercado hegemoniza o cuando actores de la sociedad civil se transforman en factores hegemónicos (por ejemplo, las confesiones).

Si podemos hacer una conclusión moral sobre lo expuesto, es decir, una conclusión que nazca de la reflexión ética para incidir determinantemente en la costumbre civil, debiéramos de asumir que el pernicioso virus que ataca al desarrollo humano es la hegemonía, y la condición virtuosa deviene de la armonía y el equilibrio, categorías estéticas y éticas que también devienen del relicto griego.

Los índices de la despolitización en Chile.

Los problemas que nuestra sociedad expresa en torno a la práctica política no pueden ser más complejos. Las instituciones políticas aparecen en los índices más bajos del respeto y la valoración de las personas. No es necesario indagar con profundidad para darnos cuenta que la política, como actividad institucional e incluso profesional, se encuentra en uno de sus momentos de menor prestigio. Los partidos y las coaliciones que integran, sumados, no superan un 50% de aprobación en los distintos muestreos estadísticos realizados en los últimos años. Los niveles de abstención en las jornadas electorales son elevadísimos y muy preocupantes, ya que tenemos personeros que cumplen cargos públicos de mandato electoral, que ejercen sin siquiera haber conseguido un quinto de apoyo del universo electoral de la comuna, del distrito o de la circunscripción.

Sin embargo, hablamos de un país que está entre el cuarto de países con mayor desarrollo humano en el mundo, entendiendo ese desarrollo sobre la base de la información que entrega el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Es un país donde todo parece ir muy bien, donde hay bajo nivel de desempleo, donde las cosas funcionan regularmente, y donde se advierte una diferencia positiva respecto de muchos temas, comparados con los demás países latinoamericanos, adecuada referencia de medición para establecer lo bien o mal que puede estar un país, desde la óptica de un observador imparcial. Hay varias referencias positivas que nos permiten destacarnos en el continente, haciendo de Chile un país con logros relevantes, y para muchos envidiables.

Sin embargo, hay una desconexión severa entre el ejercicio político y los índices aparentes. No es un hecho nuevo. Libia, antes de su reciente guerra civil, estaba entre los 50 países con mayor desarrollo humano (índice PNUD), sin embargo, terminó sumido en una guerra fratricida. No estoy haciendo un parangón con Chile. Lo que digo es que no hay la esperable coherencia, necesariamente, entre los índices de desarrollo material y los índices de satisfacción política de las personas, esto sobre la base que la sensación del vivir tiene que ver con problemas mucho más íntimos y subjetivos que el acceso a ciertos bienes. De allí la importancia de una coherencia entre la política y el logro del desarrollo humano, y cuando digo “política” me estoy refiriendo a la práctica de una comunidad política, y no a la actividad profesional de un grupo de personas por mandato electoral o como un actividad de los partidos políticos.

Aquello que muestra el caso de Libia, tiene desde luego una explicación. De alguna manera, podemos tenerla expresada en una información disponible hoy en Internet, para todas las personas, y que nos puede ilustrar sobre los problemas que tenemos como país, con una clase política tan poco valorada por la ciudadanía, más allá de lo justa o injusta que pueda ser esa apreciación.

Para entender un poco nuestra realidad en el desarrollo humano, es interesante tener a la vista esa información, que corresponde a un estudio radicado en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el pequeño club al que Chile se integró hace algunos años, que está realizando un Índice para una Vida Mejor, bajo la dirección de Laura Belli, sobre la premisa de que “en la vida hay más que las cifras del PIB y las estadísticas económicas, por lo cual este Índice permite comparar el bienestar en distintos países basándose en 11 temas que la OCDE ha identificado como esenciales para las condiciones de vida materiales y la calidad de vida”.

El Índice incorpora los siguientes aspectos a mensurar: vivienda, ingreso, empleo, comunidad, educación, medio ambiente, compromiso cívico, salud, satisfacción, seguridad pública, balance vida-trabajo, para lo cual encuesta a los 34 países de la OCDE más Brasil y México. El índice señalado, sobre la base de los 36 países incluidos, pone a Chile en promedio en el lugar 34, solo superando a México y Turquía. El mejor resultado lo obtiene Chile en satisfacción de vida, ocupando el lugar 22, siendo este índice y el de Salud, en que logra superar la barrera del último cuarto de países encuestados, y el peor, es en Medio Ambiente, donde queda en la última posición (36). Asimismo, ocupa el lugar 34 en vivienda y seguridad pública.

Según las consideraciones por países, el estudio señala que: “En general, los chilenos están menos satisfechos con su vida que el promedio de la OCDE. El 77% de las personas dicen tener más experiencias positivas en un día normal (sentimientos de paz, satisfacción por sus logros, gozo, etc.) que negativas (dolor, preocupación, tristeza, aburrimiento, etc.). Esta cifra es menor que el promedio de la OCDE de 80%”.

El estudio da cuenta de que “Chile ha progresado en gran medida en la última década en lo que respecta a la calidad de vida de sus ciudadanos. Desde la década de 1990, el país ha tenido un historial de crecimiento sólido y reducción de la pobreza. No obstante, Chile tiene una baja clasificación en muchos temas en comparación con la mayoría de los países en el Índice para una Vida Mejor”.

En torno a lo que nos preocupa especialmente en esta oportunidad, medido como Compromiso Cívico, el análisis del Índice señala a Chile en el lugar 26 entre 36. No es un mal resultado, desde luego, considerando que hay poco más de un 25% de los países consultados que están en un nivel más bajo de compromiso cívico. Sin embargo, si se cruza con el resultado del índice “Comunidad”, vemos que Chile está en el lugar 32, es decir, dentro del 25% de países con menos acción comunitaria.

La importancia de este índice es que está basado en la opinión de las personas, y no en las cifras que entregan los organismos técnicos, por lo tanto señala cómo las personas perciben a su país.

Esto desde luego recoge la satisfacción y la insatisfacción respecto de la calidad de vida de quienes son los destinatarios de la acción de las políticas de los Estados. Obviamente, recoge la sensación de chilenos respecto de Chile, donde se reafirma que hay insatisfacciones en todos los ámbitos evaluados. Esto es coherente con lo que han demostrado los movimientos sociales en nuestro país en los últimos años, absteniéndose de los debates políticos, dando señas de una manifiesta frustración respecto de muchos de los logros como país. Creo que ello pone en evidencia que los efectos de los predominios ideológicos basados en el individualismo, en la exacerbación del interés individual y en los logros mercantiles, ha llevado a nuestra sociedad a una profunda insatisfacción. Pero, principalmente, desde mi punto de vista, lo que viene a ser determinante obedece a las consecuencias de la despotenciación de la política como herramienta constructiva de lo social, y al predominio de las lógicas de mercado.

Durante mucho tiempo, la política ha sido conducida como una actividad esencialmente de algunas cúpulas y a ciertos sectores de poder. Muchas de las conductas de estos actores han estado determinadas absolutamente por la intolerancia, lo cual ha conducido a la exclusión y a la carencia de politización efectiva de los debates. Politización, a mi modo de ver, dice relación con poner las cosas en la polis, en la comunidad política.

Hace algunas décadas, los chilenos fueron excluidos de la política por el autoritarismo. La ciudadanía de entonces hizo un gran esfuerzo de reconstrucción de la actividad política, logrando la  recuperación de la democracia. Luego vino una ola de despolitización producida por los tecnócratas y ciertos grupos de poder político y económico. Nuevamente los chilenos fueron excluidos de los debates y la participación. Los vicios del sistema de representación han contribuido de manera determinante en ello. La despolitización ciudadana en definitiva viene a ser una buena perspectiva de perpetuación que ha favorecido a no pocos miembros de nuestra clase política profesional.

Siendo virtuosa la existencia de la profesionalización política, ella ha inducido a una fuerte desvinculación con la política no profesional, aquella que hacen las personas en distintos niveles o instancias de la sociedad, actividad que ha venido a ser copada por personas o grupos contrarios a los consensos que han determinado las decisiones del Estado en los últimos 20 años.

Una buena política para el buen desarrollo humano,

Sostengo claramente que el gran problema de Chile y de su sistema político actual, es su despolitización estructural, y donde la crítica proviene claramente de una posición política extra sistémica. La actitud crítica a la política es, en sí misma, una nueva política, que aún no tiene la capacidad de politizar al país, es decir, de establecer un consenso mayoritario para imponerse, pero que está a poco de lograrlo.

Insisto, no debemos perder de vista que la crítica a la política descansa por cierto en una nueva política. Y creo que los factores que han incidido para que ello ocurra, son los siguientes:

1)      Erradicación de los diálogos políticos no profesionales de los debates de la clase política profesional.

Desde hace mucho, se ha constatado la predisposición a no validar a nuevos actores en los diálogos políticos instituidos, despreciando crear instancias de inclusión a todo concurso emergente, favoreciendo de ese modo la aparición de actores contrasistémicos y la desconfianza pública en las instancias legales. 

2)      Políticas de exclusión de lo socialmente político de los foros ciudadanos cotidianos.

Es un hecho que los actores sociales no han tenido una preocupación de parte de los actores políticos instituidos, salvo cuando estos impactan las agendas de los medios de modo importante. Estos foros sociales son, en gran medida, los que han ido construyendo la política alternativa, como espacios de diálogo cada vez más contestatarios.

3)      Desconfianza de los políticos profesionales de las virtudes efectivas de la democracia (mantención de un sistema de representación con crisis crónica).

Las estructuras políticas profesionales, surgidas al amparo de la democracia, desgraciadamente, en tanto tales, han aceptado cómodamente las ventajas de la binominalidad y la condicionalidad excluyente del sistema, sobre todo por las ventajas que entrega el sistema vigente de representación. Es una referencia paradigmática, la pasada elección senatorial de la Región de los Ríos.  

4)      Una práctica excesivamente intolerante y rígida, sobre la base de intereses económicos, políticos, religiosos, ideológicos, etc.

Desde los días de la transición a la democracia, viene haciéndose una práctica habitual las pretensiones de los miembros de la clase política a imponerle paradigmas ideológicos teñidos de convicciones religiosas o economicistas al sistema político y a las personas. Ello determina una práctica política de recurrentes manifestaciones de intolerancia. De hecho, no dudo en afirmar que tenemos una de las clases políticas más intolerantes de esta parte del mundo.

5)      Carencia de instancias de validación de políticas de Estado más permanentes, consensuadas en torno a una idea de país.

En el pasado, Chile fue objeto de distintos experimentos políticos, que señalaron a la larga el carácter de su drama histórico. Lo que vino después fue un consenso político y económico que permitió la transición. Existen muchos aspectos que perpetúan esos consensos, que han traído efectos benéficos para el país, pero también hay muchos aspectos que deben ser corregidos. En ese contexto, falta construir muchos más consensos, que permitan una trama de compromisos que hagan menos dramáticos los fundamentos de la democracia y del tipo de país que sea para todos. Hay que construir políticas de Estado más amplias y múltiples que favorezcan la integración y la interlocución de las ideas y las voluntades emergentes, en el contexto del diálogo democrático.

Frente a lo señalado, necesariamente, lo que debe ayudarnos a resolver los problemas del desarrollo humano pasa necesariamente por la política, como ejercicio superior de las prácticas asociativas humanas. No pasa por los logros materiales. Ello son importantes, pero no dan satisfacción a los factores que hacen posible la sensación de que tenemos un país que es de todos. La construcción cívica es inherente a todo logro del desarrollo humano, es una parte fundamental de la percepción de cómo viven las personas, y como se sienten parte de su sociedad. Nadie se puede sentir parte de una vida mejor, si está sometido a tensiones insufribles, o no se siente integrado a los debates donde se resuelven los problemas. Puede haber muchos logros materiales, pero si no se advierte el derecho a ser considerado en los debates, ellos no traerán en sí mismos la estabilidad política y la satisfacción de la sociedad en la que se vive.

En virtud de lo expuesto, la escala de desarrollo humano solo es remontable de manera segura y estable, cuando sus peldaños están construidos en el propósito comunitario, en el ejercicio social, en una política ejercida por todos. Solo una buena política permite un buen desarrollo humano.

En síntesis, creo que una clase política exitosa será aquella que tenga más virtudes politizadoras. Es decir, aquella que tenga más capacidades para poner los temas en la polis, en la comunidad política toda.

Educación. Fundamento del desarrollo integral del ser humano

(Fragmento de artículo publicado en la revista Citerior, el año 2014)

Definir la educación para muchos es una complejidad, considerando la multiplicidad de definiciones que los especialistas han aportado por décadas. Todas esas definiciones, sin embargo, se basan en la aceptación de que hay un conocimiento que se transmite a través de un proceso donde hay un emisor y un receptor, y que, en ese proceso de transmisión de ese conocimiento, hay una intención o un propósito.

Por lo tanto, es obvio que tenemos que ponernos de acuerdo en que queremos decir con el concepto, y para que vamos a emplearlo. Concretamente, debemos establecer con claridad para qué educamos. Sin duda, allí se encuentra la causa de las diferencias que marcan los distintos sistemas y la proliferación de contradicciones en el ámbito de los objetivos educacionales.

Más allá de las definiciones de las especialización, que tantos problemas genera en las acepciones, hay una comprensión general entre las comunidades humanas de que, cuando se habla de educación, lo que se quiere decir es que hay una instancia en que se proporciona a un receptor un conjunto de conocimientos, que apuntan a 1) desarrollar habilidades para propósitos específicos, 2) desarrollar las capacidades intelectivas y experienciales de un individuo en relación a esos propósitos específicos y 3) entregarle elementos para relacionarse con los demás en la esfera societaria de la que es parte, en relación con tales propósitos específicos. 

Se trata de formar a individuos que sean capaces, como consecuencia de lo anterior, de crear y resolver con autonomía, sobre la base de los conocimientos entregados. Hay pues, un objetivo que apunta a crear las condiciones necesarias para la práctica de la libertad personal en el desarrollo de las capacidades creativas, en el contexto de los propósitos específicos señalados y en relación con el entorno en que los educados se relacionan.

No puede haber educación, entonces, que no considere un cambio cualitativo de la conciencia individual del receptor de los conocimientos entregados, o que prescinda del alcance asociativo, de decir, del impacto en la socialización. La educación, por lo tanto, es un proceso cultural, no porque aporte refinamiento o mucha información singular, sino porque incide en el medio social, en la forma como es y como hacen las cosas las sociedades en que el proceso educativo se realiza.

Cuando se entregan conocimientos y posibilidades de vivir la experiencia de tales conocimientos, sin duda habrá impactos conductuales, cambios intelectuales, modificaciones emocionales, y en consecuencia grados distintos de conciencia y de ejercicios de la libertad y de la relación social.

Ello ocurre en cualquier sistema en que se exprese un proceso educativo o el acto simple de educar, es decir, de entregar un conocimiento a partir de un propósito claramente pre-establecido. Eso lo hace el hogar, lo hace la familia, lo hace el medio comunitario en el cual un individuo nace y crece. Lo hace desde luego, la escuela, como instancia formal en que la comunidad deposita la tarea de profundizar en los aprendizajes que el cuerpo social desea exaltar en cada uno de los componentes del futuro, y través de los cuales se hace posible el cambio hacia la superación de las debilidades y deficiencias del tiempo vivido.

Es decir, esa transmisión de conocimiento es también la posibilidad de mejorar aquello que ha sido hecho con carencias, errores y deficiencias. De tal modo que la educación persigue siempre un propósito de perfectibilidad. A través de ella, los individuos, las familias, las comunidades, y finalmente la sociedad, busca superar aquello que le impide alcanzar los fines superiores de su existir como tal, en el tiempo presente.

No hay, entonces, educación sin una promesa y un compromiso de futuro. No hay educación sin una idea de superación, no hay educación sin un relato de futuro.

Cómo y para que educar.

En atención a lo anterior, la educación es será y punto de debate en toda sociedad y en todas la comunidades y grupos humanos que se plantean cualquier mirada de futuro. Y no hay educación que no parta del proceso esencial de instruir y enseñar, es decir, de construir en las conciencias aquellos elementos esenciales que son válidos para el hacer social y para poner las referencias o las señas necesarias para que entendamos que somos parte de una condición colectiva. Es decir, no hay educación sin un componente instructivo y sin las necesarias y fundamentales enseñanzas que aportan hacia la comprensión colectiva.

Sin embargo, allí se encuentra precisamente la cualidad que permite que se produzcan las variables que marcan las diferencias sustanciales, que hacen de los sistemas educacionales proyectos antagónicos en las sociedades. Una educación determinada por la instrucción, puede ser un proceso altamente alienador. En tanto, una educación dominada por la enseñanza, puede aventar con fuerza hacia la incapacidad creativa y la imposibilidad evolutiva de la cultura. Cuando hablamos de instrucción hablamos de construcción bajo ciertos modelos, y cuando hablamos de enseñanza, hablamos de un proceso de referencias deterministas respecto del cómo ser y hacer.

Las grandes controversias en las sociedades contemporáneas respecto de los fines educacionales, tienen que ver con establecer cuál es el alcance de la instrucción y de la enseñanza. Cuanto más determinadas son las sociedades, por cierto, mayor es la cuota instructiva y enseñante. Cuanto más se valora la libertad de conciencia y menos intensidad tienen los factores deterministas, menor será el periodo de instruir y enseñar, y mayor la capacidad de crear y de ejercer conscientemente la libertad a partir del conocimiento recibido.

En la medida que los componentes instructivos y las enseñanzas se acentúan, claramente hay una consolidación de los dogmas, pues la instrucción y la enseñanza son predominantemente inductivas. De allí que, para miradas deterministas, siempre será de alto valor tener una educación funcional a sus intereses específicos. Los grupos de interés (políticos, económicos, religiosos, ideológicos, raciales, etc.) generalmente optan por una educación sustentada fuertemente en esos factores inductivos.

Ello está relacionado obviamente con la construcción de poder. En la medida que haya mayor inducción en los procesos formativos de la sociedad, desde luego que se estimula con más fuerza la centralización del poder y hay una prevalencia de los elementos constituyentes del relato del grupo que detenta el poder. En la medida que hay una menor inducción y mucha más fuerza en la experiencia y en la versatilidad en la aproximación al conocimiento, el poder se descentraliza y las libertades de conciencia se consolidan con mayor vigor, cumpliendo con mayor efectividad la finalidad de un verdadero proceso educativo.

Aquí, entonces, tiene mucha importancia lo que previamente llamamos “propósitos específicos”, pues siempre se educa con un fin. Las sociedades democráticas tienen fines más amplios en los propósitos de la educación que las sociedades sometidas a determinismos religiosos o ideológicos. Han existido regímenes políticos altamente ideologizados, que se han caracterizado por tener propósitos específicos que han sido extraordinariamente sesgados, con fuerte acento en la instrucción y en la enseñanza y muy limitantes en las capacidades creativas que se manifiestan y deben manifestarse en el proceso educativo.

Demás está señalar que las religiones no pueden sustentar un concepto educacional que no esté sustentado en su propia fe y la difusión de su credo. Verbigracia, el catolicismo ligado a sus estructuras jerárquicas ha relacionado por más de 1700 años el concepto de enseñanza con la evangelización. De hecho, en el debate actual sobre la educación en Chile, el último documento de la Conferencia Episcopal sobre la materia, así lo expresa. Y evangelizar es la enseñanza y propagación del mensaje cristiano católico presente en los evangelios, es decir, una labor de proselitismo religioso.

Esto en sí mismo no es censurable, pero adquiere grave riesgo cuando el mensaje originario de los Evangelios es inductivo hacia un forma de interpretación y práctica, que tienen que ver con concepciones de poder y hegemonía, prevenientes de las jerarquías que gobiernan el ejercicio religioso, y que ambicionan con fuerza el predominio de lo temporal.

Lo propio ocurre con grupos políticos que persiguen una lectura unilateral de la realidad y donde la conservación se traduce en la expresión clara de un interés de hegemonía y de perpetuación, donde la educación formal juega un rol definitivo.

Educación formal y educación informal.

Educar tiene que ver, sin embargo, con desatar las capacidades de crear y ejercer la libertad de los individuos. La instrucción y la enseñanza son la base que no puede inhibir las capacidades de crear y transformar. Sin esas virtudes no hay posibilidad de superación del presente y construcción del futuro.

Por lo mismo, la educación es un proceso que abarca toda la vida. Siempre aprendemos y es necesario que la persona humana tenga el acceso a medios donde aprender aquello que no fue posible en alguna etapa de su vida.

En ese proceso de recepción del saber, hay desde luego instancias formales, que las sociedades crean dentro de sus propósitos específicos, y están las instancias informales, a las que las personas acceden en el pleno ejercicio de su libertad, donde la conciencia personal se encuentra con sus propias motivaciones circunstanciales o permanentes.

En las instancias formales, etapa del conocimiento humano tan fragmentado por la especialización, es posible distinguir claramente etapas muy definidas: pre-escolar, básica o primaria, media o secundaria, universitaria o terciaria, post-gradual, y ya se ha estado desarrollando en muchos países una educación para la vejez.

Complementariamente, hay una educación informal, a la que las personas acuden por motivaciones profesionales o como consecuencia de sus motivaciones de vida. Un joven estudiante podrá cumplir rigurosamente con el plan de la educación formal, pero seguramente querrá dedicar muchas horas a aprender el arte de la guitarra. Un profesional calificado querrá lograr un postgrado y tal vez estudiar en profundidad la espiritualidad zen.

Sobre esa realidad, lo que viene a ser un punto de debate de las corrientes educacionales contemporáneas, y centro del debate sobre educación en nuestro país, es definir con claridad cuáles son los propósitos específicos del sistema educacional, y para que se educa. Ello, a partir del rol que debe ejercer el Estado, en representación de toda la sociedad, una vez que ha recogido los impuestos y cuando debe gastarlos en beneficio de la comunidad que gobierna.

En un sentido óptimo, un sistema educacional debiera ser capaz de responder a las necesidades de educación formal de toda su población, y también satisfacer de manera importante las necesidades de educación informal. En ese contexto, no solo debe aportar con recursos, sino que debe ser garante que los recursos se empleen correctamente en lo que la sociedad espera del sistema educacional. Esto último es muy importante, ya que en la sociedad se expresan distintos intereses colectivos e individuales. Y cuando hablamos de intereses colectivos, debemos hablar de los intereses colectivos generales y también de intereses colectivos particulares, siendo estos últimos donde están los intereses de los grupos con fines sesgados.

No hay una instancia en las sociedades modernas que represente el interés colectivo general que no sea el Estado, aun cuando todos los grupos de interés quisieran verlo sesgado según su particular interés. De allí que la garantización de una educación formal que llegue a todos no es posible sin su concurso. Por cierto, no es lo mismo un Estado democrático, que un Estado determinado por un grupo de interés específico.

Entonces, deberemos estar contestes que, cuando señalamos propósitos específicos en los procesos educacionales, lo que debe parecernos de suyo importante, es que la educación deberá siempre representar el pulso de lo que una comunidad social es. Si la sociedad es democrática, educaremos para la democracia. Si la sociedad valora la libertad, educaremos para la libertad. Si la sociedad es humanista, educaremos para el humanismo.

Requisito para ello y satisfacción de eficacia, será que la educación llegue a todos y cada uno de los integrantes de la sociedad. Si la “buena nueva” del conocimiento y del saber solo llega a algunos, bajo la determinación de las capacidades económicas y estableciendo mecanismos o fórmulas de exclusión y privilegios, significará siempre que hay sesgos de interés hegemónico que rompen con una idea colectiva o societaria (país, nación, república, patria, etc.).

Es el gran debate de fondo que hoy tensiona a nuestra sociedad política y que subyace como convicción mayoritaria en la sociedad civil. 

Lo que Blatter ha ignorado

          El presidente de la FIFA ha renunciado a los pocos días de ser reelecto. Ocurre la renuncia en medio de una investigación que hace la Fiscalía norteamericana, ante evidencias de delitos de corrupción, conspiración y sobornos, producidos en la organización de la Copa América que se realizará en Chile dentro de pocos días. Como consecuencia de ellos hay un grupo de importantes dirigentes detenidos en Suiza y hay orden de detención contra otros personeros del fútbol sudamericano, entre los cuales está el ex presidente de la Conmebol, Nicolás Leoz.
          Desde luego, las noticias diariamente han ido e irán aportando nuevos y sorprendentes antecedentes, que dan cuenta de una investigación que ha penetrado en lo que se consideraba la inexpugnable ciudadela simbólica de esta poderosa organización, capaz de poner en jaque las legislaciones y la jurisdicción de muchos países del mundo. Recordemos que en varias oportunidades problemas legales o controversias relacionadas con el fútbol, en muchos países no se han podido ventilar en los tribunales locales, ante la amenaza de la FIFA a las federaciones y organizaciones nacionales del fútbol, de castigos o sanciones draconianas emitidas desde la sede suiza de esa entidad, que prohíbe a sus asociados judicializar en los tribunales de cada país situaciones que solo pueden y deben ser resueltas por la FIFA.
          De allí que ha resultado una sorpresa para todo el mundo, que la inexpugnable ciudadela del poder de los dirigentes mundiales de la FIFA, se esté permeando de modo tal, producto de la investigación de la fiscal general norteamericana Loretta Lynch, que ha acorralado a Blatter, cuyo largo mandato a la cabeza de este organismo está marcado por su absoluta voluntad y arbitrio. Blatter y varios de los altos dirigentes de la FIFA habían considerado que ellos estaban al margen del tiempo histórico y del mundo global que nos toca vivir a todos, y que sus acciones y decisiones no tenían otros límites que aquellos que derivan del ejercicio ilimitado de su poder.
          De allí que es importante sacar lecciones y enseñanzas válidas para cualquier organización moderna, sea cualquiera su naturaleza y especificidad, y para quienes las dirigen. Cada lector de esta columna es parte de alguna organización, y la experiencia en torno a lo ocurrido en la FIFA, y lo que esté por ocurrir, es parte de lo que implica la calidad del liderazgo y la calidad de la organización que debemos tener y a la cual pertenecemos, sea esta de la sociedad civil, una organización gubernamental, política, empresarial, cultural, etc.
          Blatter ha debido renunciar pese a prometer para su nuevo periodo de mandato que atacaría cualquier manifestación de corrupción. Objetivamente, al evidenciarse la acción de la fiscal norteamericana, sus expresiones como candidato a la reelección dejaron de ser válidas y creíbles como promesas, ya que él venía de ejercer tres periodos a la cabeza de la FIFA, ignorando en su accionar cosas importantes. Y al decir “ignorando”, no me refiero a que no hubiera sabido, sino que fue indiferente a lo que el tiempo histórico le señalaba.
          Él y sus próximos en Zurich, no estaban en los confines del mundo, sino en relación directa con las grandes discusiones éticas que marcan la modernidad y las evoluciones del mundo moderno. De hecho, varios organismos internacionales están en el mismo país de la FIFA-Strasse. Lo que evidencia entonces es una supina ignorancia, que se manifiesta en tres aspectos fundamentales.

          Primera ignorancia: Las obligaciones del liderazgo.
          Ningún líder organizacional hoy día puede desprenderse de los eventos que se produzcan en la estructura bajo su conducción. Ello es aplicable para cualquier gerencia o presidencia. Así como los logros exitosos adornan el actuar de los líderes contemporáneos, las falencias, las conductas erróneas y los vicios que presente una organización son parte de las responsabilidades de quien la conduce o lidera.
          Podría ser creíble para muchos que Blatter desconociera las conductas de determinados dirigentes de la FIFA, que están bajo acusación, y que el soborno y la corrupción se hizo presente en la organización de la Copa América, como se ha publicitado por la Fiscal estadounidense, sin que se enterara. Pero él era el primer responsable para evitar que ello ocurriera. Cualquier organización o liderazgo de una organización moderna sabe que las políticas ABC (Anti Bribery and Corruption) deben ser parte activa de todo liderazgo propio del siglo XXI.
          No puede un líder de una organización internacional, de tan vasto alcance y que maneja enormes ingresos económicos, hacer expresiones de sorpresa, más aun conociendo la forma y la calidad de ciertos liderazgos locales y cómo funciona la corrupción en muchas de las federaciones nacionales, no pocas de países aún en formación y con una institucionalidad feble y corrupta.
          La forma de liderazgo, autoritaria y centralizada, de la presidencia de la FIFA, obliga – por la composición misma de las organizaciones afiliadas, - a prever de manera activa cualquier vicio o conducta que sea propensa a un sistema de corrupción.
          De allí que adquiere valor inmediato la segunda ignorancia de Blatter.
       
          No establecer medidas contra la corrupción y el soborno.
          Las legislaciones contra la corrupción y el soborno más avanzadas del mundo, consideran que toda organización que participa en el mercado es sospechosa de prácticas de ese tipo, en tanto no cuente con políticas específicas para impedir su ocurrencia. La “debida diligencia” y la definición de “banderas rojas”, es fundamental para hacer creíbles prácticas efectivas y eficaces contra la corrupción y el soborno.
          La “debida diligencia” implica establecer procedimientos específicos para el actuar no corrupto de los miembros de una organización. Cuando los hechos ocurren y no hay procedimientos preventivos contra la corrupción y el soborno, cualquier liderazgo y cualquier organización pueden ser calificadas de sospechosas.
          Las “banderas rojas” son señales que los procedimientos organizacionales deben considerar como advertencias de conductas sospechosas, tipificando de manera específica que es lo que se podría considerar como tal. Es decir, si una persona de una organización procede de determinado modo o toma determinadas decisiones, deberá percibirse claramente si está actuando de manera contraria a la probidad.
          Claramente el Banco Mundial, la OCDE, el FMI, la ONU, etc. han ido tipificando conductas que pueden ser calificadas como “banderas rojas”, y que pueden ser parte de un procedimiento preventivo y contribuyente a detectar actividades corruptas y favorables al soborno.
          ¿Cuáles son las debidas diligencias y las banderas rojas que tiene la FIFA en sus procedimientos, para impedir que los enormes recursos que producen sus decisiones no generen corrupción dentro de su estructura organizacional?
          Observando su página web no se advierten procedimientos, salvo mecanismos de denuncias e investigación hacia la actividad futbolística, pero no orientadas hacia el gobierno corporativo y la accountability, es decir, como dar cuentas públicas sobre la gestión de los recursos. En este último aspecto, tiene fundamental importancia la falta de transparencia en el manejo de los recursos económicos. Es un hecho comprobado que la poca transparencia es inversamente proporcional a la factibilidad de prácticas corruptas y la obtención de sobornos. A menor transparencia la corrupción aumenta. Cuando la transparencia se institucionaliza las posibilidades de corrupción se acotan significativamente.
     
          Tercera ignorancia: Despreciar las legislaciones ABC del mundo.
          Actualmente las políticas Anti Bribery and Corruption, tienen ya una consolidada data en los organismos internacionales, y legislaciones más drásticas son las de Estados Unidos y Gran Bretaña. Esta última incluso tiene alcances más amplios, ya que penaliza acciones corruptas de personas y empresas privadas donde la ley inglesa tenga alcance, aun cuando ellas ocurran fuera de sus fronteras.
         Es decir, un inglés que reciba sobornos en África, siendo agente o funcionario de una empresa no inglesa, puede ser juzgado y condenado por tribunales ingleses por violación a las leyes ABC. Lo propio puede ocurrir, con un agente o funcionario no inglés que trabaje para una empresa o entidad inglesa, en cualquier país del mundo. Es más, también tiene alcance la ley inglesa ABC sobre agentes o funcionarios no ingleses de empresas no inglesas, que tengan relación de negocios con entidades, empresas u organizaciones sometidas a la legislación inglesa.
          La ley norteamericana también se aproxima a ese alcance, más aún cuando se complementa con otras leyes del país, como la Ley Patriota, que, aun cuando tiene otros objetivos, ha permitido indagar las cuentas bancarias y la información privada que circula por las redes de Internet, en la persecución de delitos tan graves como el soborno, la corrupción y la conspiración para cometer ese tipo de delitos.
       
          En consecuencia, sobre las enseñanzas que deja la experiencia en desarrollo de tan importante organización mundial como lo es la FIFA, saque Ud. sus conclusiones y observe lo que pasa en su organización, más aún si esta concursa en el mercado o maneja recursos financieros sujetos a rendición. Si la dirige, ponga acento en la transparencia y en el tipo de liderazgo que ejecuta.
          Los tiempos han cambiado, y – como decía hace poco tiempo un fiscal chileno, citando un dicho campesino del Maule, que dice que uno puede ser tonto hasta el mediodía -, ya son más de las 12 del día en el tiempo histórico en el cual vivimos.

La agenda laica de la sociedad chilena

          Algunas encuestas realizadas durante el año 2014, demuestran un creciente proceso de laicización de la sociedad chilena. Un proceso que escapa a las previsiones de quienes han dominado las decisiones y han hegemonizado las instituciones políticas y económicas, desde la transición democrática.
          Aun cuando las encuestas en Chile no son instrumentos que gocen de gran confiabilidad, sobre todo cuando tienen alcances contingentes, en el caso de ciertos estudios sobre temas societarios arrojan una tendencia que nos permite tener una comprensión sobre ciertos procesos. Es lo que ocurre con encuestas que han incursionado en el estudio de la religiosidad, en los llamados “temas valóricos”, o sobre estudios que analizan la percepción religiosa en la sociedad chilena.
          Allí se ha dado cuenta de cómo los chilenos se están alejando de la orientación o el compromiso religioso, así como se advierten niveles bastante críticos sobre las organizaciones religiosas y su conducta, y de sus representantes en la realidad social.
          Para las miradas conservadoras de nuestra sociedad, el concepto predominante para definir este proceso es el de “liberalización”. Creo que el concepto no es válido. Claramente, en la sociedad chilena la condición o el carácter “liberal” está, desde hace mucho, desprestigiado y carcomido por el discurso conservador, que ha usado el concepto de liberalismo como simple y exclusiva manifestación de libre mercado.
          No se trata el fenómeno observado de una posición ideológica, sino que lo que señalan esos estudios de opinión, es que hay una comprensión creciente que opta por una posición conductual y ética distinta. Lo que está ocurriendo simplemente es que, luego de vivir la asfixia moralista o “valórica” que los sectores conservadores han impuesto en la agenda país, desde el fin de la dictadura, la sociedad chilena se está laicizando.
          Claramente, lejos de lo que muchos propenden a considerar, la laicidad de una sociedad no deviene de una comprensión ideológica, ya que no propone cuestiones que son propias de la caracterización del modelo económico, político o social. Lo que hace el laicismo es complementar los modelos de sociedad, más allá de su orientación ideológica, para permitir que el ejercicio de lo político se valide en la condición plural de lo que existe y de lo que vendrá. Lo laico, aun cuando se agregue el sufijo “ismo” – laicismo – no tiene que ver con cuestiones de tipo ideológicas, sino con prácticas concretas que modelan el ejercicio de lo político.
          Laicidad implica esencialmente el imperio del “laos” en el desenvolvimiento político de las sociedades y los sistemas que las organizan políticamente. Es el imperio del pueblo, el ejercicio de la ciudadanía, la manifestación de lo público en el interés de lo público, sin determinismos que reduzcan o subordinen el hacer político, que condicionen lo republicano a ciertas premisas ulterioristas, escatológicas, religiosas. Laicidad implica, ni más ni menos, la condición ideal en que el pueblo – el laos – actúa por sí y ante sí, en el respeto intrínseco de su diversidad, en todo aquello que demanda la acción secular, aquello que tiene que ver con la vida de las personas en el tiempo que les toca vivir: un momento histórico atado a la vida de cada cual y a la de todos, en el alcance del conocimiento, en el beneficio de la virtuosidad tecnológica, en la vinculación humanista con el desarrollo científico.
          Laicidad implica la institucionalización de los derechos de conciencia y el ejercicio del libre pensamiento, en la realización de lo político, donde incluso adquieren singular importancia las distintas propuestas de religiosidad, además de otras comprensiones y lecturas sobre el propósito del hombre y las posibilidades de trascendencia, obturando toda propensión al interés hegemónico de cualquiera de ellas.
          Son los intereses hegemónicos de conciencia los que generalmente han acusado al laicismo de conductas predominantes, cuando lo que provoca el laicismo como sana conducta política es precisamente la garantización de las libertades de todas las propuestas de conciencia y el impedimento de cualquier condición o conducta de hegemonía, algo que ha estado muy presente en la sociedad chilena, desde el tiempo de la dictadura.
          La historia tiene ejemplos vivos de lo que ha significado la existencia del laicismo en el plano de la ejecución política e institucional. Reconocemos en la Francia moderna una referencia potencial, como lo fue México durante gran parte del siglo XX. Significativo en el mismo contexto el aporte de Atatürk, que actualmente Erdorgan pretende destruir. No menos importante es el legado de la Primera Enmienda, elaborada por Madison en EE.UU. que, pese a la propensión confesional de los gobernantes norteamericanos a través de las épocas, sigue garantizando la diversidad de conciencia y un recatado secularismo político.
          Chile, desde 1925, fue un ejemplo de Estado laico en varios aspectos significativos, logros que la Constitución impuesta de 1980 destruyó, y que aún no son debidamente recuperados, debido a los resabios del poder confesional entronizados en una parte de la clase política ligada a sectores específicos.
          Vista la evolución política chilena, y las encuestas que dan cuenta de la realidad política de la ciudadanía que progresivamente equidista de las influencias político-confesionales que han dominado la institucionalidad de nuestra incompleta democracia, es un hecho que nuestra clase política no ha asimilado el proceso de laicización que vive la sociedad chilena.
          Sin duda hay una agenda laica en nuestra sociedad, que impera en una condición estrictamente ciudadana, que no logra institucionalizarse por ahora, en tanto los partidos políticos y las estructuras políticas no dan cuenta de su envergadura. Como ha ocurrido en muchos procesos dentro de la sociedad chilena, los temas de conciencia siguen siendo dominados por las minorías (políticas, económicas, confesionales, etc.). Sin embargo, ejercen coerción sobre los procesos institucionales, condicionan la voluntad de las mayorías, frustrando o distorsionando, a través de la presión o la negociación, aspectos que la práctica social o el interés de las personas colocan en el plano íntimo de las libertades de conciencia.
          Gran parte de la votación que obtuvo la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, representó esa voluntad de mayorías que aspiran redibujar la relación de las opciones de conciencia y las estructuras institucionales. Sin embargo, los nudos del poder conservador parecen ser un obstáculo muy poderoso dentro del Estado.
          Es un hecho que el sentido común y los derechos de conciencia de las personas, tienen una agenda concreta, y optan mayoritariamente en el país por disponer de una ley que no penalice el aborto, que reconozca los derechos reproductivos, que legisle la eutanasia, que haya una educación de calidad para todos los chilenos (en tanto ella permita potenciar las capacidades de ejercicio de la libertad de conciencia), porque haya una protección eficaz sobre los derechos de los niños, porque haya igualdad de trato para la mujer, porque haya una clase política menos ligada al paternalismo y a la propensión conservadora de administrar las libertades individuales a partir de la hegemonía económica y política, en fin, porque haya un Estado que sea neutral frente a los grupos de interés confesionales o agrupamientos “valóricos”.
          De este modo, un gran desafío es traer a la contingencia ese impulso de mayorías, de los que creen y quieren el imperio de las libertades de conciencia, de los que buscan impulsar la modernización del país hacia una sociedad muchos más democrática, y donde los derechos de las personas estén efectivamente determinados por la ley y no por grupos de interés moral o religioso.
          La democracia chilena no tendrá su pleno ejercicio, mientras no se resuelvan las herencias decimonónicas del paternalismo, del autoritarismo cultural, del confesionalismo de ciertos grupos de poder, del patronato y de cierto feudalismo encubierto de las clases propietarias que construye la esencia de su discurso conservador. La forma de resolverlo, objetivamente, es interpretando el pensamiento de las mayorías, y quitando la legitimidad de la práctica política a determinados círculos de poder esencialmente minoritarios.

(Editorial publicado en la revista Iniciativa Laicista de mayo de 2015)