Financiamiento político y poder económico

Un debate postergado reiteradamente, ha retomado fuerzas nuevamente, a propósito de las indagaciones sobre el llamado Caso Penta: el rol del poder económico en la política chilena, aunque, con más precisión, el rol del poder económico de un tipo de empresarios en el desarrollo de la democracia chilena.

Es un segmento del empresariado con una decidida concepción de hegemonía, que tiene expresiones políticas, económicas, religiosas y sociales muy específicas, y que viene produciendo desde hace rato episodios que afectan profundamente la marcha de la sociedad chilena, manipulando su desarrollo democrático y, no pocas veces, distorsionando la institucionalidad política y económica a su amaño.

Con un desparpajo que no pocas veces se viste de prepotencia, dominan los debates democráticos porque cuentan con su hegemonía sobre los medios de comunicación o sobre las agencias que financian la publicidad, coartando o regulando los debates públicos, impidiendo de ese modo que aquellos efectivamente cumplan su esperado rol en democracia.

En todos los grandes debates y en todos los eventos que han conmovido a la sociedad chilena y a su opinión pública, recurren a quienes le deben sus favores, posición y consideración económica, para distorsionar los debates y alterar la finalidad de las decisiones que la gran mayoría del país lo espera.

A través de colusiones, han afectado el desarrollo de las reglas del mercado, han presionado sobre la agenda pública, y han subordinado a no pocos actores en momentos en que la sociedad ha buscado miradas distintas sobre determinadas políticas públicas.

Son los mismos que han aventado los proyectos de hegemonía en la educación, los que están presentes en los distintos desarrollos de institucionalidades y proyectos de predominio religioso, de claro sesgo valórico unilaterista. Son los mismos que han estado tras el poder económico de congregaciones religiosas que han buscado determinar el curso de la sociedad civil, desde la práctica de la exclusión y la segregación por ingresos. Varios de ello han proclamado la santidad de Maciel y sus protegidos, a pesar de la criminalidad de sus actos.

La investigación sobre el mal uso del FUT y las devoluciones de impuestos fraudulentas, ha puesto en evidencia, nuevamente, como el poder económico de esta clase de empresarios, impone una profunda distorsión en la generación de nuestro sistema político de representación.

Hay muchos políticos chilenos que deben su elección a la enorme diferencia de recursos económicos que dispusieron en la campaña electoral. Seamos sinceros y miremos las diferencias de recursos que muchas, muchas veces, en distintas elecciones, ha sido advertido por la ciudadanía.

A través de los recursos económicos, en muchas oportunidades, se han convertido en los grandes electores, dejando los procesos electorales contemplados por la ley solo como un proceso de formalización. Las listas que han sido conocidas, sobre aportes a las campañas electorales de determinados parlamentarios en ejercicio, llaman a la reflexión y al repudio ciudadano, más aun cuando se trata solo de lo conocible y cuando queda la gran interrogante sobre los llamados “aportes reservados”.

Es tremendamente dudoso el que haya algunos que planteen que el sistema de financiamiento electoral es perfeccionable o que se trate simplemente de un asunto mejorable. El sistema de financiamiento electoral no admite mejoras, definitivamente. Lo que se requiere es una nueva legislación. Es de tal importancia este aspecto, que aun cuando el fin del sistema binominal sea posible, en sí mismo uno de los lastres de la dictadura que ha distorsionado gravemente el sistema de representación política en Chile, ello no implicará el aseguramiento de una mejor expresión de la voluntad popular mientras el sistema de financiamiento de las campañas electorales esté tan determinado por esos aportes económicos.

En esa perspectiva, debe establecerse un sistema de financiamiento público de las campañas y un tope legal para el financiamiento de las distintas elecciones (municipales, regionales, parlamentarias y presidenciales). Quien trasgreda los montos legales debe ser investigado criminalmente.

Concretamente, no cabe duda que hay que poner fin a cualquier financiamiento de tipo corporativo o de personas que integran directorios de corporaciones en campañas políticas. Dado que la generosidad puede ser una sana motivación de un adherente político, ello debe ser regulado a través de una cifra tope. Por ejemplo dos UF.

Ese tipo de financiamiento privado solo debería ocurrir en los procesos previos de postulación, pero nunca cuando ya las candidaturas hayan sido inscritas legalmente, donde solo debe operar el financiamiento público. Obviamente, debe haber un financiamiento para la campaña y una retribución posterior, una vez electo de acuerdo al cargo.

Sin duda, ello hará innecesario los ingentes recursos que algunos exhiben hoy, con alcances de prepotencia, y que tanta distorsión producen en nuestro sistema de representación y de elección de autoridades. Es la forma también de poner fin a las prácticas de hegemonía que determinados sectores del poder económico han impuesto en nuestra sociedad.

(El presente texto corresponde a la editorial de la revista digital "Iniciativa Laicista" de noviembre de 2014)

El vivir humano y el aborto

No es necesario que sea presentado un proyecto de ley ante el parlamento. Basta que haya un solo anuncio de someter a la consideración legislativa la idea de cambios a la ley, que ponga fin a la penalización del aborto en tres casos extremos, para que los sectores conservadores y retardatarios chilenos, salgan a proclamar una confusa “defensa de la vida”, descalificando a quienes promueven la necesidad de tener políticas de salud más racionales, de acuerdo a las posibilidades de la medicina contemporánea.

Queda claro que quienes han agitado, más que el debate, la intimidación como arma comunicacional, sacando a un grupo no menor de niños y jóvenes pudientes a hacer manifestaciones, y contando con una amplia cobertura de medios perfectamente sustentados en el avisaje económico de los grupos de poder fáctico - proclamando con descontrolada pasión la “protección de la vida” -, son aquellos que tienen una curiosa historia de agravios contra la calidad de la vida humana.

Porque de eso se trata: la vida humana y el vivir humano. Se trata de personas reales, que viven la realidad, y que enfrentan las alternativas del vivir. Se trata de la calidad de vida y de la crudeza que significa enfrentar y resolver problemas objetivos de mujeres que sufren.

No estamos discutiendo aún de los derechos reproductivos, un debate que en todo caso está pendiente. La propuesta que ha sido puesta sobre la mesa, para ser sometida al análisis legislativo cuando haya un proyecto definido, se trata solo de aquellos casos que, en su condición extrema, son reconocidos en todos los países donde la recomendación sanitaria está sobre cualquier consideración determinista. Tres casos que cualquier mujer, más allá de sus convicciones religiosas, valoraría como necesarias, cuando se enfrente a una situación de esas características: el riesgo de vida de la madre, inviabilidad del feto o una gestación a consecuencia de violación.

Estamos hablando del sentido común que primaría en una familia, por ejemplo, frente a lo que esté sufriendo una hija, madre o hermana, como consecuencia de cualquiera de esas alternativas. Estamos hablando de casos que afectarían a mujeres que son parte de nuestra cotidianidad societaria. Estamos hablando de familias que se enfrentan a esa realidad dramática. Y lo que es peor, estamos hablando de mujeres pobres, que muchas veces deben tomar decisiones en la más absoluta soledad.

Para cualquier persona o familia la concepción es maravillosa, cuando las condiciones que la hacen posible son promisorias. El proceso de gestación y el desarrollo de una futura vida humana, en condiciones seguras y deseadas, permiten la felicidad y la realización no solo de las mujeres, sino de una pareja y de una familia. La sociedad se hace parte de esa condición estimulante.

La cuestión que también debe hacerse cargo la sociedad, es tener que aceptar que haya mujeres, y su medio familiar, que se nieguen a la concepción en condiciones de trauma y riesgo. Nadie tiene derecho a pedir la inmolación a otra persona, o a una integrante de la sociedad, por un conjunto de ideas confusas sobre la vida o sobre la interpretación de ciertas “verdades escritas”. Hay ciertas visiones que aún proclaman que el sufrimiento es parte de una forma de redención o de fin último del existir. Bien por ellas si logran concretarlo en sus vidas y logran satisfacción con los resultados. Pero no tienen por qué exigirlo, desearlo o imponerlo a los demás.

Así, ninguna mujer debe morir ante el riesgo potencial derivado de un embarazo. Los alcances religiosos que ello tenga es un tema que ponderará la afectada, y aún la inmolación podrá ser su legítima alternativa. Es su derecho de conciencia.

Tampoco, ninguna madre debe ser obligada legalmente a sostener un embarazo anómalo e inviable contra su deseo. Es una brutalidad pretender que ese proceso de gestación deba ser cautelada por el Estado y sus instituciones. En una ínfima cantidad de casos, en las familias de quienes promueven esa imprecisa “defensa de la vida”, tal alternativa sería aceptada. El sufrimiento de una madre con un proceso de gestación anómalo solo puede ser admisible si lo asume por propia decisión, pero la ley y el sistema de salud debe permitirle inexcusablemente una alternativa de término.

De la misma forma, ninguna mujer puede estar obligada a sostener una concepción como resultado de una violación. Hay antecedentes concretos en que El Vaticano no ha hecho objeción al aborto: con las monjas violadas en África, en los 60´s; en la derrotada Alemania, en 1945; así como en 23 países donde monjas fueron violadas por misioneros, en los 90´s. Podrá decirse que se trata de casos extremos de conmoción social, pero para una mujer una violación será siempre un caso extremo de conmoción.

Sacarse las máscaras del ideologismo y del extremismo conservador grandilocuente e introducir el propósito efectivo de la misericordia, es fundamental para abordar una despenalización que el sentido común y buenas políticas de salud requieren.

(El presente texto corresponde al editorial de Revista Iniciativa Laicista (Nro. 14, julio 2014)

Siete desafíos éticos para Chile.

Sebastián Jans

Existen grandes desafíos que las instituciones éticas deben asumir, en la particularidad de cada cual, permitiendo construir una agenda común de mediano y largo plazo, cada una en la autonomía de su quehacer y en la particularidad de su carácter y agenda, pero con la capacidad de hacer coincidir las motivaciones más altas, con el fin de construir en la sociedad humana de la que somos parte hechos morales más coherentes con una idea de Humanidad.

A propósito del Día Internacional de la Mujer, en una intervención ante la Asociación Nacional de Mujeres Laicas de Chile, propuse estas ideas como una tarea de las organizaciones éticas laicas para los próximos años. Esos siete desafíos son una base, que contienen una gran parte de las problemáticas que afectan a las personas o a los grupos o comunidades que integran nuestra gran comunidad nacional, cuya solución pasa por abordajes políticos y económicos de las instancias competentes, pero donde hay que aportar construyendo una comprensión ética que los sustente.

Primer desafío: la libertad. Las ideas de libertad han cambiado el mundo desde el siglo de las luces hasta nuestros tiempos. En cada uno de ellos la Humanidad le dio atributos y contenidos específicos, así como énfasis en el marco de los desenvolvimientos sociales. Sin duda, debemos darle a la libertad una lectura y un relato específico, que nos dé una comprensión concreta para el siglo XXI. Frente a las múltiples y emergentes manifestaciones conculcadoras de la libertad, que se expresan en los actuares de las estructuras de poder, es necesario que hagamos la revisión de nuestra idea de la libertad e incorporemos en su relato y concepto, en su comprensión más activa, todo aquello que hoy la inhibe o la coarta.

Segundo desafío: la igualdad. En las últimas décadas nuestra sociedad ha venido desarrollando un esfuerzo por la igualdad. Ello está asociado inseparablemente a condiciones de trato. Hay desigualdades de trato de todo tipo. Ellas nacen a partir de como construimos la relación con los demás, estableciendo distinciones, privilegios, oportunidades. La desigualdad es una conducta y un resultado, que nace, crece y se retroalimenta de los privilegios y la intolerancia. En nuestro país hay conductas y hechos que han permitido una historia de discriminación y diferencias de trato. Cada día hay nuevos sectores, nuevas identidades y nuevas demandas por la igualdad de sectores que se plantean contra ese pasado que sigue actuando contra el progreso y la humanización. Una gran tarea es consolidar la igualdad, como una característica y una práctica nacional, como un distingo país.

Tercer desafío: la fraternidad. Para las instituciones que proponen como una tarea de construcción moral el vincularnos como hermanos, esto viene a ser una tarea fundamental. Para algunos la fraternidad nace de un padre común, mientras otros sostienen que somos hijos de una evolución común, o están aquellos que aseveran que nos hermana la consecuencia de una entropía, etc. Una idea positiva de fraternidad es capaz de acoger todas las ideas sobre el origen de la especie humana, en torno a un propósito común: el destino humano. Más allá del origen debe hermanarnos el destino de la Humanidad, el cual creemos y queremos que sea expresión de una tarea fraternal, superando todo lo que las herencias del pasado aportan para dividir a los seres humanos, para enfrentarlos en torno a paradigmas y propósitos, cuya huella dolorosa ha sido construida en torno a la muerte y la violencia. De este modo, la idea de fraternidad debe ser capaz de penetrar profundamente en una perspectiva ética de futuro.

Cuarto desafío: la sustentabilidad. Hoy constatamos que el proceso de control y transformación de la naturaleza no es ilimitado y hay techos que estamos tocando. Los procesos de industrialización que tanto beneficio han traído y que han puesto los recursos de la naturaleza a disposición de las oportunidades humanas, han ido produciendo daños que ponen en riesgo incluso la propia vida humana. Es así como es necesario ir asumiendo una conciencia creciente respecto de que el uso de los recursos naturales debe ser sustentable, es decir que no destruya lo que la naturaleza ha prodigado al hombre. Lo que hemos comprobado dramáticamente es que no solo tenemos la oportunidad de transformar la naturaleza, sino que también debemos generar las condiciones para seguir transformándola, sin destruirla. Si destruimos la naturaleza habremos destruido lo que permite el proceso de la vida, y por lo tanto de la vida humana.

Quinto desafío: la equidad. Es una evidencia que nuestro país crece y se eleva en sus estándares de riqueza, generando deferencias abismales entre aquellos que tuvieron las oportunidades, tienen las relaciones y son capaces de recrearse como núcleo de poder económico y político y, en la otra vereda, aquellos que tienen muy poco o no tienen nada. De este modo, hay dos países distintos que conviven producto de un sistema fundado en privilegios, en exclusiones, en vinculaciones, en grupos de poder, en la asignación de oportunidades. Es una inequidad que afecta no solo a los pobres, sino que también se manifiesta en relación a distintos grupos marginados y/o despojados. Basta ver las demandas que han levantado distintos grupos sociales del país, para constatar que la equidad viene a ser una necesidad a ser abordada, no solo desde el punto de vista económico, sino necesariamente social, construyendo oportunidades privilegiadas para aquellos que han quedado rezagados por años y por generaciones.

Sexto desafío: la seguridad. Hasta no hace mucho la idea de seguridad ha estado asociada a actividades de protección de unos seres humanos con respecto de otros seres humanos. La seguridad tiene ahora que ver con la protección de los derechos y en lograr condiciones básicas y dignas para todos los seres humanos. Y cuando hablamos de seguridad debemos hacerlo en la determinación de los aseguramientos que permiten que la vida de todos los seres humanos, sea en condiciones inapelables de humanidad. Debemos trabajar para que en nuestra sociedad imperen las seguridades que hagan del vivir humano un transcurrir digno, donde todos tengan pleno derecho a la vida, a la salud, a una alimentación sana, a vivienda digna, a educarse según sus capacidades, a constituir una familia, a elevarse por sobre toda condición enajenante.

Séptimo desafío: la laicidad. Una sociedad construida con diversidad y pluralismo, no puede sostenerse sobre la base de una cosmovisión exclusiva y exclusivista. Cada persona humana tiene el derecho a creer y a entender el mundo y la vida desde sus legítimas convicciones. Es más, tiene derecho a difundir sus convicciones y compartirlas con los demás. Ello es lo que funda un legítimo derecho de conciencia. Pero, lo que no puede pretender, es que sus convicciones sean ley para los demás, y para quienes piensan diametralmente opuesto. En ese contexto, lo que para algunos sea pecado, no puede ser delito en la sociedad. Solo la ley construida en la prescindencia de las distintas visiones sobre la vida y la realidad, y fundada en la razón, esto es, en el consenso ético, es lo que permite una condición de laicidad en el Estado y en el Derecho, cualidad insustituible para garantizar la libertad individual y colectiva.

ETICA, POLITICA E INSTITUCIONES.

Sebastián Jans



¿Son los fines lo que importan o debe tener preeminencia los medios para lograr un fin? Albert Camus tenía la idea de que son los medios los que deben justificar el fin. Esto es un tema que ha estado en el origen mismo de toda civilización humana, y que partió siendo abordado por el mito, las creencias y por las incipientes exploraciones estéticas, buscando una forma de prever la dudosa claridad de las acciones humanas.

Cuando la humanidad ya había avanzado muchos siglos, la cultura griega antigua fue capaz por fin de establecer una reflexión alejada de los dioses y de las leyendas, permitiendo pensar los actuares humanos a partir de la reflexividad y de constructos conceptuales esencialmente racionales. Decir esencialmente racionales, por cierto, se refiere a convencionales, a partir del solo discurrir, del solo pensar sobre que puede ser mejor o más reflexivamente aceptado por todos.

Fue el nacimiento de la ética, es decir, del análisis de las costumbres y la modificación de aquellas por el simple expediente del construir convenciones nuevas, en el contexto de lo racionalmente aceptado por todos. Un desafío formidable y absolutamente lleno de fracasos, aunque con perdurables éxitos, si consideramos que la Humanidad efectivamente en no pocas cosas ha avanzado, o por lo menos, en no pocas oportunidades ha podido reconocer cuanto se ha retrocedido.

Pero aquellos griegos también tuvieron la virtud de desarrollar el sentido de otra manifestación que pone basas entre los medios y el fin: la política. No es que la política no existiera como actividad previamente, sino que la virtud del helenismo radicó en establecer el hecho político como una actividad humana reflexible por todos los miembros de la ciudad, es decir, de la sociedad.

Sin duda, es probable que los griegos pronto descubrieran que el ser humano es, por sobre todo, político antes que ético, es decir, pone acento mayor en los fines que en los medios. Lo cierto es que ello no deja de ser arbitrario suponerlo, considerando que uno de las características de lo político es construir precisamente medios para lograr determinados fines. Pero, no deja de ser importante considerar que si la política se preocupa de los medios, es porque hay convenciones en las costumbres que deben considerarse como fundamentales para matizar los medios que permiten lograr los fines.

Sin enfrascarnos en el círculo vicioso de si lo primero es el huevo o la gallina, no deja de ser cierto que el ser humano, creador y constructor por excelencia, tiene determinismos políticos antes que éticos. Y es normal que ello ocurra, dado que aquello que le motiva son siempre intereses o aspiraciones, ya sea en lo particular o en lo general. La vida humana, individual y colectiva, es tal en la medida que tenga fines específicos. Pero, los fines de cada cual, siempre se enfrentarán con otros fines y propósitos, y allí vienen a intervenir factores de reflexividad que hacen posible la convivencia de personas o grupos de personas con otros, que tienen aspiraciones e intereses distintos.

Es ahí donde adquieren presencia los debates y las convenciones que hacen posible el hecho político y el hecho moral, como objetos discurribles y perfeccionables a consecuencia de la reflexividad y la razón, entendida esta última como un conjunto convencional de argumentos válidamente aceptados por todos. La razón, desde esa comprensión, no es una verdad, sino solo el punto convencional en el cual pueden converger las distintas ideas en un punto donde hay conceptos que tienen validez común para cualquiera.

Uno de los más importantes pensadores contemporáneos, Savater, considera la actitud ética y la actitud política como formas de entender lo que cada cual va a hacer, es decir, el empleo que cada individuo va a darle a su libertad. Pone si una diferencia importante, ya que para él, la actitud ética es ante todo una perspectiva personal, que cada cual toma sin esperar convencer a los demás de que así resulta mejor para todos. Es un problema del aquí y el ahora. Lo que en la ética vale es estar de acuerdo consigo mismo y tener el inteligente coraje de actuar en consecuencia. En cambio, la actitud política busca el acuerdo con los demás, requiere disposiciones y argumentos para convencer a los otros y también para ser convencido, por lo cual, lo importante viene a ser el allí y el después. Es una actitud que trae consecuencias después de los actos y acciones ya ejecutadas.

El filósofo laicista no duda en afirmar que lo moral solo depende de cada persona, que las referencias y categorías las tiene siempre a mano, aunque a veces cuesta elegir, en tanto en política siempre debe contar con la voluntad de muchos otros. Entonces, en lo ético la libertad del individuo se resuelve en acciones, en tanto, en lo político, la libertad del individuo y de su comunidad se resuelve en instituciones y leyes. Sin embargo, política y ética se relacionan constantemente y se vuelven inseparables en la pretensión de toda comunidad de hacer de la convivencia un proceso bajo determinadas regulaciones fundamentales.

A pesar de ello, es fundamental que cada cual mantengan sus fueros. Los problemas políticos y el actuar político en una democracia, vienen a ser materia de las instituciones políticas que la sociedad genera en esa perspectiva. Están los partidos políticos, el parlamento, las instituciones del Estado que deben normar la vida colectiva y prever los instrumentos que permitan hacer efectivo el cumplimiento de las regulaciones de la vida y el actuar en sociedad.

Los problemas éticos en tanto, son importantes de radicar en aquellas instituciones que están destinadas a influir en las conductas personales, en el más acá, antes de las limitaciones que impone la ley como consecuencia del debate político. Es por ello que las instituciones éticas tienen un valor fundamental, al poner en la mesa los problemas desde un punto de vista de la creación de costumbres que garanticen un actuar válidamente aceptado, y que construya una trama sostenible de validaciones conceptuales que, luego, la política debe acoger en su convencionalidad. Sin ese proceso previo que deben cumplir las organizaciones o las institutas éticas, todo proceso generativo de la ley se transformará en una imposición o una norma impracticable o moralmente vulnerable.

El mundo moderno tiene a innúmeras organizaciones que buscan, precisamente, tener alcances específicos respecto a cómo el ser humano debe desarrollar su convivir y caracterizar sus conductas en una universalidad llena de alternativas. Las hay de muchos tipos. Organizaciones que promueven los derechos del hombre, los derechos políticos, el medio ambiente, la diversidad, la igualdad de trato, el respeto a las minorías, la vida animal, reivindicaciones con alcances morales, etc. y que proponen derechos o plantean deberes de la sociedad y de los individuos, desde un plano individual y colectivo. También están aquellas que tienen una visión más integral y absoluta del hombre y su existir, vinculadas a cosmovisiones religiosas, y otras que, equidistantemente, buscando también una visión más integral, proponen cosmovisiones seculares, basadas en condiciones y exigencias citeriores, sin la preeminencia ulterior.

Cada una debe tener la virtud de entender claramente su propósito, ya que de ello depende su propia razón de ser, y su influencia efectiva y eficaz en el cambio de las conductas humanas, en aquellos aspectos que impiden o distorsionan la más plena realización individual en el marco del arreglo colectivo.

EL ROL DE LAS INSTITUCIONES ÉTICAS

Sebastián Jans




Las sociedades modernas son complejas. Más aún, las sociedades democráticas, donde las personas pueden expresar con libertad su opinión y participar en las decisiones, a través de los mecanismos que la institucionalidad considera y establece para ese efecto. Una sociedad moderna y democrática es imposible que concebir si no se expresa a través de diversas instancias, cada una con fines y propósitos específicos que abordan variables distintas de las complejidades sociales e individuales.

Especialmente, ello tiene que ver con las complejidades que se expresan en la sociedad civil, ese amplio y ancho espacio donde las personas actúan cotidianamente en la búsqueda de su propio vivir, la realización de su libertad y la concreción de sus esperanzas. Es allí donde se manifiestan las cuestiones que tienen que ver con la realización o fracaso de cada proyecto humano - individual y colectivo -, y donde, por consecuencia, se produce el hecho civilizacional.

Allí nace y se vive toda cultura y es donde las personas adquieren los aprendizajes que les permiten lograr su propia ubicación en la realidad, donde las prácticas cotidianas conllevan a la determinación de las formas efectivas de convivencia, entre las personas y entre los distintos grupos de interés.

El vivir y el convivir humano tiene complejidades que, por general, se expresan en conflictos. La propia condición humana está asociada a actitudes y conductas, derivadas del ejercicio de su existir y del existir con los demás, que colisionan permanentemente, en sus distintas variables de intensidad, con la existencia y los intereses de los demás. Ello es lo que determina toda forma de convivencia.

Por cierto, los grandes temas que dividen al hombre deben ser resueltos en dos espacios distintos de su diario convivir, debido a la complejidad misma de la sociedad civil: el estado y el mercado, y que deben actuar idealmente a partir de ella, pero fuera de ella, para poder establecer las condiciones que faciliten el ordenamiento y las reglas necesarias que hagan efectivamente convivibles los distintos procesos e intereses humanos.

El rol que cumplen o que debieran cumplir ambos - estado y mercado -, es un tema que ha sido abordado desde los orígenes mismos de la práctica social humana, y ha sido objeto de grandes formulaciones y megarelatos, y será siempre motivo de debates y controversias, mientras la sociedad humana exista y mientras deba regularse el ejercicio de la libertad de sus componentes.

Como enfrentar la cuestión del ser y el hacer humano en la sociedad civil, como regular la acción del mercado, como hacer del estado un instrumento más eficaz para las necesidades de libertad y seguridad, son los grandes desafíos de una sociedad democrática y más allá de la sola expresión política en torno a tales desafíos, que permita definir y consensuar reglas válidas para todos – un tema de suyo complejísimo -, se requieren establecer consensos que establezcan consensos también en la forma como colectivamente debemos comportarnos: el hecho moral.

Lo moral tiene que ver con cómo asumimos el desafío del convivir, más allá de las normas regulatorias que impone la ley, pero también, necesariamente, en la construcción de los soportes convencionales que hagan válida y practicable la ley. No está demás recordar que hay muchas sociedades y países donde la ley o las normas regulatorias que impone el estado, carecen del complemento moral que la sociedad niega y que terminan por hacerlas impracticables. Las causas de ello pueden ser múltiples, pero es obvio que si lo moral y lo legal andan por carriles distintos, las consecuencias para una sociedad son siempre desastrosas.

La conciencia de que se requiere un trasfondo moral para construir una práctica de convivencia, más allá del alcance regulatorio de la sola ley, es lo que ha dado lugar a las organizaciones éticas, como un resultado específico de la modernidad y de la concepción moderna de democracia. Ello viene a ser una manifestación concreta del establecimiento de los derechos del hombre y de la consagración de sus libertades, y por lo mismo de la necesidad de que la ley sea consecuencia de procesos de generación participativos.

Al ser la ley consecuencia de debates amplios y donde se expresa la dicotomía de los intereses diversos de los grupos humanos, se requiere que haya un propósito que integre toda formulación de reglas, y que se identifica como el “bien común”, un concepto cada vez más secular, que puede ser muchas cosas, pero que la conciencia moral contemporánea entiende como un consenso sobre lo que puede ser bueno para todos.

Lo que viene a ser el aporte de las organizaciones éticas en la complejidad moderna, es precisamente aportar a la reflexión del hecho moral y al enriquecimiento de las perspectivas que coadyuven secularmente a determinar reglas válidas para todos. En ese contexto, vienen a aportar distintas miradas sobre “la ciudad del hombre”, sobre la condición citerior del hecho humano, para construir los consensos que permitan la construcción y reconstrucción del hecho moral, entendido este como un proceso no como una esfinge pétrea de contemplación en un lugar desértico. Los seres humanos cambian, las sociedades cambian, las leyes cambian, y el hecho moral necesariamente se plasma en la práctica humana y social.

La validez de toda organización ética descansa sin duda en su carácter y en la coherencia de su mensaje. El valor de su aporte será medido siempre por su cualidad secular, ya que los problemas del vivir del hombre son de su tiempo y de su vida. Pero por sobre todo por la coherencia con su propósito. Toda organización ética que se aleje de ese factor que establece su razón de ser, terminará inevitablemente en el descrédito y en la intrascendencia.

Por ello, distraer su rol puede ser profundamente dañino para su credibilidad. Le está vedado el concurso en los temas políticos, como también las incursiones en el ámbito de los negocios. No está su rol ni en el mercado ni en la política, y en la medida que se comprometan con cuestiones de ese tipo, la sombra de su propia inhabilidad crecerá de modo proporcional a la participación en aquellos espacios que le están vedados.

La experiencia vivida por organizaciones éticas que se inmiscuyeron en opciones políticas siempre señala que las contingencias terminan por horadar el valor superior de su aporte. Lo mismo ocurre con aquellas que han incursionado en negocios con los más variados propósitos, aún aquellos de la más sana intención.

Es de fundamental importancia, entonces, la independencia y autonomía que las organizaciones éticas deben poseer, lejos de cualquier propuesta política, y de cualquier vinculación con objetivos de lucro. Ello obliga a que sus recursos provengan solo de su membresía y estén orientados exclusivamente a los fines que la identifican, como también obliga a que su estructura refleje claramente en sus prácticas internas los planteamientos que tienen alcance público. Si no hay esa necesaria coherencia entre la conducta interna y la conducta que promueve en el seno de la sociedad en que se desenvuelve, más temprano que tarde terminará por dañar su propia credibilidad y se terminará imponiendo el repudio de la sociedad civil.

Las otras aguas en pugna.

Publicado en portal web de Radio Portales en diciembre de 2012

Sebastián Jans

La agenda noticiosa del país de las últimas semanas ha estado centrada en la disputa de las aguas marinas, que se está produciendo ante la Corte Internacional de La Haya. Sin embargo, hay otras aguas que están ya en disputa de manera mucho menos formal, y que vislumbra profundos efectos sobre la realidad social, económica y política de nuestro país en los años subsiguientes, y de manera dramática en las próximas décadas.

Hace algunas semanas se realizó en Santiago, el Primer Coloquio Masónico Nacional sobre Recursos Hídricos y Posicionamiento Ético sobre Uso del Agua, que reunió a calificados especialistas, agricultores, ingenieros, abogados y académicos vinculados a este importante problema-país, los que destacaron la importancia de que esa institución tenga un planteamiento de alcance ético sobre el tema, ya que del agua depende la vida humana y el desarrollo de nuestro país, y donde ya se están advirtiendo carencias y problemas traumáticos para las comunidades locales en algunas regiones del país.

Esta semana, por ejemplo, se entregaron datos del estado de embalsamiento de aguas, entre la Cuarta y la Octava Región, donde, a modo de ejemplo, las reservas de agua de Puclaro, en la Región de Coquimbo, son de un 14% de su capacidad, de la misma forma que Lago Laja en la Región del Biobío. El emblemático embalse La Paloma, tiene un 10% de su capacidad. Las perspectivas se ven angustiantes en la medida de que el próximo año se mantenga el bajo nivel de precipitaciones. Si hay un año lluvioso no será de efecto perdurable.

Hace algunos meses el Instituto del Agua, Medio Ambiente y Salud de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU) radicado en Hamilton (Canadá), en su informe “Science-Policy Bridges over Troubled Waters”, advirtió que, dentro de 40 años, habrá una grave escasez de agua en siete de las 10 principales cuencas fluviales del mundo, hogar de una cuarta parte de la población del planeta, que genera un 10% del PIB mundial, y puso en evidencia la probabilidad de una “bancarrota de agua”, producto de la creciente urbanización, por la actividad económica en las principales cuencas fluviales del mundo y el alarmante calentamiento de las aguas oceánicas, que induce al cambio climático.

Datos internacionales indican que el consumo de agua dulce seguirá en aumento, en circunstancias de que la disponibilidad irá progresivamente en sentido contrario, precisamente por la incidencia del cambio climático. En el último siglo, el consumo de agua mundial ha aumentado el doble en relación al crecimiento de la población planetaria.

Nuestro consumo nacional de agua al año es de 803 metros cúbicos por persona, en circunstancias que la media mundial está en 1.240. Sin embargo, nuestras necesidades están en aumento por necesidades productivas cada vez mayores. Es interesante tener presente, por ejemplo, que para producir un tomate se requieren 180 litros de agua, y una copa de vino es el resultado de la utilización de 120 litros. Estudios basados en tales referencias, en lo que Chile produce, indican que nuestras exportaciones equivalen a 1.122 millones de metros cúbicos de agua al año.

En los estudios internacionales realizados respecto del cambio del patrón de lluvias durante el pasado siglo XX, producto del cambio climático, Chile se encuentra ubicado entre los países que ha tenido entre un 40 y un 50% de reducción de sus precipitaciones, situación que se hace más patente cuando se presenta el fenómeno de “La Niña”, donde el promedio indicado se ve fuertemente reducido respecto de la media del recién pasado siglo.

Sin embargo, tendemos a considerar que en Chile no hay problemas de agua, y nos preocupamos solo cuando hay sequía en algún lugar específico del país. Sin embargo, el impacto que está teniendo en nuestro país el cambio climático y las necesidades productivas crecientes de un país con una economía que depende de la minería y de las exportaciones agrícolas, señalan que las normativas y las políticas nacionales no están previendo de manera efectiva el inevitable empeoramiento de las condiciones actuales.

Ese empeoramiento está trayendo conflictos legales y éticos objetivos, que demuestran que es necesario enfrentar con rapidez el escenario legal en que se enmarca el uso y los derechos de agua, para lo cual debe haber un pronto debate ético, que influya en la formulación de normativas legales mejoradas que respondan a crecientes exigencias de regulación.

Es un hecho que la actual normativa legal no ha logrado dar respuesta eficiente a la creciente demanda de recursos hídricos, producto del desarrollo económico y el crecimiento de la demanda, en aquellos lugares de mayor dinamismo productivo minero y de exportación agrícola. Esto ha provocado que haya no pocas empresas y productores que estén actuando al margen de la ley, y sus propietarios o ejecutivos lejos de toda contextualización ética.

Hay sectores de población local, pequeñas comunidades productivas y usuarios básicos dependientes de recursos hídricos precarios, que han debido afrontar la pérdida de sus fuentes naturales de provisión de agua, debido a la acción de actores productivos poderosos e influyentes, que disponen de los cursos de agua al margen de toda regulación legal y moral. Para ello cuentan con hábiles estudios de abogados, capaces de prolongar los juicios por usurpación o intervención ilegal de los cursos hídricos, sin dejar de usar el recurso, obviando a comunidades con recursos limitados y sin influencias en los círculos de poder político y económico.

De allí que, las organizaciones que están señalando su crítica al actual marco legal, que no resuelve los problemas de disponibilidades limitadas y derivados de una creciente demanda, están proponiendo, en la perspectiva de cambios urgentes del Código de Aguas (que data de 1981), posicionar como principio rector de una nueva institucionalidad hídrica, el reconocimiento por parte del Estado de Chile del acceso al agua como un derecho esencial, así como ya lo ha hecho la comunidad internacional en la Asamblea de las Naciones Unidas, en Julio de 2010.

En ese sentido, dentro de proposiciones básicas para una nueva legislación, uno de los documentos de trabajo presentados en el Coloquio mencionado, plantea como referencia ética para el debate de una nueva ley, que considere el agua como patrimonio de todos chilenos. En ese sentido el agua debe ser entendida no solo como un recurso, sino como un bien común, y su acceso y uso deben estar bajo gestión pública. Así, debe entenderse que el agua es y debe ser un bien nacional de uso y servicio público.

Es fundamental establecer una normativa legal que priorice el uso de las aguas, privilegiando, cuando corresponda, su uso para necesidades y servicios básicos y producción de alimentos. Ello implica que se deben incluir criterios de proporcionalidad para efectos de producción agrícola, industrial y minera, según la realidad regional o local, en compatibilidad con la sustentabilidad ambiental, la equidad en el acceso y eficiencia en el uso, mediante tecnologías adecuadas.

Es prioritario considerar criterios de transparencia e información pública sobre el catastro actual y la disponibilidad de aguas superficiales y subterráneas, asumiendo el Estado la aplicación de una política de manejo integrado de cuencas, con participación vinculante de las organizaciones ciudadanas locales y de los usuarios ancestrales.

Esos aspectos suponen una política integral de recursos hídricos, conducida por el Estado, que pueda regular, a través de la jerarquización de las necesidades y la coordinación de los usuarios, y generar una nueva cultura de uso eficiente y conservación de las disponibilidades, gestionando un escenario cada vez más limitado

Un hito para el libre pensamiento.

Publicado en el portal web de Radio Portales en diciembre de 2012

Sebastián Jans

Los días 16 al 17 de noviembre recién pasados, adquieren una relevancia para las personas de espíritu libre de América Latina, debido a que, en la ciudad de Mar del Plata, tuvo lugar la realización del Segundo Congreso Internacional del Libre Pensamiento, denominado también “Congreso de las Américas”, el cual contó con la presencia de hombres y mujeres provenientes de Argentina, Canadá, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, México, Paraguay y Uruguay, representando a más de 45 organizaciones que llegaron hasta la Universidad Nacional de Mar del Plata, escenario del encuentro.

Fue una significativa jornada de reflexión, donde se presentaron más de 40 ponencias en las seis mesas de debate que se desarrollaron durante el evento, en las que se abordaron temas tales como la libertad de conciencia y la laicidad del Estado, especialmente en Latinoamérica, la constatación de los nuevos oscurantismos y el rol de las sectas, el estado de la emancipación femenina, las reivindicaciones del librepensamiento y la libertad de conciencia en los países representados, la necesidad de una modernidad alternativa, y la importancia de una educación pública, laica y gratuita como pilar de una sociedad librepensadora.

El libre pensamiento es, en esencia, un método y conducta que permite percibir e interpretar la realidad, a partir de la emancipación de todo dogmatismo. Es un método, en tanto permite adquirir conocimiento, tomar decisiones, ejecutar acciones y corregir errores, nutriéndose del pensamiento crítico a través del análisis reflexivo y racional de la realidad, tanto en el plano individual como en lo colectivo. Esta coherencia y rigurosidad de pensamiento se refleja en un comportamiento libre de prejuicios y tabúes, es decir, una conducta tolerante y racional, que se refleja en el ámbito público.

El librepensador es proclive a los ideales republicanos y a la práctica del debate libre en la sociedad, sobre todo en los temas que afectan el transcurrir del ser humano, por lo que promueve instituciones políticas laicas, democráticas y de profunda raigambre social, única forma capaz de unir la igualdad en la diversidad. Impulsa políticas y leyes que garanticen la pacífica convivencia y la máxima expansión de las posibilidades del desarrollo individual y social. Se opone al fanatismo religioso y político en todas sus formas. En líneas generales, fomenta un espacio público libre de dogmas y revindica la importancia de una persona humana autónoma con capacidad para desarrollar un interés por los asuntos públicos.

En ese contexto, considera que el hecho religioso tiene un alcance privado y privativo de quienes practican un culto, que no tiene alcance alguno para otras personas ajenas a él, por lo cual, toda manifestación de culto debe realizarse en el dominio que le es propio. De este modo, por ejemplo, resulta contrario a la libertad de conciencia un hecho producido en EE.UU. – relatado por David Rand, portavoz de la AILP en Canadá – y que comprometió al Ministro de Asuntos Extranjeros de ese país, John Baird, quien en mayo pasado, de visita en Washington, sostuvo en una cena de promoción de las libertades religiosas: “Nosotros sabemos que la libertad religiosa no significa estar libre de la religión”. Frente a ello, Rand refutará que la religión no es la dueña de la moral, insistiendo que la libertad religiosa no es efectiva sin poder estar libre de la religión como una opción legítima.

No ignoró Rand, en su análisis, la situación enfrentada por el mismo gobierno de Canadá, que debió formar una comisión investigadora de la verdad y pedir perdón, en relación con las Escuelas Residenciales (internados), entregadas a instituciones religiosas asociadas con el Estado, a las cuales fueron obligados a asistir los niños indígenas, y que se convirtieron en oscuro escenario de miles de abusos sexuales ocurridos durante décadas, en un hecho abominable de la relación del Estado canadiense y la Iglesia.

Las resoluciones que emergieron de los debates realizados en los tres días del congreso de Mar del Plata, recogen con fuerza los deseos comunes de los concurrentes para conseguir un progreso real para la libertad de conciencia, que se funda, de manera determinante, en la separación institucional de la Iglesia y el Estado. De allí que, ante los retrocesos vividos en las últimas décadas, en muchos países del mundo, la primera resolución del congreso apunta a promover imperiosamente la necesidad de esa separación.

Uno de los aspectos determinantes, en ese contexto, se plantea en investigar y evidenciar los fondos estatales, aportados por todos los ciudadanos, que se destinan al financiamiento de las religiones o de sus instituciones; y denunciar ante las comunidades nacionales los crímenes cometidos por las religiones o los clérigos contra las personas, propugnando la inexcusable reparación a las víctimas. De la misma forma, se manifestó el irrenunciable compromiso con la libertad de los individuos y el absoluto respeto a su libertad de conciencia, con la justicia y el respeto de los derechos humanos; y, en consecuencia, proteger las decisiones individuales, tales como la apostasía y el derecho a una muerte digna.

Un capítulo importante de las resoluciones es el compromiso de seguir trabajando por el pleno reconocimiento de los derechos de la mujer y la aplicación del principio de igualdad de derechos, combatiendo la violencia en su contra que se manifiesta en muchos países del mundo, por tradiciones religiosas obsoletas, y promoviendo el ejercicio de los derechos que permitan a la mujer decidir sobre su propio cuerpo.

Otro aspecto importante de las resoluciones fue la decisión de trabajar por el fomento de la libertad de asociación, la garantía de los derechos de los trabajadores, de los ciudadanos y la sociedad toda, para el desarrollo de una mejor vida. Una sociedad más justa y equitativa, fraterna y solidaria, que permita el desarrollo pleno de las capacidades de todos los seres humanos - hombres y mujeres - para lograr el perfeccionamiento material, intelectual y espiritual de la humanidad, afirmando que una alta aspiración humana es buscar la felicidad en el respeto de todos.

Se comprometieron también esfuerzos para trabajar por la conservación de la naturaleza como un bien común de todos los seres humanos, y por tener una educación y formación pública, laica y gratuita al servicio de todos los ciudadanos. De la misma forma, en continuar demandando la derogación de todos los concordatos suscritos por los diversos Estados con la Iglesia Católica y otras religiones, por los privilegios que de ellos devienen, así como la abolición de todo tipo de Estado confesional.

Por último, se resolvió apoyar a las asociaciones que, en el continente americano y en otros países, vienen auspiciando para celebrar los días 20 de septiembre de cada año, el Día del Librepensamiento, como homenaje a los hombres y mujeres que combaten por la libertad, la igualdad y la fraternidad entre los seres humanos y los pueblos. Esa fecha recuerda la toma de Roma por las fuerzas de la unificación italiana, encabezadas por Garibaldi, y que representó un gran triunfo para las fuerzas democráticas, republicanas y seculares del mundo.

El último acto del Congreso consistió en rendir homenaje a Malala Yusufzai, la niña paquistaní a la que los talibanes atacaron e hirieron por defender la educación femenina.