Chile está viviendo una de sus tragedias telúricas más graves, como consecuencia del terremoto y tsunami que afectó las Regiones del Maule y del Biobío, especialmente, pero que se extendió por más de 700 kms a lo largo del país, con una intensidad promedio de 8 grados Richter.
Los daños producidos son enormes, y la emergencia producida, han puesto en evidencia problemas que parecían impensables, pero que dan cuenta que hay muchos problemas que no han sido abordados debidamente como país.
El primero de ellos, un sistema integral de manejo de emergencias. Lo que separa un país eficiente – más allá de la pretensión de la etiqueta del desarrollo - de aquel que no lo es, es la existencia de un buen sistema de protección civil para casos de emergencia y de respuesta ante catástrofes. El fin fundamental de todo sistema de ese tipo es proteger a la población y las capacidades de suministro en sus distintas variables.
Ello debe involucrar a todas las estructuras del Estado, sean civiles o castrenses. En una situación de catástrofe, todos los sistemas de comunicación quedan a disposición de la autoridad legal que corresponda, dentro de un plan bien elaborado. Mucho se ha discutido sobre la ONEMI, después del terremoto, pero en un plano de absoluto irrealismo, ya que – seamos sinceros – la mencionada Oficina no está preparada para enfrentar una catástrofe en desarrollo, sino para actuar después que ella se ha producido y a una escala propia de un país con menos de 5.000 dólares per cápita.
Mucho se ha discutido sobre si la Armada dio avisos adecuados para prevenir el tsunami, pero es obvio que hasta esta institución sufrió percances tercermundistas, porque no tuvo una capacidad operacional para enfrentar la posibilidad y consecuencias de un maremoto. Lo que funcionó fueron los viejos protocolos, pero no la capacidad de trasmitir información concreta. De hecho, un diario consigna que un grumete salva un remolcador porque se recordó del protocolo, no porque recibiera la orden para ello. Otro ejemplo, una costosa lancha misilera termina sobre el muelle de Talcahuano, sin que nadie la sacara a alta mar. Ejemplos así hay muchos que dan cuenta que la organización experta en territorio marítimo no expresó su experticia en el momento en que debía.
A nivel de las empresas, la situación también deja mucho que desear. Las empresas suministros básicos (eléctricas y agua) han demostrado que no tienen planes de contingencia efectivos y si los tienen son de muy baja escala: los necesarios para que no se eleven los gastos. Un terremoto demanda gastos significativos, por lo cual, las empresas deben considerar gastos de contingencia mayores, e incentivos importantes para personal actuando en casos de emergencia.
Lamentable ha sido lo ocurrido con los saqueos a supermercados y farmacias. Pero, producida una catástrofe no es posible que los centros de consumo estén cerrados, sobre todo si tienen artículos de primera necesidad. Debe haber planes de contingencia que estimulen a los empleados a concurrir a trabajar. Si las cadenas de supermercados y las cadenas farmacéuticas controlan monopólicamente los productos de primera necesidad y los medicamentos esenciales, deben tener la capacidad de responder ante situaciones de emergencia. Si no pueden atender público, deberán atender a los pequeños almaceneros para que ellos puedan poner los productos a disposición de los consumidores, pero tienen que reponer la cadena de suministro básico de manera urgente. En Santiago, que no tuvo daños de la envergadura del Maule y el Biobío, hubo supermercados que reabrieron después de 3 días.
Las lecciones que dejan el terremoto y tsunami es que debe haber un sistema de emergencia que establezca obligaciones y coordinaciones más eficaces. Un sistema que movilice personal y recursos con inmediatez. Una gran herramienta de respuesta coherente y efectiva. Ella debe involucrar a las instituciones del Estado, a los monopolios, y a organizaciones de la sociedad civil que son determinantes para enfrentar una catástrofe. Todos con planes de contingencia debidamente concebidos y coordinados.
El Manual Nacional para Catástrofes es una tarea de tanta urgencia, como otros problemas tan acuciantes de un país que aspira a consolidarse en el club de las naciones con una escala de desarrollo pensado en las personas, no en la escala de crecimiento económico que solo produce ganancias a unos pocos.
Por último, una aspiración: que la tragedia que vivimos sea una oportunidad de aprender a proteger a nuestros ciudadanos, no una oportunidad para enriquecer a los que se beneficiarán con el negocio de la reconstrucción, dejando las cosas como están.
