domingo, 22 de noviembre de 2015

La crisis de la democracia en Chile. Los desafíos democráticos pendientes.




Presentación

Hace una década atrás, cuando se analizaba la realidad política de Chile, en ambientes que asumían las deudas pendientes que había dejado la transición a la democracia, el diagnóstico más consensuado era que nuestro sistema político post transicional tenía una profunda crisis de representación.
Ello se expresaba de manera más patente en el parlamento, producto del sistema electoral binominal, la modalidad que la dictadura de Augusto Pinochet había diseñado para mantener una fuerza política relevante en el parlamento, que impidiera desmontar el modelo institucional que había concebido para la sobrevivencia de su proyecto refundacional de país.
En ese diagnóstico – la crisis de representación – estaban de acuerdo gran parte de los parlamentarios y dirigentes políticos (nacionales, regionales y comunales) de los partidos políticos que formaban parte de la coalición en el poder – la Concertación Democrática -, formada en el fragor culmine de la lucha contra la dictadura, heredando el impulso de lo que fuera la Alianza Democrática.
La evidencias que señalaban que había una profunda crisis en el sistema de representación eran muchas, pero, lo más determinante en la demostración, era que, gran parte de los parlamentarios, habían logrado su elección luego de ser nominados  por medio de procesos que no se caracterizaban por la transparencia democrática y que validaran una legitimidad representacional.
Ese diagnóstico fue parte de muchos debates, foros, paneles televisivos, seminarios, etc., especialmente durante el primer gobierno de la actual Presidenta de la República. Era un periodo en que había la sensación de que era posible aspirar a más democracia, a más legitimidad política.
Sin embargo, lo que quedó en el ambiente fue que, aquellos dirigentes y parlamentarios que exponían con más fuerza la crisis de representación, jamás asumieron un compromiso cierto de poner con fuerza y decisión, dentro de los partidos y las instancias institucionales, una voluntad efectiva por provocar el cambio de ese estado de cosas. Es más, fue fácil constatar que, ellos y la clase política en general, se veían claramente favorecidos con un sistema urdido para no poner en riesgo las bases de la institucionalidad, como le gustaba decir a los barones de la política post dictatorial.
A los parlamentarios que siguieron siendo reelegidos por la fórmula binominal, una y otra vez, y a los partidos políticos, que obtenían una bastante previsible representación parlamentaria, todo ese andamiaje legado por la dictadura, al fin y al cabo, les resultaba bastante conveniente. De hecho, los cálculos de los expertos electorales de los partidos eran determinantes para saber con quienes había que competir, y a que candidatos había que poner para perder. Los expertos electorales lograron así convertirse en los grandes electores del sistema político.
El diagnóstico sobre la crisis de representación fue diluyéndose en el esfuerzo simplemente académico o mediático, que nunca logró cuestionar seriamente una práctica extendida y transversal (desde los partidos conservadores hasta los partidos de la Concertación).
Como demostración de aquellos vicios, en la elección parlamentaria cruzada por el diagnóstico de la crisis de representación, hubo un ejemplo paradigmático: en la Región de los Lagos fueron electos senadores, en representación de los partidos conservadores, Andrés Allamand, y en representación de la Concertación por la Democracia, Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Ambos no tuvieron compañeros de lista, que diera un atisbo de interés en señalar alternativas que otorgaran validez a la supuesta intención democrática de los partidos, en aquellas elecciones senatoriales.
Fueron electos supuestamente en las elecciones de la circunscripción. La verdad es que la elección la habían hecho los negociadores de las coaliciones.
Aquel episodio fue categóricamente el summun de la crisis del sistema de representación y uno de los más oscuros episodios del binominalismo.
No fue extraño que ambos fueran luego postulantes a la Presidencia de la República. De tal modo que su legitimidad política no estuvo en las prácticas democráticas, sino en el manejo del sistema electoral. Fueron ambos las expresiones de un sistema basado en el manejo de la representación entre las bambalinas, en una política manejada por quienes hicieron del binominalismo una ventajosa modalidad de reparto del poder político a espaldas del pueblo.



Las causas de la crisis.

Con el paso de tiempo la crisis de representación ha conducido a una crisis de la democracia. Y si nos preguntamos cómo evolucionó la crisis de representación hacia una crisis de la democracia, ello se debió a dos aspectos que considero fundamentales:

1)      La crisis de la institucionalidad democrática, producida por el agotamiento de la Constitución de 1980 y la insuficiencia de reformas en 2005 y por los efectos del sistema binominal.
2)      Y la crisis de los partidos políticos, provocada por la pérdida de prácticas democráticas y por un proceso de oligarquización de la clase política.

La crisis de la institucionalidad democrática.

Absurdo sería afirmar que en Chile no ha habido democracia por el hecho de regir la Constitución de 1980. Absurdo sería desconocer que los cambios aprobados en 2005 no fueron avances en la desarticulación de ciertos bastiones institucionales de la dictadura. Quien lo piense así, solo se guía por consideraciones esencialmente voluntaristas y poco sabe de la política como actividad sujeta a tensiones permanentes y como arte que trata de las contradicciones de intereses que se conjugan para construir opciones de solución válidas para todos.
La transición chilena, del régimen militar a un régimen democrático fue una de las más largas que se constata en la política contemporánea. Fue un largo avance a través de un campo minado. Desde el momento que las fuerzas democráticas optaron por un proceso institucional, y luego de fracasar todas las opciones rupturistas de los años 80´s, estaba claro que no sería fácil arrebatar el poder a quienes lo habían tenido a su merced de manera absoluta.
Para quienes hacen duras críticas hoy, sobre lo que se hizo y no se hizo, no ha estado nunca en su perspectiva de análisis las amenazas que se cernían de manera constante sobre el proceso de transición. Creo, al respecto, que la transición recién pudo amarrarla y dejarla enclavada al análisis de la historia el Presidente Ricardo Lagos. Lo hizo después de superar la amenaza que significaba para el conservadurismo la presencia de un Presidente de identidad política socialista, el primero después de Salvador Allende.
Allí, en 2005, se selló la desvinculación de los militares del poder político. Creo que fue una enorme victoria para la democracia. Determinante para tener FF.AA. subordinadas al poder civil. Sin embargo, quedaron pendientes problemas fundamentales que la propia consolidación democrática exigía.
Son esos factores los que comenzarán a pesar en el tránsito democrático y que determinan el carácter de la crisis de la democracia que tenemos ante nuestros ojos.  Los sectores conservadores, sin embargo, consideran que no hay tal crisis. Pero ella aflora incuestionablemente en cualquier análisis objetivo.
Si alguien considera que no es manifestación de crisis la alta reprobación social a los partidos, coaliciones y a todo el ejercicio política, es que vive en un limbo, o es simplemente indiferente a las prácticas democráticas.
Si alguien considera que no es crisis la percepción social frente a los procesos políticos, que se manifiesta en abstención y en reprobación pública, y no en legitimidad y participación, quiere decir que ignora el valor de la ciudadanía en el ejercicio político.
Si alguien piensa que la profunda objeción ética establecida por la evidencia de corrupción, que los procesos seguidos por la Fiscalía Nacional investigan, no tiene un impacto en la institucionalidad, es que no tiene la capacidad de calibrar los hechos con objetividad.
Estas graves señales dan cuenta de un proceso de descomposición de las prácticas políticas, que están poniendo en grave riesgo  a la democracia y la estabilidad social.
Con asombro hemos escuchado a políticos conservadores que supuestamente preconizan ideales democráticos, señalar que la Constitución Política no requiere cambios, y que el actual texto da estabilidad. Por cierto, al analizar esas expresiones, queda la profunda duda sobre el trasfondo de esas aseveraciones.
Es casi natural que el conservadurismo tenga como propósito la perdurabilidad de lo existente, sobre todo si ello genera beneficio para los sectores que representan, pero cualquier observador constata que la actual Constitución tiene un cuestionamiento de fondo que impide una institucionalidad sana y creíble.
Hemos observado que en Chile, la soberbia que impusiera el conservadurismo frente a nuestros vecinos, no nos permite ver el alcance de nuestra crisis política. Sin embargo, esta semana se han realizado elecciones presidenciales en Argentina, donde votó el 80% del electorado. En las últimas elecciones en Bolivia, de carácter departamental, participó el 95% de los electores. Chile, en tanto, es el país con los índices más altos de abstención, según el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral. Si esto no es expresión de una crisis, no sé cómo podría calificarse. No olvidemos que, en nuestras últimas elecciones presidenciales, de cada 100 electores 58 no ejercieron su derecho. De ese modo, hemos superado en abstención a Mali, Serbia, Portugal, Lituania, Colombia, Bulgaria y Suiza, todos con más de un 50% de abstención, De los nombrados, solo dos tienen una larga tradición democrática.

La pérdida de prácticas democráticas en los partidos democráticos.

Es un hecho que los partidos políticos hace rato dejaron de ser expresión de una praxis democrática y son manifestación palmaria de una oligarquía política, que, como lo hemos constatado, se vincula y es funcional a la oligarquía económica. De hecho, las investigaciones de los fiscales han puesto en total evidencia esta afirmación, aún cuando en definitiva esas investigaciones no terminen con acusados encarcelados.
Y aquí tenemos que hacer una distinción importante. Cuando hablamos de la perdida de las prácticas democráticas en los partidos políticos, nos estamos refiriendo a la pérdida del compromiso democrático que se produce en los partidos que protagonizaron la lucha por la democracia. Es allí donde se produce una censurable pérdida del compromiso que posibilitó dar paso a la transición, y ello afecta rotundamente el modelo de democracia que se habían comprometido a introducir.
No es el mismo diagnóstico que pueda aplicarse a los partidos conservadores – UDI y RN -, que han sido exitosos en los resultados y en su formulación, ya que su rol ha sido entorpecer el desarrollo democrático, y constituirse en una fuerza de tarea para desarmar la pujanza democratizadora. No eran ellas las organizaciones llamadas a convertirse en el laboratorio en que se constituirían las prácticas democráticas que había que enseñar al pueblo, al país. El autoritarismo y la oligarquización ha estado siempre en la naturaleza de los partidos conservadores, que surgieron para sostener el andamiaje político legado por la dictadura.
 Nuestra perspectiva de análisis se centrará, en virtud de ello, en los partidos que estaban llamados a desarticular el régimen legado por la dictadura, y hacer de la democracia una expresión fidedigna de sus propósitos políticos.
Si analizamos lo que ocurre en la lucha por la democracia y los esfuerzos por terminar con la dictadura de Pinochet, comprobaremos que todos los partidos y organizaciones políticas – cual más, cual menos -, construyeron sus organizaciones con niveles de participación y debates internos.
Seguramente, ello devenía de la impronta de que la lucha por la democracia había que hacerla con convicciones muy firmes y con la capacidad de ser transmitidas a un pueblo que había perdido toda posibilidad de ejercicio democrático. Era necesario imbuir a las personas de la necesidad democrática, aunar fuerzas y sumar convicciones. Hubo partidos que lograron movilizar tras sus enseñas a importantes contingentes de personas  y sus registros de inscripción legal se nutrieron de entusiastas chilenos, convencidos de que su partido encarnaba los ideales y propósitos que mejor le representaban.
Algunos fueron capaces de atraer a los jóvenes y a los estudiantes, con una convocatoria atrayente, prometedora e incorporadora. Recuerdo por ejemplo, lo que ocurría en las elecciones estudiantiles de fines de los 80´s e inicios de los 90´s.
Sin embargo, el proceso de transición a la democracia fue erosionando esa realidad, y poco a poco los partidos democráticos se fueron transformando en instancias burocráticas, dominados por los “barones” o caudillos que actuaban solo ante sí y por sí mismos, y con un acendrado conformismo frente a los vicios del sistema democrático. Aquello que en algún momento se definió como “lo posible” – recordemos la frase de Aylwin: “en la medida de lo posible” -, dejó de ser un resultado final frente a los objetivos esperados, para convertirse en “la praxis de lo posible”.
Los “barones” – término acuñado en la transición española a la democracia, y que señalaba a los jerarcas de los partidos sin historia democrática - se apoderaron de la dinámica interna de los partidos democráticos, y sustituyeron las instancias de participación por simples puestas en escena de discusión y debate, protagonizada por los concursantes a los cargos públicos detrás del padrinazgo de alguno de los jerarcas.
Fenómenos extranjeros de similar carácter los hay. En México ocurrió con el Partido Revolucionario Institucional, que gobernó por décadas, y que hoy en el poder nuevamente vuelve a replicar el fenómeno. De alguna manera es lo que se vive con el peronismo en Argentina, aún cuando en Chile ha existido algo de pudor, ciertamente.
Un proceso que se dio en los años de la dictadura, para mantener las organizaciones políticas que existían antes de la dictadura, y una buena parte de sus líderes debían mantenerse en el extranjero o en Chile en una peligrosa ilegalidad, la cooptación, recuperó su importancia para transformarse en un modalidad de construcción y mantención de poder de los caudillos políticos, que se han repartido el poder político dentro de los partidos.

Factores determinantes en la práctica política de los liderazgos.

Cuando analizamos la realidad de los partidos, se hace necesario comprender desde la teoría política cuales pudieron ser los factores que determinan que personas, con un importante aporte a las ideas democráticas de nuestro país, en realidad construyeron desde la práctica política partidos que han sido la negación de ese propósito superior.
Sin ánimo de exculpación, creo que ello se encuentra en el carácter mismo de la transición.  Recordemos que la transición a la democracia en Chile, no fue como en Argentina, por ejemplo, consecuencia de una degradación irreversible de la dictadura. En Argentina, por ejemplo, la derrota en la breve guerra de las Malvinas tuvo un efecto determinante. No fue como en España, donde la muerte de Franco provocó un efecto en cadena de descomposición de los sustentos políticos de su régimen.
En Chile, la transición a la democracia fue negociada. Fue negociada con la dictadura, fue negociada con EE.UU., cuando aún estaba vigente la guerra fría. Los acuerdos y las negociaciones que allí se plantearon, crearon niveles de compromiso que obligaron a sus protagonistas, con seguridad, y las consecuencias se evidencian cada vez más, a medida que pasa el tiempo.
Ello estableció un curso transicional que delimitó las posibilidades de participación y el debate democrático. Por cierto, el debate no podía ser socializado de manera amplia, sin arriesgar el alcance de lo consensuado en cada oportunidad. Ello creo una lógica política que, si bien tuvo una explicación en la transición, buscó y logró perpetuarse en la práctica de los liderazgos. El episodio de la resolución del debate en torno a la Reforma Tributaria, hace menos de un año, es muestra clara de ello.
En esa práctica política, la realidad ha demostrado que el sistema electoral binominal fue de enorme beneficio para la clase política entronizada en la institucionalidad del Estado, y su ilimitada ambición de perpetuarse. No solo permitió consolidar y proteger a un grupo dirigencial del país, sino que creó las condiciones para establecer una oligarquía política, que se ha avenido muy bien con la oligarquía económica y financiera, que domina ampliamente en el país. Se supone que la reforma aprobada hace menos de un año cambiará ese escenario, sin embargo, es una reforma que sigue siendo funcional a las proyecciones de los expertos electorales, no precisamente a mejorar sustancialmente el sistema de representación.
En las semanas recientes, hemos visto el debate por las proposiciones de la Comisión Engel, y la discusión parlamentaria en torno a alguna de sus propuestas, que buscan modificaciones legales importantes a la ley de partidos políticos. Frente a los claros planteamientos del presidente de esa Comisión Presidencial que le da nombre a la instancia, ha sido insólito escuchar determinados argumentos descalificatorios, y que, en definitiva, apuntan a la mantención del statu quo político de los partidos. Algunos han acusado a Engel de no saber de política, mientras otros han aseverado que desconoce lo que es militar en un partido.

Desafíos pendientes.

Uno de los objetivos de esta noche tiene que ver con los desafíos pendientes, para enfrentar la crisis de la democracia. Nos referimos, sin lugar a dudas, a los desafíos que quedaron sin abordar por la transición, y por el estado institucional que surge de las reformas constitucionales del año 2005, y que siguen siendo aspiraciones fundamentales para contar con una institucionalidad completamente democrática.
A juicio de este observador, la agenda de profundización de la democracia, tiene a lo menos 6 aspectos fundamentales:

1.      Republicanizar la institucionalidad.
Cuando hablamos de República, lo estamos haciendo respecto de un sistema político existente en una jurisdicción territorial, donde la soberanía descansa en el pueblo. Toda dictadura es lo opuesto a una república. Todo sistema oligarquizado está lejos de un sistema republicano. Uno de los objetivos fundamentales en una etapa de profundización democrática es reponer la efectiva soberanía popular en la generación del poder y en el ejercicio de toda política. Solo en la medida que republicanicemos la institucionalidad, los mandatarios del pueblo, en la instancia en que fueron elegidos por el voto ciudadano, responderán a sus mandantes, y no a los intereses particulares a los que se deben por compromisos oscuros. Republicanizar implica también establecer los mecanismos de verificación del mandato e instancias revocativas del mandato recibido, única forma de garantizar  la soberanía popular sea efectiva.

2.      Una nueva Constitución.
Creo que hay un consenso nacional de que la Constitución debe ser cambiada.
Ello debe ocurrir a través de un proceso ampliamente participativo. Lo que debemos tener a futuro, debe ser una carta magna con los atributos suficientes como para acoger una idea común de país, con sus diversidades, con sus desafíos comunes, con su común comprensión sobre los elementos institucionales fundantes de un país para todos.
Países con menos tradición política democrática que Chile, han tenido la capacidad de generar una Constitución mucho más ligada a la idea de país que todos los ciudadanos tienen y más coherente con una idea integradora. Pongo dos casos exitosos al respecto: Túnez y Bolivia.
Chile tiene mayores ventajas institucionales y más experiencia histórica para lograrlo, en la medida que los sectores conservadores se abran a reconocer la viabilidad de una Constitución más cercana a nuestras mejores tradiciones políticas, asumiendo la evolución de los tiempos que nos toca vivir como sociedad política.

3.      Institucionalización de la laicidad del Estado y del sistema político.
Entendemosla laicidad como un régimen social de convivencia, cuyas instituciones políticas están legitimadas por la soberanía popular y no por elementos religiosos. Ella descansa en tres pilares: la libertad  de conciencia, lo que significa que la religión es libre porque solo compromete a los creyentes, y que el ateísmo es libre porque solo compromete a los ateos; la igualdad de derechos, que impide todo  privilegio público de la religión o del ateísmo; y la universalidad de la acción pública, esto es, sin discriminación de ningún tipo (esto, es sin ventajas para algunos y desmedro para otros).
El Estado laico es una tarea aún por cumplir.
Cuando pensamos la institucionalidad que debe regir a nuestra república, y que debe caracterizar el desempeño de nuestros representantes, creemos que es fundamental construir los basamentos definitivos de un Estado laico.

4.      Desoligarquización política.
Un desafío fundamental de la agenda política de hoy, es imponer fuertes énfasis en la desoligarquización política de nuestra clase dirigente.  Las propuestas de la Comisión Engel, apuntan a hacia ese proceso.
En ese contexto, hay tarea claves que deben ser asumidas;
a)      Es necesaria la reforma a la ley de partidos políticos, estableciendo instrumentos y mecanismos de control eficaces, que garanticen procesos de decisión democrática en sus estructuras.
b)      Deben imponerse normas que impidan las reelecciones y que garanticen el aprovechamiento técnico de la experiencia acumulada, Si quien ejerce la Presidencia de la República no puede ser reelecto (a) de manera inmediata, no hay razón alguna para la reelección de otros cargos de elección popular (senadores, diputados, consejeros regionales, alcaldes, concejales).
c)      Pese a la reforma del sistema binominal, se hace necesario seguir insistiendo en tener un sistema de representación que sea más proporcional a la realidad poblacional y geográfica del país. Si bien hay avances y mejoras, respecto al sistema binominal previsto por la dictadura, el nuevo sistema electoral no pasa de ser un sistema binominal corregido.

5.      Financiamiento público de la política.
Sin financiamiento público de la política y la penalización drástica de todo aporte de empresas o de personas con dinero, una institucionalidad sana no sería posible. La experiencia de los últimos 25 años da cuenta de la enorme distorsión que producen los aportes millonarios a determinados candidatos o partidos. Sobre la base de esa experiencia ninguna persona rica debiera convertirse en el soporte financiero de un partido o candidatura. Los aportes para los partidos y las campañas electorales deben ser financiadas por el sistema público, y estableciendo las condiciones en que los militantes o simpatizantes o adherentes puedan contribuir a los esfuerzos económicos de una campaña. En lo personal, he sostenido que las contribuciones económicas de las personas no pueden superar las 2 UF.

6.      Vigencia de los Derechos Humanos.

Por último, creo que el aseguramiento constitucional de los Derechos Humanos, es uno de los grandes desafíos  que deben ser asumidos por nuestra institucionalidad republicana. Se trata concretamente que los puntos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU, sean integrados a nuestra carta magna. Ello tendría un efecto pionero de alcance mundial. El alcance que tendría en nuestra institucionalidad sería de gran importancia para convertir a nuestro país en un ejemplo señero, que sería ampliamente favorable también a los derechos de las personas y las seguridades humanas.

República




En los conceptos políticos que han abundado en nuestra actual democracia - y que es bueno tener a la vista en el debate que debiera permitir modificaciones constitucionales -, se advierte el uso del concepto “republicanismo” por algunos personeros políticos, para dar atributo a ciertas conductas que deberían constatarse en las prácticas entre estos actores.
Queda la duda siempre, respecto a lo que pretenden expresar esos actores, porque ocurre que “republicanismo” no tiene que ver con determinadas conductas de caballerosidad o de atildado trato entre representantes de partidos o de las instituciones del Estado.
Lejos de ello, lo republicano viene de algo mucho más equidistante del trato que deban darse entre ciertos tribunos o exponentes institucionales del Estado. Concretamente, lo republicano viene de la relación entre el Estado y el pueblo, del contrato que los ciudadanos dan a quienes cumplen funciones de poder a su nombre y viceversa.
En una república la soberanía radica en el pueblo. Cuando no hay república la soberanía radica en otras expresiones y estructuras de poder.
Es un hecho histórico que, cuando se forman los países americanos, a partir de su emancipación de las metrópolis coloniales, los líderes del proceso independentista optan por la república, no solo para romper con las casas reales coloniales, sino también romper con un sistema político radicado en una soberanía absolutista, muchas veces pretendidamente derivada de un mandato divino.

Las corrientes del pensamiento político, sustentadas en la reflexión del llamado “siglo de las luces”, y los sectores sociales que las acogieron, lo que buscaron fue precisamente establecer un nuevo carácter del Estado y de la organización política que debía regir su ordenamiento.
De esta manera, recuperan y reescriben el concepto de ciudadanía - que nace de la escuela política griega, que recobra valor en el Renacimiento, y que es vindicada por la revolución francesa -, para establecer una propuesta de ordenamiento político donde la soberanía la ejercería el pueblo a través de mandatarios, que debían cumplir las tareas de administración y legislación.
La República, por la que optaron los jóvenes dirigentes de la emancipación americana, en general, se vio frustrada por diversos procesos de restauración de los poderes dominantes de la etapa colonial.
Ocurrió en Chile con el régimen pelucón o portaliano. Ellos reescribieron el conceptos de república, a través de algunas mascaradas conceptuales. Así, desde entonces, lo republicano, lo asociado a la determinación de la soberanía popular, ha experimentado posteriormente distintos procesos de reemergencia y de retrocesos.
En consecuencia, se ha usado el concepto de república muchas veces como una definición formal, y todas las Constituciones de 1933 en adelante, han soslayado el fundamento mismo de la idea republicana: que la soberanía 

(Publicado como editorial de la revista digital "Iniciativa Laicista", edición de septiembre de 2015)

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