Financiamiento político y poder económico

Un debate postergado reiteradamente, ha retomado fuerzas nuevamente, a propósito de las indagaciones sobre el llamado Caso Penta: el rol del poder económico en la política chilena, aunque, con más precisión, el rol del poder económico de un tipo de empresarios en el desarrollo de la democracia chilena.

Es un segmento del empresariado con una decidida concepción de hegemonía, que tiene expresiones políticas, económicas, religiosas y sociales muy específicas, y que viene produciendo desde hace rato episodios que afectan profundamente la marcha de la sociedad chilena, manipulando su desarrollo democrático y, no pocas veces, distorsionando la institucionalidad política y económica a su amaño.

Con un desparpajo que no pocas veces se viste de prepotencia, dominan los debates democráticos porque cuentan con su hegemonía sobre los medios de comunicación o sobre las agencias que financian la publicidad, coartando o regulando los debates públicos, impidiendo de ese modo que aquellos efectivamente cumplan su esperado rol en democracia.

En todos los grandes debates y en todos los eventos que han conmovido a la sociedad chilena y a su opinión pública, recurren a quienes le deben sus favores, posición y consideración económica, para distorsionar los debates y alterar la finalidad de las decisiones que la gran mayoría del país lo espera.

A través de colusiones, han afectado el desarrollo de las reglas del mercado, han presionado sobre la agenda pública, y han subordinado a no pocos actores en momentos en que la sociedad ha buscado miradas distintas sobre determinadas políticas públicas.

Son los mismos que han aventado los proyectos de hegemonía en la educación, los que están presentes en los distintos desarrollos de institucionalidades y proyectos de predominio religioso, de claro sesgo valórico unilaterista. Son los mismos que han estado tras el poder económico de congregaciones religiosas que han buscado determinar el curso de la sociedad civil, desde la práctica de la exclusión y la segregación por ingresos. Varios de ello han proclamado la santidad de Maciel y sus protegidos, a pesar de la criminalidad de sus actos.

La investigación sobre el mal uso del FUT y las devoluciones de impuestos fraudulentas, ha puesto en evidencia, nuevamente, como el poder económico de esta clase de empresarios, impone una profunda distorsión en la generación de nuestro sistema político de representación.

Hay muchos políticos chilenos que deben su elección a la enorme diferencia de recursos económicos que dispusieron en la campaña electoral. Seamos sinceros y miremos las diferencias de recursos que muchas, muchas veces, en distintas elecciones, ha sido advertido por la ciudadanía.

A través de los recursos económicos, en muchas oportunidades, se han convertido en los grandes electores, dejando los procesos electorales contemplados por la ley solo como un proceso de formalización. Las listas que han sido conocidas, sobre aportes a las campañas electorales de determinados parlamentarios en ejercicio, llaman a la reflexión y al repudio ciudadano, más aun cuando se trata solo de lo conocible y cuando queda la gran interrogante sobre los llamados “aportes reservados”.

Es tremendamente dudoso el que haya algunos que planteen que el sistema de financiamiento electoral es perfeccionable o que se trate simplemente de un asunto mejorable. El sistema de financiamiento electoral no admite mejoras, definitivamente. Lo que se requiere es una nueva legislación. Es de tal importancia este aspecto, que aun cuando el fin del sistema binominal sea posible, en sí mismo uno de los lastres de la dictadura que ha distorsionado gravemente el sistema de representación política en Chile, ello no implicará el aseguramiento de una mejor expresión de la voluntad popular mientras el sistema de financiamiento de las campañas electorales esté tan determinado por esos aportes económicos.

En esa perspectiva, debe establecerse un sistema de financiamiento público de las campañas y un tope legal para el financiamiento de las distintas elecciones (municipales, regionales, parlamentarias y presidenciales). Quien trasgreda los montos legales debe ser investigado criminalmente.

Concretamente, no cabe duda que hay que poner fin a cualquier financiamiento de tipo corporativo o de personas que integran directorios de corporaciones en campañas políticas. Dado que la generosidad puede ser una sana motivación de un adherente político, ello debe ser regulado a través de una cifra tope. Por ejemplo dos UF.

Ese tipo de financiamiento privado solo debería ocurrir en los procesos previos de postulación, pero nunca cuando ya las candidaturas hayan sido inscritas legalmente, donde solo debe operar el financiamiento público. Obviamente, debe haber un financiamiento para la campaña y una retribución posterior, una vez electo de acuerdo al cargo.

Sin duda, ello hará innecesario los ingentes recursos que algunos exhiben hoy, con alcances de prepotencia, y que tanta distorsión producen en nuestro sistema de representación y de elección de autoridades. Es la forma también de poner fin a las prácticas de hegemonía que determinados sectores del poder económico han impuesto en nuestra sociedad.

(El presente texto corresponde a la editorial de la revista digital "Iniciativa Laicista" de noviembre de 2014)

El vivir humano y el aborto

No es necesario que sea presentado un proyecto de ley ante el parlamento. Basta que haya un solo anuncio de someter a la consideración legislativa la idea de cambios a la ley, que ponga fin a la penalización del aborto en tres casos extremos, para que los sectores conservadores y retardatarios chilenos, salgan a proclamar una confusa “defensa de la vida”, descalificando a quienes promueven la necesidad de tener políticas de salud más racionales, de acuerdo a las posibilidades de la medicina contemporánea.

Queda claro que quienes han agitado, más que el debate, la intimidación como arma comunicacional, sacando a un grupo no menor de niños y jóvenes pudientes a hacer manifestaciones, y contando con una amplia cobertura de medios perfectamente sustentados en el avisaje económico de los grupos de poder fáctico - proclamando con descontrolada pasión la “protección de la vida” -, son aquellos que tienen una curiosa historia de agravios contra la calidad de la vida humana.

Porque de eso se trata: la vida humana y el vivir humano. Se trata de personas reales, que viven la realidad, y que enfrentan las alternativas del vivir. Se trata de la calidad de vida y de la crudeza que significa enfrentar y resolver problemas objetivos de mujeres que sufren.

No estamos discutiendo aún de los derechos reproductivos, un debate que en todo caso está pendiente. La propuesta que ha sido puesta sobre la mesa, para ser sometida al análisis legislativo cuando haya un proyecto definido, se trata solo de aquellos casos que, en su condición extrema, son reconocidos en todos los países donde la recomendación sanitaria está sobre cualquier consideración determinista. Tres casos que cualquier mujer, más allá de sus convicciones religiosas, valoraría como necesarias, cuando se enfrente a una situación de esas características: el riesgo de vida de la madre, inviabilidad del feto o una gestación a consecuencia de violación.

Estamos hablando del sentido común que primaría en una familia, por ejemplo, frente a lo que esté sufriendo una hija, madre o hermana, como consecuencia de cualquiera de esas alternativas. Estamos hablando de casos que afectarían a mujeres que son parte de nuestra cotidianidad societaria. Estamos hablando de familias que se enfrentan a esa realidad dramática. Y lo que es peor, estamos hablando de mujeres pobres, que muchas veces deben tomar decisiones en la más absoluta soledad.

Para cualquier persona o familia la concepción es maravillosa, cuando las condiciones que la hacen posible son promisorias. El proceso de gestación y el desarrollo de una futura vida humana, en condiciones seguras y deseadas, permiten la felicidad y la realización no solo de las mujeres, sino de una pareja y de una familia. La sociedad se hace parte de esa condición estimulante.

La cuestión que también debe hacerse cargo la sociedad, es tener que aceptar que haya mujeres, y su medio familiar, que se nieguen a la concepción en condiciones de trauma y riesgo. Nadie tiene derecho a pedir la inmolación a otra persona, o a una integrante de la sociedad, por un conjunto de ideas confusas sobre la vida o sobre la interpretación de ciertas “verdades escritas”. Hay ciertas visiones que aún proclaman que el sufrimiento es parte de una forma de redención o de fin último del existir. Bien por ellas si logran concretarlo en sus vidas y logran satisfacción con los resultados. Pero no tienen por qué exigirlo, desearlo o imponerlo a los demás.

Así, ninguna mujer debe morir ante el riesgo potencial derivado de un embarazo. Los alcances religiosos que ello tenga es un tema que ponderará la afectada, y aún la inmolación podrá ser su legítima alternativa. Es su derecho de conciencia.

Tampoco, ninguna madre debe ser obligada legalmente a sostener un embarazo anómalo e inviable contra su deseo. Es una brutalidad pretender que ese proceso de gestación deba ser cautelada por el Estado y sus instituciones. En una ínfima cantidad de casos, en las familias de quienes promueven esa imprecisa “defensa de la vida”, tal alternativa sería aceptada. El sufrimiento de una madre con un proceso de gestación anómalo solo puede ser admisible si lo asume por propia decisión, pero la ley y el sistema de salud debe permitirle inexcusablemente una alternativa de término.

De la misma forma, ninguna mujer puede estar obligada a sostener una concepción como resultado de una violación. Hay antecedentes concretos en que El Vaticano no ha hecho objeción al aborto: con las monjas violadas en África, en los 60´s; en la derrotada Alemania, en 1945; así como en 23 países donde monjas fueron violadas por misioneros, en los 90´s. Podrá decirse que se trata de casos extremos de conmoción social, pero para una mujer una violación será siempre un caso extremo de conmoción.

Sacarse las máscaras del ideologismo y del extremismo conservador grandilocuente e introducir el propósito efectivo de la misericordia, es fundamental para abordar una despenalización que el sentido común y buenas políticas de salud requieren.

(El presente texto corresponde al editorial de Revista Iniciativa Laicista (Nro. 14, julio 2014)