Financiamiento político y poder económico

Un debate postergado reiteradamente, ha retomado fuerzas nuevamente, a propósito de las indagaciones sobre el llamado Caso Penta: el rol del poder económico en la política chilena, aunque, con más precisión, el rol del poder económico de un tipo de empresarios en el desarrollo de la democracia chilena.

Es un segmento del empresariado con una decidida concepción de hegemonía, que tiene expresiones políticas, económicas, religiosas y sociales muy específicas, y que viene produciendo desde hace rato episodios que afectan profundamente la marcha de la sociedad chilena, manipulando su desarrollo democrático y, no pocas veces, distorsionando la institucionalidad política y económica a su amaño.

Con un desparpajo que no pocas veces se viste de prepotencia, dominan los debates democráticos porque cuentan con su hegemonía sobre los medios de comunicación o sobre las agencias que financian la publicidad, coartando o regulando los debates públicos, impidiendo de ese modo que aquellos efectivamente cumplan su esperado rol en democracia.

En todos los grandes debates y en todos los eventos que han conmovido a la sociedad chilena y a su opinión pública, recurren a quienes le deben sus favores, posición y consideración económica, para distorsionar los debates y alterar la finalidad de las decisiones que la gran mayoría del país lo espera.

A través de colusiones, han afectado el desarrollo de las reglas del mercado, han presionado sobre la agenda pública, y han subordinado a no pocos actores en momentos en que la sociedad ha buscado miradas distintas sobre determinadas políticas públicas.

Son los mismos que han aventado los proyectos de hegemonía en la educación, los que están presentes en los distintos desarrollos de institucionalidades y proyectos de predominio religioso, de claro sesgo valórico unilaterista. Son los mismos que han estado tras el poder económico de congregaciones religiosas que han buscado determinar el curso de la sociedad civil, desde la práctica de la exclusión y la segregación por ingresos. Varios de ello han proclamado la santidad de Maciel y sus protegidos, a pesar de la criminalidad de sus actos.

La investigación sobre el mal uso del FUT y las devoluciones de impuestos fraudulentas, ha puesto en evidencia, nuevamente, como el poder económico de esta clase de empresarios, impone una profunda distorsión en la generación de nuestro sistema político de representación.

Hay muchos políticos chilenos que deben su elección a la enorme diferencia de recursos económicos que dispusieron en la campaña electoral. Seamos sinceros y miremos las diferencias de recursos que muchas, muchas veces, en distintas elecciones, ha sido advertido por la ciudadanía.

A través de los recursos económicos, en muchas oportunidades, se han convertido en los grandes electores, dejando los procesos electorales contemplados por la ley solo como un proceso de formalización. Las listas que han sido conocidas, sobre aportes a las campañas electorales de determinados parlamentarios en ejercicio, llaman a la reflexión y al repudio ciudadano, más aun cuando se trata solo de lo conocible y cuando queda la gran interrogante sobre los llamados “aportes reservados”.

Es tremendamente dudoso el que haya algunos que planteen que el sistema de financiamiento electoral es perfeccionable o que se trate simplemente de un asunto mejorable. El sistema de financiamiento electoral no admite mejoras, definitivamente. Lo que se requiere es una nueva legislación. Es de tal importancia este aspecto, que aun cuando el fin del sistema binominal sea posible, en sí mismo uno de los lastres de la dictadura que ha distorsionado gravemente el sistema de representación política en Chile, ello no implicará el aseguramiento de una mejor expresión de la voluntad popular mientras el sistema de financiamiento de las campañas electorales esté tan determinado por esos aportes económicos.

En esa perspectiva, debe establecerse un sistema de financiamiento público de las campañas y un tope legal para el financiamiento de las distintas elecciones (municipales, regionales, parlamentarias y presidenciales). Quien trasgreda los montos legales debe ser investigado criminalmente.

Concretamente, no cabe duda que hay que poner fin a cualquier financiamiento de tipo corporativo o de personas que integran directorios de corporaciones en campañas políticas. Dado que la generosidad puede ser una sana motivación de un adherente político, ello debe ser regulado a través de una cifra tope. Por ejemplo dos UF.

Ese tipo de financiamiento privado solo debería ocurrir en los procesos previos de postulación, pero nunca cuando ya las candidaturas hayan sido inscritas legalmente, donde solo debe operar el financiamiento público. Obviamente, debe haber un financiamiento para la campaña y una retribución posterior, una vez electo de acuerdo al cargo.

Sin duda, ello hará innecesario los ingentes recursos que algunos exhiben hoy, con alcances de prepotencia, y que tanta distorsión producen en nuestro sistema de representación y de elección de autoridades. Es la forma también de poner fin a las prácticas de hegemonía que determinados sectores del poder económico han impuesto en nuestra sociedad.

(El presente texto corresponde a la editorial de la revista digital "Iniciativa Laicista" de noviembre de 2014)