Presentación
Hace una década atrás, cuando se
analizaba la realidad política de Chile, en ambientes que asumían las deudas
pendientes que había dejado la transición a la democracia, el diagnóstico más
consensuado era que nuestro sistema político post transicional tenía una
profunda crisis de representación.
Ello se expresaba de manera más patente
en el parlamento, producto del sistema electoral binominal, la modalidad que la
dictadura de Augusto Pinochet había diseñado para mantener una fuerza política
relevante en el parlamento, que impidiera desmontar el modelo institucional que
había concebido para la sobrevivencia de su proyecto refundacional de país.
En ese diagnóstico – la crisis de
representación – estaban de acuerdo gran parte de los parlamentarios y
dirigentes políticos (nacionales, regionales y comunales) de los partidos
políticos que formaban parte de la coalición en el poder – la Concertación
Democrática -, formada en el fragor culmine de la lucha contra la dictadura,
heredando el impulso de lo que fuera la Alianza Democrática.
La evidencias que señalaban que había
una profunda crisis en el sistema de representación eran muchas, pero, lo más
determinante en la demostración, era que, gran parte de los parlamentarios,
habían logrado su elección luego de ser nominados por medio de procesos que no se
caracterizaban por la transparencia democrática y que validaran una legitimidad
representacional.
Ese diagnóstico fue parte de muchos debates,
foros, paneles televisivos, seminarios, etc., especialmente durante el primer
gobierno de la actual Presidenta de la República. Era un periodo en que había
la sensación de que era posible aspirar a más democracia, a más legitimidad
política.
Sin embargo, lo que quedó en el ambiente
fue que, aquellos dirigentes y parlamentarios que exponían con más fuerza la
crisis de representación, jamás asumieron un compromiso cierto de poner con
fuerza y decisión, dentro de los partidos y las instancias institucionales, una
voluntad efectiva por provocar el cambio de ese estado de cosas. Es más, fue
fácil constatar que, ellos y la clase política en general, se veían claramente
favorecidos con un sistema urdido para no poner en riesgo las bases de la
institucionalidad, como le gustaba decir a los barones de la política post
dictatorial.
A los parlamentarios que siguieron
siendo reelegidos por la fórmula binominal, una y otra vez, y a los partidos
políticos, que obtenían una bastante previsible representación parlamentaria,
todo ese andamiaje legado por la dictadura, al fin y al cabo, les resultaba
bastante conveniente. De hecho, los cálculos de los expertos electorales de los
partidos eran determinantes para saber con quienes había que competir, y a que
candidatos había que poner para perder. Los expertos electorales lograron así
convertirse en los grandes electores del sistema político.
El diagnóstico sobre la crisis de
representación fue diluyéndose en el esfuerzo simplemente académico o
mediático, que nunca logró cuestionar seriamente una práctica extendida y
transversal (desde los partidos conservadores hasta los partidos de la
Concertación).
Como demostración de aquellos vicios, en
la elección parlamentaria cruzada por el diagnóstico de la crisis de
representación, hubo un ejemplo paradigmático: en la Región de los Lagos fueron
electos senadores, en representación de los partidos conservadores, Andrés
Allamand, y en representación de la Concertación por la Democracia, Eduardo
Frei Ruiz-Tagle. Ambos no tuvieron compañeros de lista, que diera un atisbo de
interés en señalar alternativas que otorgaran validez a la supuesta intención
democrática de los partidos, en aquellas elecciones senatoriales.
Fueron electos supuestamente en las
elecciones de la circunscripción. La verdad es que la elección la habían hecho
los negociadores de las coaliciones.
Aquel episodio fue categóricamente el summun de la crisis del sistema de
representación y uno de los más oscuros episodios del binominalismo.
No fue extraño que ambos fueran luego
postulantes a la Presidencia de la República. De tal modo que su legitimidad
política no estuvo en las prácticas democráticas, sino en el manejo del sistema
electoral. Fueron ambos las expresiones de un sistema basado en el manejo de la
representación entre las bambalinas, en una política manejada por quienes
hicieron del binominalismo una ventajosa modalidad de reparto del poder
político a espaldas del pueblo.
Las causas de la
crisis.
Con el paso de tiempo la crisis de
representación ha conducido a una crisis de la democracia. Y si nos preguntamos
cómo evolucionó la crisis de representación hacia una crisis de la democracia,
ello se debió a dos aspectos que considero fundamentales:
1)
La
crisis de la institucionalidad democrática, producida por el agotamiento de la
Constitución de 1980 y la insuficiencia de reformas en 2005 y por los efectos
del sistema binominal.
2)
Y
la crisis de los partidos políticos, provocada por la pérdida de prácticas
democráticas y por un proceso de oligarquización de la clase política.
La crisis de la
institucionalidad democrática.
Absurdo sería afirmar que en Chile no ha
habido democracia por el hecho de regir la Constitución de 1980. Absurdo sería
desconocer que los cambios aprobados en 2005 no fueron avances en la
desarticulación de ciertos bastiones institucionales de la dictadura. Quien lo
piense así, solo se guía por consideraciones esencialmente voluntaristas y poco
sabe de la política como actividad sujeta a tensiones permanentes y como arte
que trata de las contradicciones de intereses que se conjugan para construir
opciones de solución válidas para todos.
La transición chilena, del régimen
militar a un régimen democrático fue una de las más largas que se constata en
la política contemporánea. Fue un largo avance a través de un campo minado. Desde
el momento que las fuerzas democráticas optaron por un proceso institucional, y
luego de fracasar todas las opciones rupturistas de los años 80´s, estaba claro
que no sería fácil arrebatar el poder a quienes lo habían tenido a su merced de
manera absoluta.
Para quienes hacen duras críticas hoy,
sobre lo que se hizo y no se hizo, no ha estado nunca en su perspectiva de
análisis las amenazas que se cernían de manera constante sobre el proceso de
transición. Creo, al respecto, que la transición recién pudo amarrarla y
dejarla enclavada al análisis de la historia el Presidente Ricardo Lagos. Lo
hizo después de superar la amenaza que significaba para el conservadurismo la
presencia de un Presidente de identidad política socialista, el primero después
de Salvador Allende.
Allí, en 2005, se selló la
desvinculación de los militares del poder político. Creo que fue una enorme
victoria para la democracia. Determinante para tener FF.AA. subordinadas al
poder civil. Sin embargo, quedaron pendientes problemas fundamentales que la
propia consolidación democrática exigía.
Son esos factores los que comenzarán a
pesar en el tránsito democrático y que determinan el carácter de la crisis de
la democracia que tenemos ante nuestros ojos. Los sectores conservadores, sin embargo,
consideran que no hay tal crisis. Pero ella aflora incuestionablemente en
cualquier análisis objetivo.
Si alguien considera que no es
manifestación de crisis la alta reprobación social a los partidos, coaliciones
y a todo el ejercicio política, es que vive en un limbo, o es simplemente
indiferente a las prácticas democráticas.
Si alguien considera que no es crisis la
percepción social frente a los procesos políticos, que se manifiesta en abstención
y en reprobación pública, y no en legitimidad y participación, quiere decir que
ignora el valor de la ciudadanía en el ejercicio político.
Si alguien piensa que la profunda
objeción ética establecida por la evidencia de corrupción, que los procesos
seguidos por la Fiscalía Nacional investigan, no tiene un impacto en la
institucionalidad, es que no tiene la capacidad de calibrar los hechos con
objetividad.
Estas graves señales dan cuenta de un
proceso de descomposición de las prácticas políticas, que están poniendo en
grave riesgo a la democracia y la
estabilidad social.
Con asombro hemos escuchado a políticos
conservadores que supuestamente preconizan ideales democráticos, señalar que la
Constitución Política no requiere cambios, y que el actual texto da
estabilidad. Por cierto, al analizar esas expresiones, queda la profunda duda
sobre el trasfondo de esas aseveraciones.
Es casi natural que el conservadurismo
tenga como propósito la perdurabilidad de lo existente, sobre todo si ello
genera beneficio para los sectores que representan, pero cualquier observador
constata que la actual Constitución tiene un cuestionamiento de fondo que
impide una institucionalidad sana y creíble.
Hemos observado que en Chile, la
soberbia que impusiera el conservadurismo frente a nuestros vecinos, no nos
permite ver el alcance de nuestra crisis política. Sin embargo, esta semana se
han realizado elecciones presidenciales en Argentina, donde votó el 80% del
electorado. En las últimas elecciones en Bolivia, de carácter departamental,
participó el 95% de los electores. Chile, en tanto, es el país con los índices
más altos de abstención, según el Instituto Internacional para la Democracia y
la Asistencia Electoral. Si esto no es expresión de una crisis, no sé cómo
podría calificarse. No olvidemos que, en nuestras últimas elecciones
presidenciales, de cada 100 electores 58 no ejercieron su derecho. De ese modo,
hemos superado en abstención a Mali, Serbia, Portugal, Lituania, Colombia,
Bulgaria y Suiza, todos con más de un 50% de abstención, De los nombrados, solo
dos tienen una larga tradición democrática.
La pérdida de
prácticas democráticas en los partidos democráticos.
Es un hecho que los partidos políticos
hace rato dejaron de ser expresión de una praxis democrática y son
manifestación palmaria de una oligarquía política, que, como lo hemos
constatado, se vincula y es funcional a la oligarquía económica. De hecho, las
investigaciones de los fiscales han puesto en total evidencia esta afirmación,
aún cuando en definitiva esas investigaciones no terminen con acusados
encarcelados.
Y aquí tenemos que hacer una distinción
importante. Cuando hablamos de la perdida de las prácticas democráticas en los
partidos políticos, nos estamos refiriendo a la pérdida del compromiso
democrático que se produce en los partidos que protagonizaron la lucha por la
democracia. Es allí donde se produce una censurable pérdida del compromiso que
posibilitó dar paso a la transición, y ello afecta rotundamente el modelo de
democracia que se habían comprometido a introducir.
No es el mismo diagnóstico que pueda
aplicarse a los partidos conservadores – UDI y RN -, que han sido exitosos en
los resultados y en su formulación, ya que su rol ha sido entorpecer el
desarrollo democrático, y constituirse en una fuerza de tarea para desarmar la
pujanza democratizadora. No eran ellas las organizaciones llamadas a
convertirse en el laboratorio en que se constituirían las prácticas
democráticas que había que enseñar al pueblo, al país. El autoritarismo y la
oligarquización ha estado siempre en la naturaleza de los partidos
conservadores, que surgieron para sostener el andamiaje político legado por la
dictadura.
Nuestra perspectiva de análisis se centrará,
en virtud de ello, en los partidos que estaban llamados a desarticular el
régimen legado por la dictadura, y hacer de la democracia una expresión
fidedigna de sus propósitos políticos.
Si analizamos lo que ocurre en la lucha
por la democracia y los esfuerzos por terminar con la dictadura de Pinochet, comprobaremos
que todos los partidos y organizaciones políticas – cual más, cual menos -,
construyeron sus organizaciones con niveles de participación y debates
internos.
Seguramente, ello devenía de la impronta
de que la lucha por la democracia había que hacerla con convicciones muy firmes
y con la capacidad de ser transmitidas a un pueblo que había perdido toda
posibilidad de ejercicio democrático. Era necesario imbuir a las personas de la
necesidad democrática, aunar fuerzas y sumar convicciones. Hubo partidos que
lograron movilizar tras sus enseñas a importantes contingentes de personas y sus registros de inscripción legal se
nutrieron de entusiastas chilenos, convencidos de que su partido encarnaba los
ideales y propósitos que mejor le representaban.
Algunos fueron capaces de atraer a los
jóvenes y a los estudiantes, con una convocatoria atrayente, prometedora e
incorporadora. Recuerdo por ejemplo, lo que ocurría en las elecciones
estudiantiles de fines de los 80´s e inicios de los 90´s.
Sin embargo, el proceso de transición a
la democracia fue erosionando esa realidad, y poco a poco los partidos
democráticos se fueron transformando en instancias burocráticas, dominados por
los “barones” o caudillos que actuaban solo ante sí y por sí mismos, y con un acendrado
conformismo frente a los vicios del sistema democrático. Aquello que en algún
momento se definió como “lo posible” – recordemos la frase de Aylwin: “en la
medida de lo posible” -, dejó de ser un resultado final frente a los objetivos
esperados, para convertirse en “la praxis de lo posible”.
Los “barones” – término acuñado en la
transición española a la democracia, y que señalaba a los jerarcas de los
partidos sin historia democrática - se apoderaron de la dinámica interna de los
partidos democráticos, y sustituyeron las instancias de participación por
simples puestas en escena de discusión y debate, protagonizada por los
concursantes a los cargos públicos detrás del padrinazgo de alguno de los
jerarcas.
Fenómenos extranjeros de similar
carácter los hay. En México ocurrió con el Partido Revolucionario
Institucional, que gobernó por décadas, y que hoy en el poder nuevamente vuelve
a replicar el fenómeno. De alguna manera es lo que se vive con el peronismo en
Argentina, aún cuando en Chile ha existido algo de pudor, ciertamente.
Un proceso que se dio en los años de la
dictadura, para mantener las organizaciones políticas que existían antes de la
dictadura, y una buena parte de sus líderes debían mantenerse en el extranjero
o en Chile en una peligrosa ilegalidad, la cooptación, recuperó su importancia
para transformarse en un modalidad de construcción y mantención de poder de los
caudillos políticos, que se han repartido el poder político dentro de los
partidos.
Factores
determinantes en la práctica política de los liderazgos.
Cuando analizamos la realidad de los
partidos, se hace necesario comprender desde la teoría política cuales pudieron
ser los factores que determinan que personas, con un importante aporte a las
ideas democráticas de nuestro país, en realidad construyeron desde la práctica
política partidos que han sido la negación de ese propósito superior.
Sin ánimo de exculpación, creo que ello
se encuentra en el carácter mismo de la transición. Recordemos que la transición a la democracia
en Chile, no fue como en Argentina, por ejemplo, consecuencia de una
degradación irreversible de la dictadura. En Argentina, por ejemplo, la derrota
en la breve guerra de las Malvinas tuvo un efecto determinante. No fue como en
España, donde la muerte de Franco provocó un efecto en cadena de descomposición
de los sustentos políticos de su régimen.
En Chile, la transición a la democracia
fue negociada. Fue negociada con la dictadura, fue negociada con EE.UU., cuando
aún estaba vigente la guerra fría. Los acuerdos y las negociaciones que allí se
plantearon, crearon niveles de compromiso que obligaron a sus protagonistas,
con seguridad, y las consecuencias se evidencian cada vez más, a medida que
pasa el tiempo.
Ello estableció un curso transicional
que delimitó las posibilidades de participación y el debate democrático. Por
cierto, el debate no podía ser socializado de manera amplia, sin arriesgar el
alcance de lo consensuado en cada oportunidad. Ello creo una lógica política
que, si bien tuvo una explicación en la transición, buscó y logró perpetuarse
en la práctica de los liderazgos. El episodio de la resolución del debate en
torno a la Reforma Tributaria, hace menos de un año, es muestra clara de ello.
En esa práctica política, la realidad ha
demostrado que el sistema electoral binominal fue de enorme beneficio para la
clase política entronizada en la institucionalidad del Estado, y su ilimitada
ambición de perpetuarse. No solo permitió consolidar y proteger a un grupo
dirigencial del país, sino que creó las condiciones para establecer una
oligarquía política, que se ha avenido muy bien con la oligarquía económica y
financiera, que domina ampliamente en el país. Se supone que la reforma
aprobada hace menos de un año cambiará ese escenario, sin embargo, es una
reforma que sigue siendo funcional a las proyecciones de los expertos
electorales, no precisamente a mejorar sustancialmente el sistema de
representación.
En las semanas recientes, hemos visto el
debate por las proposiciones de la Comisión Engel, y la discusión parlamentaria
en torno a alguna de sus propuestas, que buscan modificaciones legales
importantes a la ley de partidos políticos. Frente a los claros planteamientos
del presidente de esa Comisión Presidencial que le da nombre a la instancia, ha
sido insólito escuchar determinados argumentos descalificatorios, y que, en
definitiva, apuntan a la mantención del statu
quo político de los partidos. Algunos han acusado a Engel de no saber de
política, mientras otros han aseverado que desconoce lo que es militar en un
partido.
Desafíos
pendientes.
Uno de los objetivos de esta noche tiene
que ver con los desafíos pendientes, para enfrentar la crisis de la democracia.
Nos referimos, sin lugar a dudas, a los desafíos que quedaron sin abordar por
la transición, y por el estado institucional que surge de las reformas
constitucionales del año 2005, y que siguen siendo aspiraciones fundamentales
para contar con una institucionalidad completamente democrática.
A juicio de este observador, la agenda
de profundización de la democracia, tiene a lo menos 6 aspectos fundamentales:
1.
Republicanizar
la institucionalidad.
Cuando hablamos de República, lo estamos
haciendo respecto de un sistema político existente en una jurisdicción
territorial, donde la soberanía descansa en el pueblo. Toda dictadura es lo
opuesto a una república. Todo sistema oligarquizado está lejos de un sistema
republicano. Uno de los objetivos fundamentales en una etapa de profundización
democrática es reponer la efectiva soberanía popular en la generación del poder
y en el ejercicio de toda política. Solo en la medida que republicanicemos la
institucionalidad, los mandatarios del pueblo, en la instancia en que fueron
elegidos por el voto ciudadano, responderán a sus mandantes, y no a los
intereses particulares a los que se deben por compromisos oscuros.
Republicanizar implica también establecer los mecanismos de verificación del
mandato e instancias revocativas del mandato recibido, única forma de
garantizar la soberanía popular sea
efectiva.
2.
Una nueva
Constitución.
Creo que hay un consenso nacional de que
la Constitución debe ser cambiada.
Ello debe ocurrir a través de un proceso
ampliamente participativo. Lo que debemos tener a futuro, debe ser una carta
magna con los atributos suficientes como para acoger una idea común de país,
con sus diversidades, con sus desafíos comunes, con su común comprensión sobre
los elementos institucionales fundantes de un país para todos.
Países con menos tradición política democrática
que Chile, han tenido la capacidad de generar una Constitución mucho más ligada
a la idea de país que todos los ciudadanos tienen y más coherente con una idea
integradora. Pongo dos casos exitosos al respecto: Túnez y Bolivia.
Chile tiene mayores ventajas
institucionales y más experiencia histórica para lograrlo, en la medida que los
sectores conservadores se abran a reconocer la viabilidad de una Constitución
más cercana a nuestras mejores tradiciones políticas, asumiendo la evolución de
los tiempos que nos toca vivir como sociedad política.
3.
Institucionalización
de la laicidad del Estado y del sistema político.
Entendemosla laicidad como
un régimen social de convivencia, cuyas instituciones políticas están
legitimadas por la soberanía popular y no por elementos religiosos. Ella descansa en tres pilares: la
libertad de conciencia, lo que significa que la religión es libre porque
solo compromete a los creyentes, y que el ateísmo es libre porque solo
compromete a los ateos; la igualdad de derechos, que impide
todo privilegio público de la religión o del ateísmo; y la universalidad
de la acción pública, esto es, sin discriminación de ningún tipo (esto, es sin ventajas para algunos y
desmedro para otros).
El Estado laico es una tarea aún por
cumplir.
Cuando pensamos la institucionalidad que
debe regir a nuestra república, y que debe caracterizar el desempeño de
nuestros representantes, creemos que es fundamental construir los basamentos
definitivos de un Estado laico.
4.
Desoligarquización
política.
Un desafío fundamental de la agenda
política de hoy, es imponer fuertes énfasis en la desoligarquización política
de nuestra clase dirigente. Las
propuestas de la Comisión Engel, apuntan a hacia ese proceso.
En ese contexto, hay tarea claves que
deben ser asumidas;
a)
Es
necesaria la reforma a la ley de partidos políticos, estableciendo instrumentos
y mecanismos de control eficaces, que garanticen procesos de decisión
democrática en sus estructuras.
b)
Deben
imponerse normas que impidan las reelecciones y que garanticen el
aprovechamiento técnico de la experiencia acumulada, Si quien ejerce la
Presidencia de la República no puede ser reelecto (a) de manera inmediata, no
hay razón alguna para la reelección de otros cargos de elección popular
(senadores, diputados, consejeros regionales, alcaldes, concejales).
c)
Pese
a la reforma del sistema binominal, se hace necesario seguir insistiendo en
tener un sistema de representación que sea más proporcional a la realidad
poblacional y geográfica del país. Si bien hay avances y mejoras, respecto al
sistema binominal previsto por la dictadura, el nuevo sistema electoral no pasa
de ser un sistema binominal corregido.
5.
Financiamiento
público de la política.
Sin financiamiento público de la
política y la penalización drástica de todo aporte de empresas o de personas
con dinero, una institucionalidad sana no sería posible. La experiencia de los
últimos 25 años da cuenta de la enorme distorsión que producen los aportes
millonarios a determinados candidatos o partidos. Sobre la base de esa
experiencia ninguna persona rica debiera convertirse en el soporte financiero
de un partido o candidatura. Los aportes para los partidos y las campañas
electorales deben ser financiadas por el sistema público, y estableciendo las
condiciones en que los militantes o simpatizantes o adherentes puedan contribuir
a los esfuerzos económicos de una campaña. En lo personal, he sostenido que las
contribuciones económicas de las personas no pueden superar las 2 UF.
6.
Vigencia de los
Derechos Humanos.
Por último, creo que el aseguramiento
constitucional de los Derechos Humanos, es uno de los grandes desafíos que deben ser asumidos por nuestra
institucionalidad republicana. Se trata concretamente que los puntos de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU, sean
integrados a nuestra carta magna. Ello tendría un efecto pionero de alcance
mundial. El alcance que tendría en nuestra institucionalidad sería de gran
importancia para convertir a nuestro país en un ejemplo señero, que sería
ampliamente favorable también a los derechos de las personas y las seguridades
humanas.
