Las otras aguas en pugna.

Publicado en portal web de Radio Portales en diciembre de 2012

Sebastián Jans

La agenda noticiosa del país de las últimas semanas ha estado centrada en la disputa de las aguas marinas, que se está produciendo ante la Corte Internacional de La Haya. Sin embargo, hay otras aguas que están ya en disputa de manera mucho menos formal, y que vislumbra profundos efectos sobre la realidad social, económica y política de nuestro país en los años subsiguientes, y de manera dramática en las próximas décadas.

Hace algunas semanas se realizó en Santiago, el Primer Coloquio Masónico Nacional sobre Recursos Hídricos y Posicionamiento Ético sobre Uso del Agua, que reunió a calificados especialistas, agricultores, ingenieros, abogados y académicos vinculados a este importante problema-país, los que destacaron la importancia de que esa institución tenga un planteamiento de alcance ético sobre el tema, ya que del agua depende la vida humana y el desarrollo de nuestro país, y donde ya se están advirtiendo carencias y problemas traumáticos para las comunidades locales en algunas regiones del país.

Esta semana, por ejemplo, se entregaron datos del estado de embalsamiento de aguas, entre la Cuarta y la Octava Región, donde, a modo de ejemplo, las reservas de agua de Puclaro, en la Región de Coquimbo, son de un 14% de su capacidad, de la misma forma que Lago Laja en la Región del Biobío. El emblemático embalse La Paloma, tiene un 10% de su capacidad. Las perspectivas se ven angustiantes en la medida de que el próximo año se mantenga el bajo nivel de precipitaciones. Si hay un año lluvioso no será de efecto perdurable.

Hace algunos meses el Instituto del Agua, Medio Ambiente y Salud de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU) radicado en Hamilton (Canadá), en su informe “Science-Policy Bridges over Troubled Waters”, advirtió que, dentro de 40 años, habrá una grave escasez de agua en siete de las 10 principales cuencas fluviales del mundo, hogar de una cuarta parte de la población del planeta, que genera un 10% del PIB mundial, y puso en evidencia la probabilidad de una “bancarrota de agua”, producto de la creciente urbanización, por la actividad económica en las principales cuencas fluviales del mundo y el alarmante calentamiento de las aguas oceánicas, que induce al cambio climático.

Datos internacionales indican que el consumo de agua dulce seguirá en aumento, en circunstancias de que la disponibilidad irá progresivamente en sentido contrario, precisamente por la incidencia del cambio climático. En el último siglo, el consumo de agua mundial ha aumentado el doble en relación al crecimiento de la población planetaria.

Nuestro consumo nacional de agua al año es de 803 metros cúbicos por persona, en circunstancias que la media mundial está en 1.240. Sin embargo, nuestras necesidades están en aumento por necesidades productivas cada vez mayores. Es interesante tener presente, por ejemplo, que para producir un tomate se requieren 180 litros de agua, y una copa de vino es el resultado de la utilización de 120 litros. Estudios basados en tales referencias, en lo que Chile produce, indican que nuestras exportaciones equivalen a 1.122 millones de metros cúbicos de agua al año.

En los estudios internacionales realizados respecto del cambio del patrón de lluvias durante el pasado siglo XX, producto del cambio climático, Chile se encuentra ubicado entre los países que ha tenido entre un 40 y un 50% de reducción de sus precipitaciones, situación que se hace más patente cuando se presenta el fenómeno de “La Niña”, donde el promedio indicado se ve fuertemente reducido respecto de la media del recién pasado siglo.

Sin embargo, tendemos a considerar que en Chile no hay problemas de agua, y nos preocupamos solo cuando hay sequía en algún lugar específico del país. Sin embargo, el impacto que está teniendo en nuestro país el cambio climático y las necesidades productivas crecientes de un país con una economía que depende de la minería y de las exportaciones agrícolas, señalan que las normativas y las políticas nacionales no están previendo de manera efectiva el inevitable empeoramiento de las condiciones actuales.

Ese empeoramiento está trayendo conflictos legales y éticos objetivos, que demuestran que es necesario enfrentar con rapidez el escenario legal en que se enmarca el uso y los derechos de agua, para lo cual debe haber un pronto debate ético, que influya en la formulación de normativas legales mejoradas que respondan a crecientes exigencias de regulación.

Es un hecho que la actual normativa legal no ha logrado dar respuesta eficiente a la creciente demanda de recursos hídricos, producto del desarrollo económico y el crecimiento de la demanda, en aquellos lugares de mayor dinamismo productivo minero y de exportación agrícola. Esto ha provocado que haya no pocas empresas y productores que estén actuando al margen de la ley, y sus propietarios o ejecutivos lejos de toda contextualización ética.

Hay sectores de población local, pequeñas comunidades productivas y usuarios básicos dependientes de recursos hídricos precarios, que han debido afrontar la pérdida de sus fuentes naturales de provisión de agua, debido a la acción de actores productivos poderosos e influyentes, que disponen de los cursos de agua al margen de toda regulación legal y moral. Para ello cuentan con hábiles estudios de abogados, capaces de prolongar los juicios por usurpación o intervención ilegal de los cursos hídricos, sin dejar de usar el recurso, obviando a comunidades con recursos limitados y sin influencias en los círculos de poder político y económico.

De allí que, las organizaciones que están señalando su crítica al actual marco legal, que no resuelve los problemas de disponibilidades limitadas y derivados de una creciente demanda, están proponiendo, en la perspectiva de cambios urgentes del Código de Aguas (que data de 1981), posicionar como principio rector de una nueva institucionalidad hídrica, el reconocimiento por parte del Estado de Chile del acceso al agua como un derecho esencial, así como ya lo ha hecho la comunidad internacional en la Asamblea de las Naciones Unidas, en Julio de 2010.

En ese sentido, dentro de proposiciones básicas para una nueva legislación, uno de los documentos de trabajo presentados en el Coloquio mencionado, plantea como referencia ética para el debate de una nueva ley, que considere el agua como patrimonio de todos chilenos. En ese sentido el agua debe ser entendida no solo como un recurso, sino como un bien común, y su acceso y uso deben estar bajo gestión pública. Así, debe entenderse que el agua es y debe ser un bien nacional de uso y servicio público.

Es fundamental establecer una normativa legal que priorice el uso de las aguas, privilegiando, cuando corresponda, su uso para necesidades y servicios básicos y producción de alimentos. Ello implica que se deben incluir criterios de proporcionalidad para efectos de producción agrícola, industrial y minera, según la realidad regional o local, en compatibilidad con la sustentabilidad ambiental, la equidad en el acceso y eficiencia en el uso, mediante tecnologías adecuadas.

Es prioritario considerar criterios de transparencia e información pública sobre el catastro actual y la disponibilidad de aguas superficiales y subterráneas, asumiendo el Estado la aplicación de una política de manejo integrado de cuencas, con participación vinculante de las organizaciones ciudadanas locales y de los usuarios ancestrales.

Esos aspectos suponen una política integral de recursos hídricos, conducida por el Estado, que pueda regular, a través de la jerarquización de las necesidades y la coordinación de los usuarios, y generar una nueva cultura de uso eficiente y conservación de las disponibilidades, gestionando un escenario cada vez más limitado

Un hito para el libre pensamiento.

Publicado en el portal web de Radio Portales en diciembre de 2012

Sebastián Jans

Los días 16 al 17 de noviembre recién pasados, adquieren una relevancia para las personas de espíritu libre de América Latina, debido a que, en la ciudad de Mar del Plata, tuvo lugar la realización del Segundo Congreso Internacional del Libre Pensamiento, denominado también “Congreso de las Américas”, el cual contó con la presencia de hombres y mujeres provenientes de Argentina, Canadá, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, México, Paraguay y Uruguay, representando a más de 45 organizaciones que llegaron hasta la Universidad Nacional de Mar del Plata, escenario del encuentro.

Fue una significativa jornada de reflexión, donde se presentaron más de 40 ponencias en las seis mesas de debate que se desarrollaron durante el evento, en las que se abordaron temas tales como la libertad de conciencia y la laicidad del Estado, especialmente en Latinoamérica, la constatación de los nuevos oscurantismos y el rol de las sectas, el estado de la emancipación femenina, las reivindicaciones del librepensamiento y la libertad de conciencia en los países representados, la necesidad de una modernidad alternativa, y la importancia de una educación pública, laica y gratuita como pilar de una sociedad librepensadora.

El libre pensamiento es, en esencia, un método y conducta que permite percibir e interpretar la realidad, a partir de la emancipación de todo dogmatismo. Es un método, en tanto permite adquirir conocimiento, tomar decisiones, ejecutar acciones y corregir errores, nutriéndose del pensamiento crítico a través del análisis reflexivo y racional de la realidad, tanto en el plano individual como en lo colectivo. Esta coherencia y rigurosidad de pensamiento se refleja en un comportamiento libre de prejuicios y tabúes, es decir, una conducta tolerante y racional, que se refleja en el ámbito público.

El librepensador es proclive a los ideales republicanos y a la práctica del debate libre en la sociedad, sobre todo en los temas que afectan el transcurrir del ser humano, por lo que promueve instituciones políticas laicas, democráticas y de profunda raigambre social, única forma capaz de unir la igualdad en la diversidad. Impulsa políticas y leyes que garanticen la pacífica convivencia y la máxima expansión de las posibilidades del desarrollo individual y social. Se opone al fanatismo religioso y político en todas sus formas. En líneas generales, fomenta un espacio público libre de dogmas y revindica la importancia de una persona humana autónoma con capacidad para desarrollar un interés por los asuntos públicos.

En ese contexto, considera que el hecho religioso tiene un alcance privado y privativo de quienes practican un culto, que no tiene alcance alguno para otras personas ajenas a él, por lo cual, toda manifestación de culto debe realizarse en el dominio que le es propio. De este modo, por ejemplo, resulta contrario a la libertad de conciencia un hecho producido en EE.UU. – relatado por David Rand, portavoz de la AILP en Canadá – y que comprometió al Ministro de Asuntos Extranjeros de ese país, John Baird, quien en mayo pasado, de visita en Washington, sostuvo en una cena de promoción de las libertades religiosas: “Nosotros sabemos que la libertad religiosa no significa estar libre de la religión”. Frente a ello, Rand refutará que la religión no es la dueña de la moral, insistiendo que la libertad religiosa no es efectiva sin poder estar libre de la religión como una opción legítima.

No ignoró Rand, en su análisis, la situación enfrentada por el mismo gobierno de Canadá, que debió formar una comisión investigadora de la verdad y pedir perdón, en relación con las Escuelas Residenciales (internados), entregadas a instituciones religiosas asociadas con el Estado, a las cuales fueron obligados a asistir los niños indígenas, y que se convirtieron en oscuro escenario de miles de abusos sexuales ocurridos durante décadas, en un hecho abominable de la relación del Estado canadiense y la Iglesia.

Las resoluciones que emergieron de los debates realizados en los tres días del congreso de Mar del Plata, recogen con fuerza los deseos comunes de los concurrentes para conseguir un progreso real para la libertad de conciencia, que se funda, de manera determinante, en la separación institucional de la Iglesia y el Estado. De allí que, ante los retrocesos vividos en las últimas décadas, en muchos países del mundo, la primera resolución del congreso apunta a promover imperiosamente la necesidad de esa separación.

Uno de los aspectos determinantes, en ese contexto, se plantea en investigar y evidenciar los fondos estatales, aportados por todos los ciudadanos, que se destinan al financiamiento de las religiones o de sus instituciones; y denunciar ante las comunidades nacionales los crímenes cometidos por las religiones o los clérigos contra las personas, propugnando la inexcusable reparación a las víctimas. De la misma forma, se manifestó el irrenunciable compromiso con la libertad de los individuos y el absoluto respeto a su libertad de conciencia, con la justicia y el respeto de los derechos humanos; y, en consecuencia, proteger las decisiones individuales, tales como la apostasía y el derecho a una muerte digna.

Un capítulo importante de las resoluciones es el compromiso de seguir trabajando por el pleno reconocimiento de los derechos de la mujer y la aplicación del principio de igualdad de derechos, combatiendo la violencia en su contra que se manifiesta en muchos países del mundo, por tradiciones religiosas obsoletas, y promoviendo el ejercicio de los derechos que permitan a la mujer decidir sobre su propio cuerpo.

Otro aspecto importante de las resoluciones fue la decisión de trabajar por el fomento de la libertad de asociación, la garantía de los derechos de los trabajadores, de los ciudadanos y la sociedad toda, para el desarrollo de una mejor vida. Una sociedad más justa y equitativa, fraterna y solidaria, que permita el desarrollo pleno de las capacidades de todos los seres humanos - hombres y mujeres - para lograr el perfeccionamiento material, intelectual y espiritual de la humanidad, afirmando que una alta aspiración humana es buscar la felicidad en el respeto de todos.

Se comprometieron también esfuerzos para trabajar por la conservación de la naturaleza como un bien común de todos los seres humanos, y por tener una educación y formación pública, laica y gratuita al servicio de todos los ciudadanos. De la misma forma, en continuar demandando la derogación de todos los concordatos suscritos por los diversos Estados con la Iglesia Católica y otras religiones, por los privilegios que de ellos devienen, así como la abolición de todo tipo de Estado confesional.

Por último, se resolvió apoyar a las asociaciones que, en el continente americano y en otros países, vienen auspiciando para celebrar los días 20 de septiembre de cada año, el Día del Librepensamiento, como homenaje a los hombres y mujeres que combaten por la libertad, la igualdad y la fraternidad entre los seres humanos y los pueblos. Esa fecha recuerda la toma de Roma por las fuerzas de la unificación italiana, encabezadas por Garibaldi, y que representó un gran triunfo para las fuerzas democráticas, republicanas y seculares del mundo.

El último acto del Congreso consistió en rendir homenaje a Malala Yusufzai, la niña paquistaní a la que los talibanes atacaron e hirieron por defender la educación femenina.

UNA MIRADA CIUDADANA AL DESAFÍO ENERGÉTICO.

Publicado en portal web de Radio Portales, en marzo de 2012

Sebastián Jans

Ha trascendido hacia la opinión pública, el anuncio del Presidente de la República, en la presentación de la Estrategia Nacional de Energía del pasado 28 de febrero, de la intención de su gobierno de privilegiar el desarrollo de la energía hidroeléctrica, a partir de una planificación para los próximos 20 años. Ello responde a un plan de acción, que impulsará este gobierno, sustentado en varios “pilares” que contemplan la eficiencia energética, el uso de energías renovables no convencionales, el incremento de la participación de la hidroelectricidad, la no prescindencia de la generación térmica, la planificación de una carretera pública de transmisión, un mercado eléctrico “más transparente y competitivo”, la interconectividad con países vecinos y el perfeccionamiento de nuestra legislación e institucionalidad ambiental.

Desde luego, lo que ha provocado mayor interés mediático, ha sido el enunciado de incrementar sustancialmente la participación hidroeléctrica, que actualmente representa un 34% de la generación, para llegar a cifras próximas a 45 o 50%, sobre la base de una potencialidad cifrada en 20.000 megawatts.

No cabe duda que el planteamiento tiene importancia, si consideramos que la apuesta en torno a las potencialidades hidroeléctricas es compatible con una mirada medio-ambiental, que recoge la conciencia creciente sobre la necesidad de eliminar la generación energética que produce un impacto ambiental degradante, y que contribuye agresivamente a la huella de carbono.

Toda opción por una generación libre de emisiones está en una dirección correcta, más aún cuando se considera un vigoroso impulso para el aprovechamiento de energías renovables no convencionales, como la geotérmica, el aprovechamiento de las mareas, la biomasa y la radiación solar, además del incremento eólico. Se suma también a ello, la decisión de establecer un impuesto específico a la generación a carbón.

Los enunciados que se están haciendo desde luego que deben ser valorados, aun cuando tengan aún ese carácter, porque esbozan una política que pretende reducir de modo creciente la participación del carbón en nuestra matriz eléctrica, y aleja la posibilidad del uso de energía nuclear del horizonte de necesidades de los próximos 20 años.

Desde luego, en las próximas semanas, según indicara el Presidente de la República, se podrá conocer sus alcances con más profundidad. Ojalá eso genere un buen debate nacional al respecto, y que haya un interés efectivo de parte de la autoridad en considerar las opiniones alternativas, que hay suficientes y bien fundamentadas, y que no quede en el aire la sensación de que hubo solo enunciados y aspiraciones, y que el tradicional pragmatismo de la lógica del buen negocio o de la aspiración de un indefinido crecimiento termine frustrando las buenas intensiones.

La idea que debe primar es que el desafío energético de nuestro país no puede quedar dimensionado solo en torno a una gestión de gobierno, sino que debe ser expresión de una verdadera voluntad nacional, una política de Estado que cuente con un amplio consenso en el país. Es un tema que trasciende las particularidades de la alternancia en el poder y las formaciones de mayorías coyunturales.

Si miramos los grandes temas-país de los próximos veinte años, hay un grupo de ellos que debieran constituirse en políticas de Estado, debidamente consensuadas en los ámbitos políticos, económicos y sociales, y que deben agregarse a las políticas de defensa y relaciones exteriores. Ellos son: los recursos hídricos, la educación, los recursos no renovables, la salubridad, el medio ambiente, las migraciones, la descentralización y, desde luego, la energía.

Si nuestro país es capaz de construir sólidas políticas de Estado, con un amplio consenso social en las materias indicadas, será capaz de asegurar un tránsito seguro hacia el desarrollo coherente con las seguridades humanas, con la paz y el orden social, y no estar, en cada gobierno, cambiando lo que hizo el anterior en temas que deben tener una definición adecuada para garantizar los logros que, como país y comunidad nacional, siempre hemos esperado.

Los chilenos, en su gran y enorme mayoría, tienen la capacidad de unirse en torno a grandes desafíos, como son las políticas de Estado capaces de incorporar el aporte plural que imponen las diferencias de opinión y de intereses. Una buena política, consensuada en sus fundamentos, contenidos y alcances, es capaz de superar el ideologismo y los intereses corporativos, convicción que subyace en el sentido común de la conciencia política nacional. Si hay tanta expresión vociferante e irritación en nuestra realidad cotidiana, es porque no han prevalecido políticas de consenso.

De tal modo que, para construir una política de Estado en torno al desafío energético, es fundamental estar abierto a escuchar y considerar que hay opiniones serias en los distintos ámbitos en que las políticas existentes se han estado discutiendo. Hay gente seria, patriótica y responsable, que ha formulado objeciones de fondo respecto a ciertas tendencias del desarrollo de nuestra matriz energética.

Hay críticas profundas a la proclividad hacia megaproyectos, mega-inversiones y mega-utilidades, que se justifican en las presuntas necesidades de desarrollo del país, pero que producen justificadas reservas en sectores importantes de la ciudadanía. Como consumidores, obviamente, los ciudadanos terminan siendo víctimas de precios que no se condicen con la media del costo de energía que se observa en la mayoría de los países de nuestra región, y cuyo ingreso per cápita está en condiciones inferiores. Este aspecto ha sido un tema de creciente desconfianza respecto de los proyectos recientes.

Por otro lado, la conveniencia de los megaproyectos genera serias dudas, no solo por su consecuente impacto físico, sino por la utilidad de su implementación. Son dudas que van desde el impacto sobre el ambiente, hasta aquellas que surgen por su vulnerabilidad frente a contingencias de las más variadas. Pero, también tiene que ver con la creciente dependencia respecto de actores excesivamente homogéneos, tanto en la propiedad como en la incidencia porcentual sobre el mercado, lo que puede ser riesgoso en muchos aspectos dentro de una lógica-país. La energía es un asunto estratégico que cada día adquiere más importancia presente y futura, y se requiere un distingo más heterogéneo en el desarrollo de proyectos y políticas al respecto.

Así como la matriz tiene que diversificarse en la búsqueda de una generación más limpia, uno de los cambios determinantes para el éxito de una potencialidad energética nacional debiera descansar en la diversificación de la propiedad y en la heterogeneidad en la producción y en la naturaleza de los proyectos. Es probable que ello implique un mayor esfuerzo de intervención del Estado, para asegurar la presencia de más actores de distintos tamaños, pero ello permitiría desde luego tener menos vulnerabilidad y promovería una saludable competitividad entre actores diversos.

Obviamente, es importante definir cuanta energía requerimos en los años futuros, y para que la requerimos. Ello tiene mucho que ver con los objetivos de desarrollo y como caracterizamos un modelo de crecimiento coherente con la sustentabilidad y con el manejo de nuestros recursos no renovables de modo sensato. Tiene que ver también con cómo manejamos, con una profunda mirada de futuro, los desafíos de tener mucho que dejar a nuestros descendientes, en términos de capacidades y potencialidades.
Esa mirada a mediano o largo plazo requiere mucho consenso y es lo que ha faltado en medio de las contingencias y la presión enorme de los intereses en juego.

Si la política anunciada por el gobierno persigue dejar una huella importante en el futuro, es la ocasión propicia para abrirse a una opinión mayor y más amplia que la de sus propias convicciones y fundar una política energética de largo plazo. No hacerlo, dejará sus enunciados en la desconfianza pública y en el terreno fangoso de las coyunturas de cada día.