Sebastián Jans
La agenda noticiosa del país de las últimas semanas ha estado centrada en la disputa de las aguas marinas, que se está produciendo ante la Corte Internacional de La Haya. Sin embargo, hay otras aguas que están ya en disputa de manera mucho menos formal, y que vislumbra profundos efectos sobre la realidad social, económica y política de nuestro país en los años subsiguientes, y de manera dramática en las próximas décadas.
Hace algunas semanas se realizó en Santiago, el Primer Coloquio Masónico Nacional sobre Recursos Hídricos y Posicionamiento Ético sobre Uso del Agua, que reunió a calificados especialistas, agricultores, ingenieros, abogados y académicos vinculados a este importante problema-país, los que destacaron la importancia de que esa institución tenga un planteamiento de alcance ético sobre el tema, ya que del agua depende la vida humana y el desarrollo de nuestro país, y donde ya se están advirtiendo carencias y problemas traumáticos para las comunidades locales en algunas regiones del país.
Esta semana, por ejemplo, se entregaron datos del estado de embalsamiento de aguas, entre la Cuarta y la Octava Región, donde, a modo de ejemplo, las reservas de agua de Puclaro, en la Región de Coquimbo, son de un 14% de su capacidad, de la misma forma que Lago Laja en la Región del Biobío. El emblemático embalse La Paloma, tiene un 10% de su capacidad. Las perspectivas se ven angustiantes en la medida de que el próximo año se mantenga el bajo nivel de precipitaciones. Si hay un año lluvioso no será de efecto perdurable.
Hace algunos meses el Instituto del Agua, Medio Ambiente y Salud de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU) radicado en Hamilton (Canadá), en su informe “Science-Policy Bridges over Troubled Waters”, advirtió que, dentro de 40 años, habrá una grave escasez de agua en siete de las 10 principales cuencas fluviales del mundo, hogar de una cuarta parte de la población del planeta, que genera un 10% del PIB mundial, y puso en evidencia la probabilidad de una “bancarrota de agua”, producto de la creciente urbanización, por la actividad económica en las principales cuencas fluviales del mundo y el alarmante calentamiento de las aguas oceánicas, que induce al cambio climático.
Datos internacionales indican que el consumo de agua dulce seguirá en aumento, en circunstancias de que la disponibilidad irá progresivamente en sentido contrario, precisamente por la incidencia del cambio climático. En el último siglo, el consumo de agua mundial ha aumentado el doble en relación al crecimiento de la población planetaria.
Nuestro consumo nacional de agua al año es de 803 metros cúbicos por persona, en circunstancias que la media mundial está en 1.240. Sin embargo, nuestras necesidades están en aumento por necesidades productivas cada vez mayores. Es interesante tener presente, por ejemplo, que para producir un tomate se requieren 180 litros de agua, y una copa de vino es el resultado de la utilización de 120 litros. Estudios basados en tales referencias, en lo que Chile produce, indican que nuestras exportaciones equivalen a 1.122 millones de metros cúbicos de agua al año.
En los estudios internacionales realizados respecto del cambio del patrón de lluvias durante el pasado siglo XX, producto del cambio climático, Chile se encuentra ubicado entre los países que ha tenido entre un 40 y un 50% de reducción de sus precipitaciones, situación que se hace más patente cuando se presenta el fenómeno de “La Niña”, donde el promedio indicado se ve fuertemente reducido respecto de la media del recién pasado siglo.
Sin embargo, tendemos a considerar que en Chile no hay problemas de agua, y nos preocupamos solo cuando hay sequía en algún lugar específico del país. Sin embargo, el impacto que está teniendo en nuestro país el cambio climático y las necesidades productivas crecientes de un país con una economía que depende de la minería y de las exportaciones agrícolas, señalan que las normativas y las políticas nacionales no están previendo de manera efectiva el inevitable empeoramiento de las condiciones actuales.
Ese empeoramiento está trayendo conflictos legales y éticos objetivos, que demuestran que es necesario enfrentar con rapidez el escenario legal en que se enmarca el uso y los derechos de agua, para lo cual debe haber un pronto debate ético, que influya en la formulación de normativas legales mejoradas que respondan a crecientes exigencias de regulación.
Es un hecho que la actual normativa legal no ha logrado dar respuesta eficiente a la creciente demanda de recursos hídricos, producto del desarrollo económico y el crecimiento de la demanda, en aquellos lugares de mayor dinamismo productivo minero y de exportación agrícola. Esto ha provocado que haya no pocas empresas y productores que estén actuando al margen de la ley, y sus propietarios o ejecutivos lejos de toda contextualización ética.
Hay sectores de población local, pequeñas comunidades productivas y usuarios básicos dependientes de recursos hídricos precarios, que han debido afrontar la pérdida de sus fuentes naturales de provisión de agua, debido a la acción de actores productivos poderosos e influyentes, que disponen de los cursos de agua al margen de toda regulación legal y moral. Para ello cuentan con hábiles estudios de abogados, capaces de prolongar los juicios por usurpación o intervención ilegal de los cursos hídricos, sin dejar de usar el recurso, obviando a comunidades con recursos limitados y sin influencias en los círculos de poder político y económico.
De allí que, las organizaciones que están señalando su crítica al actual marco legal, que no resuelve los problemas de disponibilidades limitadas y derivados de una creciente demanda, están proponiendo, en la perspectiva de cambios urgentes del Código de Aguas (que data de 1981), posicionar como principio rector de una nueva institucionalidad hídrica, el reconocimiento por parte del Estado de Chile del acceso al agua como un derecho esencial, así como ya lo ha hecho la comunidad internacional en la Asamblea de las Naciones Unidas, en Julio de 2010.
En ese sentido, dentro de proposiciones básicas para una nueva legislación, uno de los documentos de trabajo presentados en el Coloquio mencionado, plantea como referencia ética para el debate de una nueva ley, que considere el agua como patrimonio de todos chilenos. En ese sentido el agua debe ser entendida no solo como un recurso, sino como un bien común, y su acceso y uso deben estar bajo gestión pública. Así, debe entenderse que el agua es y debe ser un bien nacional de uso y servicio público.
Es fundamental establecer una normativa legal que priorice el uso de las aguas, privilegiando, cuando corresponda, su uso para necesidades y servicios básicos y producción de alimentos. Ello implica que se deben incluir criterios de proporcionalidad para efectos de producción agrícola, industrial y minera, según la realidad regional o local, en compatibilidad con la sustentabilidad ambiental, la equidad en el acceso y eficiencia en el uso, mediante tecnologías adecuadas.
Es prioritario considerar criterios de transparencia e información pública sobre el catastro actual y la disponibilidad de aguas superficiales y subterráneas, asumiendo el Estado la aplicación de una política de manejo integrado de cuencas, con participación vinculante de las organizaciones ciudadanas locales y de los usuarios ancestrales.
Esos aspectos suponen una política integral de recursos hídricos, conducida por el Estado, que pueda regular, a través de la jerarquización de las necesidades y la coordinación de los usuarios, y generar una nueva cultura de uso eficiente y conservación de las disponibilidades, gestionando un escenario cada vez más limitado
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