La Masonería y el reconocimiento constitucional del pueblo mapuche

El pasado 24 de enero, de visita en la Araucanía, en cumplimiento a lo determinado por el Consejo de la Gran Logia, órgano rector de la Masonería chilena, hemos dado a conocer una declaración pública en que manifestamos nuestro apoyo a los esfuerzos y consensos para reconocer constitucionalmente al Pueblo Mapuche, en virtud de la dignidad que merece por su historia y su cultura, profundamente enraizada en nuestra sociedad.

La Gran Logia de Chile, institución que promueve los valores de la libertad de conciencia, la tolerancia, la fraternidad, y la realización humana en un ambiente de convivencia, paz y solidaridad, y que es, en esencia, la más antigua institución ética de la República, con una afirmación republicana irrefutable, ha manifestado su profunda admiración por el Pueblo Mapuche, por su historia y muy especialmente por su cosmovisión y la manera en que se ha transmitido, de generación en generación, una identidad cultural que respetamos y valoramos.

Valorando los esfuerzos sociales y políticos de todos quienes impulsan el necesario reconocimiento constitucional de los Pueblos Originarios, la masonería suma su voluntad y apoyo, sobre la base de nuestros principios universales y en nuestra comprensión de la República como el espacio de todos.

Nuestro objetivo, al adherir a los consensos existentes, tiene su sustento en uno de los objetivos claves que promueve la masonería en su concepción republicana: la inclusión de todos quienes viven en el territorio y el respeto a la diversidad, como una de las expresiones fundamentales de la convivencia humana que le da un sentido integrador a la sociedad.

En ese contexto, aspiramos a que esos esfuerzos se plasmen en reconocimientos efectivos, empezando por las modificaciones necesarias a nivel constitucional, legal y administrativo, que establezcan una relación del Estado de Chile con los Pueblos Originarios, en particular con el Pueblo Mapuche, congruente con un necesario proceso de integración, imperativo para el logro de la armonía social y coherente con los distintos principios y valores recogidos en instrumentos y acuerdos internacionales, como los consagrados en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, entre otras convenciones complementarias.

Ese reconocimiento debe considerar, sin duda, la pre-existencia de los Pueblos Indígenas que han habitado los territorios actuales de la República, y por tanto, su derecho a fortalecer y desarrollar sus legítimas historias, sus identidades, sus culturas y su institucionalidad tradicional, donde debe establecerse la protección del Estado de todos esos elementos, para asegurar la preservación del patrimonio cultural, material e inmaterial, la herencia lingüística, y todo aquello que garantice la igualdad y la no discriminación.

Para tales propósitos debe reconocerse que Chile es un país conformado por pueblos y culturas diferentes, que actúan sobre la base del valor de sus tradiciones y sus identidades, y que, al establecerse el reconocimiento constitucional, genera los espacios adecuados dentro del Estado para que ellos puedan promover sus legítimos intereses en el marco del imperio del derecho.

En ese contexto, la existencia de un Consejo de Pueblos, con capacidad de representación e interlocución, es fundamental para expresar, a través de una sola voz, los derechos y aspiraciones de las comunidades, superando la dispersión y la atomización que han sido particularmente negativas para el interés de los pueblos originarios. Tal Consejo de Pueblos debe ser electo por las comunidades, a través de elecciones democráticas que garanticen la más plena y fidedigna representación.

Nos parece fundamental, en esa perspectiva, dado la fortaleza de los consensos, que haya una agilización en los proyectos de ley, en análisis en las instancias gubernamentales y legislativas, y que las indicaciones sean acotadas, a fin de no dilatar excesivamente los procesos que permitan generar un avance político decisivo para establecer la igualdad y la justicia, y asegurar la convivencia pacífica y el diálogo fructífero en la diversidad, que debe expresar nuestra República de un modo enriquecedor.