IZURIETAZO.

Dentro de la unilateral agenda noticiosa de nuestro país, marcada por el control pro-piñerista de los periódicos y televisión en Chile, se ha producido un grave hecho político, que en otras circunstancias habría tenido más debate político y ciudadano. Cumpliéndose lo que se presumía, el gobierno de Piñera Echeñique ha pasado a tener como uno de sus integrantes a quien recientemente ejercía como Comandante en Jefe del Ejército, el general Oscar Izurieta, quien fue designado en el cargo político de Subsecretario de Defensa.
Quien, hasta hace algunas semanas era representante y máximo mando de una institución constitucionalmente apolítica, subordinada al poder civil, absolutamente profesional, por decisión presidencial se convierte en un actor político de primera línea. Parafraseando la novela de García Márquez, podemos decir que lo que corresponde escribir en torno a este evento es una crónica de una muerte del pudor castrense anunciado. Todos los dirigentes políticos cercanos al entonces Presidente electo sabían de este nombramiento, y nadie dijo nada en función del pudor militar y de una sana política de Estado.
Se puede especular mucho sobre que puede haber sido el elemento que produjo el acto de confianza presidencial sobre el general Izurieta. Supongo que no será consecuencia de su condición de desempleado. Hago esta alusión acudiendo a la aseveración hecha por el general (R) Emilio Cheyre, quien dijo que era discriminatorio que los generales retirados no pudieran tener empleo en empresas o en el Estado. Suponemos que tampoco será porque asisten a misa a la misma iglesia los domingos. De la misma forma, suponemos que no es en agradecimiento por haber trasladado a los invitados del empresario Piñera en su santuario de la naturaleza chilote, en un helicóptero del Ejército. Suponemos que no es porque comparten las mismas aficiones de fin de semana. Suponemos también que no será por la percepción de la Derecha política y económica de considerar, desde la dictadura de Pinochet, que las FF.AA. son de ellos y pueden hacer lo que les plazca.
Más bien suponemos que el nombramiento se produce porque hay una alta sintonía política entre el nuevo primer mandatario de la Nación y el ex comandante en jefe del Ejército. Una sintonía que se produce después de mucho tiempo de análisis de las contingencias políticas, y de niveles de aproximación que no pasan por arranques repentinos ni por actos simbólicos. Si fuera esto último, en política los actos simbólicos se explican, por lo cual habría que pedirle a quien ejerce la Presidencia de la República que explique cuál es el sentido simbólico de su designación.
Todo indica, sin embargo, que hubo una deliberación encubierta, por parte del entonces Comandante en Jefe del Ejército. Ello porque su nombramiento era ya un dato manejado por la cúpula piñerista, es decir, por quienes estaban diseñando los cargos de gobierno, antes que estos estuvieran ya determinados. Y no se nombra un ministro y un subsecretario, cargos de naturaleza esencialmente política, sin consultarle a quien va a ser nombrado y sin explicarle los objetivos políticos de su gestión. El subsecretario Izurieta podrá dar muchas explicaciones para señalar su buena fe, pero él fue parte de un diseño de gobierno antes de que dejara su cargo castrense, que trascendió cuando aún tenía el mando institucional.
Para ser más preciso. El nombramiento de Oscar Izurieta en un cargo político, no viene del cuoteo siempre negado por los jefes de coaliciones políticas en el gobierno, y actualmente reclamado honestamente por la UDI. Si vinera del cuoteo, el nombramiento del subsecretario Izurieta sería más sincero. Más grave, evidentemente, pero más sincero.
Tampoco su nombramiento viene de las tradiciones del involucramiento de ex militares en los cargos políticos de confianza gubernamental. Es una tradición republicana que, cuando se han nombrado ex militares en cargos políticos, ello se ha debido a situaciones que exigen un mayor canal de comunicación con las FF.AA. de parte del poder político, y/o por situaciones traumáticas que pueden afectar la institucionalidad. Eso lo hicieron varios Presidentes de la República en el pasado.
Se ha producido, entonces, un hecho que ya tenía un precedente negro, cuando el entonces almirante Arancibia deja la Comandancia en Jefe de la Armada, para convertirse en candidato a senador en representación de la UDI.
Es cierto que hasta ahora no hay ningún impedimento legal para que el ciudadano Izurieta ocupe un cargo político apenas deja un cargo que tiene que estar por encima de la política partidista, pero para el punto de vista del espíritu de toda ley y de toda norma constitucional, quienes ejercen liderazgo militar deben tener el pudor de expresar su posición política mucho después de que los acentos de su mando estén debidamente superados por el tiempo y por la acción de quien le sustituyó en el cargo.
En el nombramiento del Subsecretario Izurieta el asunto es más grosero. Deja el mando del Ejército y se le nombra como jefe político-administrativo del nuevo Comandante en Jefe. Eso no se hace. Mal debe sentirse el nuevo Comandante en Jefe, general Fuente Alba, por este artilugio de la impudicia política.
Entonces, a futuro, si no hay pudor, lo que corresponde es que haya una norma legal que considere que un Comandante en Jefe no pueda ejercer cargos políticos hasta cuatro años después de dejado el mando. Eso pondría las cosas en un mejor nivel de formalidad constitucional y en el ámbito de la confianza ciudadana de que las FF.AA. efectivamente son de todos los chilenos.
Uno de los mayores esfuerzos políticos que debió hacerse por más de una década, después del fin de la dictadura, fue alejar a los militares activos de la política contingente, virus que tiene sus recurrencias, al parecer de acuerdo a la estacionalidad política. Sería conveniente que los políticos serios de este país, aquellos que no les gusta las odiosas comparaciones con los actos pseudos-institucionales que ocurren en otras desprestigiadas democracias de América Latina, tomaran recaudos frente a nuevas situaciones impresentables como la señalada.
No se trata de impedir el derecho de un ciudadano a tener posición política, pero el tema es que, si queremos tener FF.AA. apolíticas y esencialmente profesionales, debemos poner a los oficiales que ejercerán los altos mandos en una lógica que potencie su condición no protagónica en el ámbito político partidista.
A modo de colofón, nos queda decir que, dentro de la identificación de los eventos que marcan la agenda política histórica de nuestro país por acción de los militares, le guste o no al subsecretario, su nombramiento quedará identificado como el Izurietazo, es decir, aquel evento en que un comandante en jefe del ejército, mientras estaba entregando sus insignias de mando, ya se había convertido en un protagonista de la política partidista contingente. Como en las películas de superhéroes: entró al ascensor del edificio de la comandancia en jefe con las estrellas de general en los hombros, y mientas bajaba sufrió una extraordinaria mutación que le permitió salir con la estrella multicolor del piñerismo en la solapa. Esto último es presentar el asunto en forma exagerada, desde luego. Pero, más allá de la alegoría, dentro de la expresión de una sana política, el Izurietazo es impresentable.

(Publicado por Tribuna del Biobío, 02 abril 2010)

A PROPÓSITO DE LA INHABILITADA LIBERTAD DE INFORMACIÓN.

Para más de alguna persona, que haya leído mi reflexión sobre la inhabilitada libertad de información en las primeras semanas del gobierno piñerista, pudo parecerle excesivo que, con los pocos días de gestión de este, se pueda evaluar la condición de la prensa cuando aún no hay una política que se evidencie en ese ámbito. Ello en el supuesto de que el gobierno actual deba esbozar una acción al respecto.
Creo que en los cuatro años de este gobierno es absolutamente improbable que ello pueda ocurrir, ya que el escenario le es absolutamente favorable y propicio, por lo menos en lo que se refiere a los medios escritos y la televisión. La libertad de información no va a estar en la preocupación de las autoridades de gobierno, porque para ellos es un tema del mercado, no de la sociedad civil.
Y siendo proclives a las soluciones de mercado, y no a las que aconsejan la intervención para asegurar condiciones de igualdad, el actual escenario es absolutamente conducente a la mantención del statu quo, claramente orientado a su favor.
Analicemos la televisión abierta. Chilevisión es de propiedad del Presidente, a pesar de que este dijo que iba a venderlo antes de asumir su cargo. La Corporación de TV de la Pontificia Universidad Católica, le es afín por varios motivos, desde los políticos y económicos hasta los religiosos. Megavisión le será permanentemente afín por los mismos motivos. La Red no se queda atrás en la misma alineación, aunque no tenga impacto en la agenda informativa. Nos queda por revisar TVN, la cual se piñerizó apenas el empresario Presidente recibió la banda. Si Ud. tiene dudas sobre lo que estoy mencionando, tome nota todas las noches sobre lo que están informando estos medios en sus noticieros, los minutos de cada información y los contenidos incorporados.
Analicemos la prensa escrita de información. El Mercurio y sus diarios regionales, tienen un claro compromiso editorial. Si se incluye información de la oposición por ejemplo, es para destacar las contradicciones existentes y dar la imagen una desorientación, sin dar cuenta de contenidos. La Tercera y los medios vinculados están en la misma disposición. La Nación ha sufrido el mismo proceso de TVN. Si en este caso también tiene dudas, abra cualquier diario, cualquier día, y revise su contenido. Vea cuantas noticias escapan a la unidireccionalidad informativa.
Más allá de la indagación que le propongo, sin embargo, creo que lo que está en el fondo del problema, es que hay dos aspectos que afectan profundamente la libertad de información, y que van a producir profundas distorsiones en la libertad de conciencia de las personas y los grupos de interés de la sociedad civil. Ellos son la constatación de un escenario nacional monopolizado por una visión particular y la presencia de los monopolios en los medios de información.
En el primer aspecto, Chile vuelve a ser un país donde el gran empresariado toma el control de todos los espacios de poder en la sociedad. No solo controla la economía y parlamento, sino que también controla el gobierno. Ello es gravísimo para las libertades de conciencia y para los equilibrios sociales, es malo para el ejercicio de las libertades en los espacios de la sociedad civil, y significa un serio menguamiento del ejercicio ciudadano. Ello es más grave cuando quien ejerce el mando de la nación, tiene lógicas empresariales para la administración del Estado, y no lógicas políticas. El nombramiento de su Gabinete Ministerial fue la más fiel expresión de su lógica, así como la designación de los demás cargos relevantes de gobierno.
Una de las virtudes de la Concertación, fue representar una convergencia multisocial, que matizó radicalmente la composición de las esferas del poder, sobre todo en la composición del gobierno y el aparato del Estado. Con todos los defectos que puedan manifestarse en 20 años, lo cierto es que expresó un esfuerzo de equilibrio frente al poder económico, estableciendo ciertas cortapisas a la acción empresarial, que permitieron garantizar espacios de derechos que hicieron posibles ejercicios de ciudadanía crecientes.
Ello está experimentando significativos niveles de retroceso, desde el primer día del nuevo gobierno, a partir de la monopolización editorial de los medios, y la unidireccionalidad y unilateralidad informativa.
El segundo aspecto dice relación con la concentración monopólica de los medios de información, donde Chile pasa a convertirse en uno de los países democráticos con mayor evidencia de ese fenómeno, con la agravante que los monopolios en la prensa reflejan una misma matriz ideológica, política y cultural (en esto último incluyo la proveniencia social, religiosa y educacional).
En otros países donde se advierten similares procesos de concentración monopólica de los medios no se expresa el mismo nivel de unilateralidad. Acá no hay empresarios liberales con propiedad monopólica sobre los medios de información. Y cuando digo liberales, me estoy refiriendo al concepto convencional de liberalismo, no a la lectura liberal de algunos patricios chilenos, que se hacen llamar así por ser partidarios del libremercado o por esnobismo, y que no tienen ningún empacho cuando tienen que imponer políticas autoritarias y reducir los espacios de libertad de la sociedad civil, ya sea por razones políticas, económicas o religiosas.
Solo hay empresarios conservadores dominando los medios. Y cuando digo empresarios conservadores, me refiero a los que doctrinal y espiritualmente son proclives a antiguas concepciones del poder y de la relación con los espacios en que actúa la sociedad civil. La mayoría de ellos está vinculado a las expresiones autoritarias del poder religioso, a las expresiones autoritarias del ejercicio político y a las expresiones autoritarias del ordenamiento social. Para el conservadurismo las sociedades que progresan son aquellas subordinadas a su clase social, capaz de pensar por los demás y generar riqueza a cualquier precio “con trabajo, sacrificio y sobriedad” (de los subordinados desde luego).
Esa concepción de subordinación es coherente con lo que ocurre con el manejo de la información, por lo cual, no debemos engañarnos: la inhabilitación de la libertad de información es algo absolutamente coherente con la concepción no ciudadana y antirrepublicana de quienes hoy controlan todo el poder en el país.

RECONSTRUIR O CONSTRUIR MÁS PODER.

La gran tarea de reconstruir Chile, luego del desastre provocado por el terremoto y tsunami del 27 de febrero pasado (TT27F), plantea desafíos que pasan necesariamente por la concepción de país que las autoridades políticas y los distintos sectores nacionales tienen que dimensionar, en el contexto de la confluencia de los distintos sectores del país representados en el Congreso Nacional.
Una de las invocaciones de la autoridad de gobierno, ha sido llamar a la unidad nacional para enfrentar la reconstrucción de las regiones devastadas por el TT27F. Los partidos de oposición han prometido la máxima colaboración con ese fin. La ciudadanía vería con particular interés el que haya efectivamente un acuerdo de las distintas fuerzas políticas, entre gobierno y oposición, para confluir hacia una idea de reconstrucción, en la medida que ella exprese el interés objetivo del país.
Sin embargo, el interés objetivo del país no significa el interés sectorial, sea político, empresarial o de determinados grupos de interés. El interés del país se expresa en la confluencia de las distintas visiones, de las distintas miradas que observan e interpretan la idea de comunidad nacional. Reconstruir las regiones afectadas no pasa por la mirada unilateral sino por la comprensión que en esas zonas hay una diversidad de afectados y de expresiones vivas de la comunidad, que deben tener protagonismo en el proceso de reconstrucción material y espiritual.
Señalo este criterio a partir de que ha trascendido que, a nivel del Ministerio de Hacienda, se está estudiando una reforma a las normas de donaciones y que busca “perfeccionar la Ley 16.282”. La reforma pretende canalizar las donaciones de empresas hacia proyectos específicos de carácter privado o a un Fondo de Reconstrucción Nacional, montos que permitirían posteriormente exenciones tributarias.
La experiencia que muestran las actuales leyes de donaciones señala que estas han sido extraordinariamente beneficiosas para robustecer proyectos de clara unilateralidad y predominio de una absoluta unidireccionalidad, cuando no para estimular el éxito de la industria de la beneficencia, claramente identificable en el plano del horizonte ideológico de nuestro país.
Al estudiar la eventual reforma por parte del Ministerio de Hacienda, se ha optado por la consejería de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, que agrupa a lo más específico de la industria de la beneficencia, y que controlan la más pingüe tajada de la donaciones nacionales e internacionales, y que se apresta al manejo de los millones de dólares que la reforma provocaría, en tanto se plantee orientada a proyectos específicos de naturaleza privada. Dentro de esa Comunidad hay dos o tres organizaciones que escapan a un mismo molde y a una misma hechura, y que presentan una comprensión distinta de esta suerte de institucionalidad benefactora, que maneja ingentes recursos. Los demás responden a una misma perspectiva del hacer industria benéfica y de canalización de recursos.
Tal orientación de la reforma permitiría un uso discrecional de los recursos, lejos de todo control de las instancias que garantizan que los esfuerzos de carácter nacional, tengan efectivamente una naturaleza y un propósito nacional.
Hoy, las contribuciones de empresas a proyectos privados, vía las leyes de donaciones con extensiones tributarias, son una caja negra que ha favorecido proyectos específicos de predominios de clara identificación corporativa, a cuesta de descuentos que habrían tenido fines más de auténtico carácter nacional, si se hubiesen canalizado como impuestos a través del Estado.
Tras el propósito de la reforma en acelerado estudio, se manifiesta la misma pretensión de favorecer la canalización de los recursos para la reconstrucción a proyectos privados, renunciando el Estado ha desarrollar un proyecto efectivamente nacional e integrador. Esos proyectos privados terminan por favorecer a las mismas orientaciones, las mismas organizaciones, los mismos intereses, los mismos propósitos, que construyen la visión unilateral que domina el escenario nacional a partir de un concepto de exclusión. Una experiencia latente es lo ocurrido con la ley 18681, específicamente en sus artículos 69 y 70, y los porcentajes de los montos donados que han beneficiado ampliamente algunos proyectos de predominio específicos, y no precisamente al sistema de educación superior como se aventuró al generar la norma legal.
Es de esperar que la oposición tenga la virtud de pensar el proyecto de reconstrucción sobre la base de la diversidad de Chile, y que su pensamiento esté en las capacidades comunitarias y en el rol irremplazable que tiene el Estado, de proveer los medios que los distintos sectores de las regiones afectadas requieren para volver a la normalidad. Las exenciones de impuestos deben favorecer a quienes aporten a un Fondo de Reconstrucción manejado por el Estado y que esté sometido a la fiscalización del Congreso, para que tenga la virtud de beneficiar a la diversidad nacional en todas sus expresiones.
No debe ocurrir que los recursos que dejaría de recibir el Estado, terminen favoreciendo políticas de predominio particulares. No debe ocurrir que cualquier empresa haga su propio proyectito para reducir sus impuestos como ha ocurrido con las leyes de donaciones existentes.
Tampoco debe ocurrir que a partir de una supuesta buena intención, determinadas instituciones, corporaciones o grupos, terminen incrementando su poder e influencia sobre las comunidades locales afectadas por el TT27F, a partir de la renuncia del Estado a percibir impuestos.
Reconstruir es distinto a construir más poder.