RECONSTRUIR O CONSTRUIR MÁS PODER.

La gran tarea de reconstruir Chile, luego del desastre provocado por el terremoto y tsunami del 27 de febrero pasado (TT27F), plantea desafíos que pasan necesariamente por la concepción de país que las autoridades políticas y los distintos sectores nacionales tienen que dimensionar, en el contexto de la confluencia de los distintos sectores del país representados en el Congreso Nacional.
Una de las invocaciones de la autoridad de gobierno, ha sido llamar a la unidad nacional para enfrentar la reconstrucción de las regiones devastadas por el TT27F. Los partidos de oposición han prometido la máxima colaboración con ese fin. La ciudadanía vería con particular interés el que haya efectivamente un acuerdo de las distintas fuerzas políticas, entre gobierno y oposición, para confluir hacia una idea de reconstrucción, en la medida que ella exprese el interés objetivo del país.
Sin embargo, el interés objetivo del país no significa el interés sectorial, sea político, empresarial o de determinados grupos de interés. El interés del país se expresa en la confluencia de las distintas visiones, de las distintas miradas que observan e interpretan la idea de comunidad nacional. Reconstruir las regiones afectadas no pasa por la mirada unilateral sino por la comprensión que en esas zonas hay una diversidad de afectados y de expresiones vivas de la comunidad, que deben tener protagonismo en el proceso de reconstrucción material y espiritual.
Señalo este criterio a partir de que ha trascendido que, a nivel del Ministerio de Hacienda, se está estudiando una reforma a las normas de donaciones y que busca “perfeccionar la Ley 16.282”. La reforma pretende canalizar las donaciones de empresas hacia proyectos específicos de carácter privado o a un Fondo de Reconstrucción Nacional, montos que permitirían posteriormente exenciones tributarias.
La experiencia que muestran las actuales leyes de donaciones señala que estas han sido extraordinariamente beneficiosas para robustecer proyectos de clara unilateralidad y predominio de una absoluta unidireccionalidad, cuando no para estimular el éxito de la industria de la beneficencia, claramente identificable en el plano del horizonte ideológico de nuestro país.
Al estudiar la eventual reforma por parte del Ministerio de Hacienda, se ha optado por la consejería de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, que agrupa a lo más específico de la industria de la beneficencia, y que controlan la más pingüe tajada de la donaciones nacionales e internacionales, y que se apresta al manejo de los millones de dólares que la reforma provocaría, en tanto se plantee orientada a proyectos específicos de naturaleza privada. Dentro de esa Comunidad hay dos o tres organizaciones que escapan a un mismo molde y a una misma hechura, y que presentan una comprensión distinta de esta suerte de institucionalidad benefactora, que maneja ingentes recursos. Los demás responden a una misma perspectiva del hacer industria benéfica y de canalización de recursos.
Tal orientación de la reforma permitiría un uso discrecional de los recursos, lejos de todo control de las instancias que garantizan que los esfuerzos de carácter nacional, tengan efectivamente una naturaleza y un propósito nacional.
Hoy, las contribuciones de empresas a proyectos privados, vía las leyes de donaciones con extensiones tributarias, son una caja negra que ha favorecido proyectos específicos de predominios de clara identificación corporativa, a cuesta de descuentos que habrían tenido fines más de auténtico carácter nacional, si se hubiesen canalizado como impuestos a través del Estado.
Tras el propósito de la reforma en acelerado estudio, se manifiesta la misma pretensión de favorecer la canalización de los recursos para la reconstrucción a proyectos privados, renunciando el Estado ha desarrollar un proyecto efectivamente nacional e integrador. Esos proyectos privados terminan por favorecer a las mismas orientaciones, las mismas organizaciones, los mismos intereses, los mismos propósitos, que construyen la visión unilateral que domina el escenario nacional a partir de un concepto de exclusión. Una experiencia latente es lo ocurrido con la ley 18681, específicamente en sus artículos 69 y 70, y los porcentajes de los montos donados que han beneficiado ampliamente algunos proyectos de predominio específicos, y no precisamente al sistema de educación superior como se aventuró al generar la norma legal.
Es de esperar que la oposición tenga la virtud de pensar el proyecto de reconstrucción sobre la base de la diversidad de Chile, y que su pensamiento esté en las capacidades comunitarias y en el rol irremplazable que tiene el Estado, de proveer los medios que los distintos sectores de las regiones afectadas requieren para volver a la normalidad. Las exenciones de impuestos deben favorecer a quienes aporten a un Fondo de Reconstrucción manejado por el Estado y que esté sometido a la fiscalización del Congreso, para que tenga la virtud de beneficiar a la diversidad nacional en todas sus expresiones.
No debe ocurrir que los recursos que dejaría de recibir el Estado, terminen favoreciendo políticas de predominio particulares. No debe ocurrir que cualquier empresa haga su propio proyectito para reducir sus impuestos como ha ocurrido con las leyes de donaciones existentes.
Tampoco debe ocurrir que a partir de una supuesta buena intención, determinadas instituciones, corporaciones o grupos, terminen incrementando su poder e influencia sobre las comunidades locales afectadas por el TT27F, a partir de la renuncia del Estado a percibir impuestos.
Reconstruir es distinto a construir más poder.