La agenda laica de la sociedad chilena

          Algunas encuestas realizadas durante el año 2014, demuestran un creciente proceso de laicización de la sociedad chilena. Un proceso que escapa a las previsiones de quienes han dominado las decisiones y han hegemonizado las instituciones políticas y económicas, desde la transición democrática.
          Aun cuando las encuestas en Chile no son instrumentos que gocen de gran confiabilidad, sobre todo cuando tienen alcances contingentes, en el caso de ciertos estudios sobre temas societarios arrojan una tendencia que nos permite tener una comprensión sobre ciertos procesos. Es lo que ocurre con encuestas que han incursionado en el estudio de la religiosidad, en los llamados “temas valóricos”, o sobre estudios que analizan la percepción religiosa en la sociedad chilena.
          Allí se ha dado cuenta de cómo los chilenos se están alejando de la orientación o el compromiso religioso, así como se advierten niveles bastante críticos sobre las organizaciones religiosas y su conducta, y de sus representantes en la realidad social.
          Para las miradas conservadoras de nuestra sociedad, el concepto predominante para definir este proceso es el de “liberalización”. Creo que el concepto no es válido. Claramente, en la sociedad chilena la condición o el carácter “liberal” está, desde hace mucho, desprestigiado y carcomido por el discurso conservador, que ha usado el concepto de liberalismo como simple y exclusiva manifestación de libre mercado.
          No se trata el fenómeno observado de una posición ideológica, sino que lo que señalan esos estudios de opinión, es que hay una comprensión creciente que opta por una posición conductual y ética distinta. Lo que está ocurriendo simplemente es que, luego de vivir la asfixia moralista o “valórica” que los sectores conservadores han impuesto en la agenda país, desde el fin de la dictadura, la sociedad chilena se está laicizando.
          Claramente, lejos de lo que muchos propenden a considerar, la laicidad de una sociedad no deviene de una comprensión ideológica, ya que no propone cuestiones que son propias de la caracterización del modelo económico, político o social. Lo que hace el laicismo es complementar los modelos de sociedad, más allá de su orientación ideológica, para permitir que el ejercicio de lo político se valide en la condición plural de lo que existe y de lo que vendrá. Lo laico, aun cuando se agregue el sufijo “ismo” – laicismo – no tiene que ver con cuestiones de tipo ideológicas, sino con prácticas concretas que modelan el ejercicio de lo político.
          Laicidad implica esencialmente el imperio del “laos” en el desenvolvimiento político de las sociedades y los sistemas que las organizan políticamente. Es el imperio del pueblo, el ejercicio de la ciudadanía, la manifestación de lo público en el interés de lo público, sin determinismos que reduzcan o subordinen el hacer político, que condicionen lo republicano a ciertas premisas ulterioristas, escatológicas, religiosas. Laicidad implica, ni más ni menos, la condición ideal en que el pueblo – el laos – actúa por sí y ante sí, en el respeto intrínseco de su diversidad, en todo aquello que demanda la acción secular, aquello que tiene que ver con la vida de las personas en el tiempo que les toca vivir: un momento histórico atado a la vida de cada cual y a la de todos, en el alcance del conocimiento, en el beneficio de la virtuosidad tecnológica, en la vinculación humanista con el desarrollo científico.
          Laicidad implica la institucionalización de los derechos de conciencia y el ejercicio del libre pensamiento, en la realización de lo político, donde incluso adquieren singular importancia las distintas propuestas de religiosidad, además de otras comprensiones y lecturas sobre el propósito del hombre y las posibilidades de trascendencia, obturando toda propensión al interés hegemónico de cualquiera de ellas.
          Son los intereses hegemónicos de conciencia los que generalmente han acusado al laicismo de conductas predominantes, cuando lo que provoca el laicismo como sana conducta política es precisamente la garantización de las libertades de todas las propuestas de conciencia y el impedimento de cualquier condición o conducta de hegemonía, algo que ha estado muy presente en la sociedad chilena, desde el tiempo de la dictadura.
          La historia tiene ejemplos vivos de lo que ha significado la existencia del laicismo en el plano de la ejecución política e institucional. Reconocemos en la Francia moderna una referencia potencial, como lo fue México durante gran parte del siglo XX. Significativo en el mismo contexto el aporte de Atatürk, que actualmente Erdorgan pretende destruir. No menos importante es el legado de la Primera Enmienda, elaborada por Madison en EE.UU. que, pese a la propensión confesional de los gobernantes norteamericanos a través de las épocas, sigue garantizando la diversidad de conciencia y un recatado secularismo político.
          Chile, desde 1925, fue un ejemplo de Estado laico en varios aspectos significativos, logros que la Constitución impuesta de 1980 destruyó, y que aún no son debidamente recuperados, debido a los resabios del poder confesional entronizados en una parte de la clase política ligada a sectores específicos.
          Vista la evolución política chilena, y las encuestas que dan cuenta de la realidad política de la ciudadanía que progresivamente equidista de las influencias político-confesionales que han dominado la institucionalidad de nuestra incompleta democracia, es un hecho que nuestra clase política no ha asimilado el proceso de laicización que vive la sociedad chilena.
          Sin duda hay una agenda laica en nuestra sociedad, que impera en una condición estrictamente ciudadana, que no logra institucionalizarse por ahora, en tanto los partidos políticos y las estructuras políticas no dan cuenta de su envergadura. Como ha ocurrido en muchos procesos dentro de la sociedad chilena, los temas de conciencia siguen siendo dominados por las minorías (políticas, económicas, confesionales, etc.). Sin embargo, ejercen coerción sobre los procesos institucionales, condicionan la voluntad de las mayorías, frustrando o distorsionando, a través de la presión o la negociación, aspectos que la práctica social o el interés de las personas colocan en el plano íntimo de las libertades de conciencia.
          Gran parte de la votación que obtuvo la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, representó esa voluntad de mayorías que aspiran redibujar la relación de las opciones de conciencia y las estructuras institucionales. Sin embargo, los nudos del poder conservador parecen ser un obstáculo muy poderoso dentro del Estado.
          Es un hecho que el sentido común y los derechos de conciencia de las personas, tienen una agenda concreta, y optan mayoritariamente en el país por disponer de una ley que no penalice el aborto, que reconozca los derechos reproductivos, que legisle la eutanasia, que haya una educación de calidad para todos los chilenos (en tanto ella permita potenciar las capacidades de ejercicio de la libertad de conciencia), porque haya una protección eficaz sobre los derechos de los niños, porque haya igualdad de trato para la mujer, porque haya una clase política menos ligada al paternalismo y a la propensión conservadora de administrar las libertades individuales a partir de la hegemonía económica y política, en fin, porque haya un Estado que sea neutral frente a los grupos de interés confesionales o agrupamientos “valóricos”.
          De este modo, un gran desafío es traer a la contingencia ese impulso de mayorías, de los que creen y quieren el imperio de las libertades de conciencia, de los que buscan impulsar la modernización del país hacia una sociedad muchos más democrática, y donde los derechos de las personas estén efectivamente determinados por la ley y no por grupos de interés moral o religioso.
          La democracia chilena no tendrá su pleno ejercicio, mientras no se resuelvan las herencias decimonónicas del paternalismo, del autoritarismo cultural, del confesionalismo de ciertos grupos de poder, del patronato y de cierto feudalismo encubierto de las clases propietarias que construye la esencia de su discurso conservador. La forma de resolverlo, objetivamente, es interpretando el pensamiento de las mayorías, y quitando la legitimidad de la práctica política a determinados círculos de poder esencialmente minoritarios.

(Editorial publicado en la revista Iniciativa Laicista de mayo de 2015)