El recién pasado 29 de enero, se realizó
en Santiago el VI Convento Masónico Nacional, consecuencia de un debate a lo
largo del país, que se realizó desde la segunda quincena de noviembre hasta
culminar en la fecha citada. Esto significó más de 960 conventos de base (tres
por logias) y 35 conventos jurisdiccionales (agrupaciones geográficas de
logias).
La jornada de cierre se realizó en
Santiago, con la presencia de 417 delegados provenientes de las jurisdicciones,
junto a los integrantes del Consejo de la Gran Logia de Chile y otras
autoridades masónicas.
Este convento - convención que se hace de
manera cerrada o exclusiva con sus miembros – responde a la necesidad que emana
de circunstancias excepcionales, para conocer la opinión de todos los masones,
frente a desafíos que presenta el tiempo secular, como lo es en esta ocasión la
necesidad de analizar los alcances, consecuencias y perspectivas que surgen ante
el estallido social.
La comprobación de que se ha producido un
quiebre en el contrato social, establecido en Chile a partir de la recuperación
de la democracia, el motivo central del convento apuntó a avizorar un nuevo
contrato social para Chile, que recoja los desafíos que ha presentado el
estallido social y las aspiraciones de los chilenos, en cuanto a tener un país
más justo, más igualitario y donde la meta suprema sea la garantización de la
dignidad de las personas, a través de derechos y un nuevo trato desde el poder.
Las conclusiones, que están en proceso de
redacción final, luego de aprobados los informes por 9 de cada 10 asistentes,
serán entregadas ampliamente a las distintas representaciones, instituciones y
organizaciones del país (políticas, gremiales, educacionales, estudiantiles,
sindicales, religiosas, éticas, etc.).
De manera general, se asume que la sociedad
chilena se encuentra en un estado de crisis, generada por la insatisfacción frente
a un modelo que ha afectado a un gran número de chilenos, merced a un Estado
débil, que habilita una sociedad de severas diferencias socio-económicas, con
trazas de corrupción y abusos reiterados.
Se reconoce que el modelo consolidó como
objetivo central el crecimiento de la economía, incentivando el individualismo,
el consumo, la depredación y la explotación indiscriminada de recursos
naturales, el endeudamiento y consecuente empobrecimiento y precarización de la
población, la concentración de la riqueza económica en muy pocos, generando
frustración, desconfianza y rabia, así como la desesperanza de la mayoría de
los chilenos ante los abusos.
Frente a esa realidad, existe consenso que
la solución a esta crisis tiene como componentes lo político y lo social, y en
ese contexto se ha valorado el Proceso Constituyente como una
solución para avanzar en uno de los aspectos fundamentales para tener un nuevo
contrato social: una nueva Constitución, entendiendo que junto a ello hay que
construir también una trama de acuerdos en el plano social, que pongan la
justicia social y la dignificación como elementos determinantes.
En la primera fase de este proceso, que se
expresa en el plebiscito de entrada, el llamado que se hace por lo pronto, es a
asumir el deber ciudadano de participar, pero de manera informada. Ello implica
que los ciudadanos conozcan lo que está en debate, más allá de la consigna y de
la opinión liviana.
La solución para las grandes dificultades
que tensionan a nuestro país, producto de las causas que llevaron al estallido
social, descansan nuevamente en la democracia, donde los ciudadanos deben
recuperar su protagonismo con la fuerza de su voto libre e informado.
(Columna publicada en el Portal de Radio Cooperativa el 31 de enero de 2020)
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