DE SAQUEOS Y SAQUEADORES.

Uno de los actos colectivos humanos más abominables es el saqueo. Sus antecedentes más perversos se encuentran jalonando la historia del hombre con la ignominia de sus alcances, manchando tantas gestas de la memoria escrita, a pesar de la quirurgia de los que exaltan determinados hechos sustentando los propósitos nacionales, en cualquier parte del mundo, desde el punto de vista de la pretensión de la pureza de los heroísmos y del determinismo nacional o social.
No en vano, el saqueo en su génesis conceptual siempre ha estado asociado a la acción de la soldadesca, en su paso voraz por las tierras arrasadas del vencido o del que se encuentra en retirada. Y hay demasiados hechos de vindicación nacional, en demasiadas partes del mundo, donde hechos de augusta afirmación histórica parten o culminan en la ignominiosa y vandálica zapa colectiva de las huestes desatadas en descalabro moral.
Lo propio ocurre en nuestro país, donde hay varios hechos históricos, que son parte de la más profunda exaltación histórica, tratados con una pureza idílica, que con poco escarbar sale a la vista la ponzoñosa escoria del acto avieso del saqueo. Los ha habido cuando chilenos salieron fuera de nuestras de nuestras fronteras, y los ha habido cuando determinados eventos históricos fueron resueltos por la vía militar. Sus protagonistas han sido la soldadezca o la muchedumbre civil o su mezcolanza.
Dentro de nuestras fronteras, baste el ejemplo de dos de las más grandes figuras intelectuales de nuestra historia nacional, para poner en evidencia la ruin expresión de los saqueadores, que no deben ser necesariamente asociados al lumpen o al bajo pueblo de los márgenes de las ciudades. El primero, uno de los grandes intelectuales y eruditos hispano-parlantes del siglo XIX, Eduardo de la Barra, cuya casa fue arrasada por los contrarios a Balmaceda, cuando sobrevino del desenlace de la guerra civil de 1891. El segundo, el más grande poeta hispano-parlante del siglo XX, Pablo Neruda, cuya casa de Santiago fue campo de zapa de una horda claramente identificable a horas después de su muerte y en medio de una sociedad bajo manu militari y una ciudad con toque de queda.
Es que, a pesar de las connotaciones de traducción delictiva, que generalmente se pretende dar, el saqueo es un acato de revanchismo, de punta a cabo. Son las latencias de la venganza emponzoñada con la manifestación colectiva y artera, con la cobardía del dato gregario. Definitivamente, no es el saqueo un acto delictivo, aún cuando adquiera condición de tal, en su persecución civil o penal. Como fenómeno psicológico y sociológico, el saqueo es la expresión manifiesta de un pasar la cuenta a quienes, en su momento, y como consecuencia de la desaparición de las referencias que permiten el equilibrio social y la convivencia, se encuentran en el despoblado de todas las referencias morales y carentes de las mínimas condiciones de defenderse ante la aleve acción de la horda cobarde.
Ello ocurre ante la resolución violenta de los conflictos bélicos o políticos y en la disruptiva eventualidad social, cuando los equilibrios que ordenan las sociedades se desbalancean abruptamente. Y se hacen presentes en las circunstancias de catástrofes, que afectan a países como consecuencia de la acción de la naturaleza.
En todas esas circunstancias la fuerza movilizadora de la horda se encuentra motivada rotundamente en el revanchismo que subyace como fenómeno psicológico individual y como expresión sociológica colectiva. Difiere del acto delictivo, del asalto puro o del allanamiento ilegal, y no tiene relación con el desborde social, que termina lanzando pedradas contra la propiedad pública o privada. El saqueo es la expresión más desnuda y oprobiosa de la horda que se siente dominante, que aprovecha el momento en que los equilibrios de la convivencia son rotos, y se impone la ley del más fuerte.
Seguramente, el horror y la impotencia que sienten los propietarios hoy saqueados, fue el mismo sentimiento que tuvo la viuda de Neruda, al llegar a su casa de Santiago, o la esposa de Allende, después de lo de Tomás Moro, o la familia De la Barra, camino a su exilio en Argentina. Es la misma circunstancia de impotencia ante el acto horroroso de la vindicta emponzoñada con el más bajo sedimento del odio.
Por ello es que no debemos sorprendernos de que, en los hechos que nos han avergonzado como país, luego del TT27F que afectó a las regiones de Maule y Biobío, no solo esté la presencia de aquellos sectores más pobres, sino incluso personas que social y económicamente están lejos de los márgenes de las ciudades. No fueron delincuentes los que se convirtieron en horda, aún cuando aquellos se plegaron ante el hecho cierto del campo abierto. Fueron personas que estaban de este lado del ordenamiento moral, convivencial y ordinal de una sociedad estructurada. No estaban del otro lado, donde campea el delincuente común y la marginalidad societaria.
Fueron personas con trabajo, dueñas de casa, estudiantes, profesionales, etc. Fueron personas en vindicta lógica, contra las cadenas de la propiedad concentrada, o contra los propietarios menores que estaban en el mismo foco de la acción vandálica. Los expertos que las cadenas de supermercados y farmacias pueden contratar, para analizar la animadversión que se expresó en tales hechos, deben permitirles reconocer donde está la explicación del odio social.
Desde el punto de vista del orden social y los basamentos que hacen posible la convivencia en una sociedad debidamente estructurada, no nos cabe sino condenar tales hechos, por lo abominable de su motivación y las consecuencias de su concreción para la sana convivencia y la superación del impacto de la catástrofe sísmica.
Aún no hay dato duro respecto del alcance efectivo de los saqueos, ya que los desprolijos o tendenciosos medios de comunicación de tipo masivo, no han colaborado en reconocer colectivamente el real alcance de la acción vandálica. Por el contrario, los medios de alcance nacional en su momento generalizaron la percepción del saqueo, y medios de tipo local no vacilaron en crear un ambiente de temor y angustia que tuvo más fuerza incluso que aquel que la población tenía ante las propias réplicas sísmicas.
Supe del caso de un pequeño propietario de un almacén de un pequeño poblado cercano a Curicó, cuya familia pasaba en vela armada con garrotes, esperando defenderse de los saqueadores, en circunstancias que no había ningún antecedente en su localidad y en todas las de los alrededores para que ello estuviera como posibilidad real, pero medios radiales de la región seguían creando la sensación diaria de su inminencia. Pude ver por televisión como una patrulla militar en Talcahuano se ensañaba con un vulgar ratero, mientras el relator de la noticia mostraba la acción del antisocial como la de un acto de saqueo. En Santiago, un día cualquiera el comercio cercano a Estación Central cerró sus puertas ante el rumor de saqueos, sin que hubiera antecedente alguno. Personas racionales, reflexivas, profesionales y gente lejana absolutamente a toda acción efectiva de saqueo, permanecieron en vigilia durante varias noches, en distintas ciudades del país, convencidos de que su barrio o su propiedad iba a ser arrasada.
Cuando he conocido sus casos, me ha venido a la memoria la forma como la dictadura desprestigió en Santiago el movimiento social en su contra de los años 1980. Simplemente, con la complicidad de los medios y con sus agentes repartidos por los barrios de clase media y las poblaciones, hicieron correr la especie de que los saqueadores venían avanzando desde los barrios periféricos del sur de la ciudad. En el imaginario colectivo se instaló la convicción de que los saqueadores venían como horda huna avanzando progresivamente, atacando los domicilios de gente común y corriente. Barrios, villas y poblaciones permanecieron más de dos días en vigilia, sin que se hubiera producido un saqueo en parte alguna. Ergo, de los saqueos y saqueadores también se han hecho complots.

Publicado en Tribuna del Biobio el 19 de abril de 2010

IZURIETAZO.

Dentro de la unilateral agenda noticiosa de nuestro país, marcada por el control pro-piñerista de los periódicos y televisión en Chile, se ha producido un grave hecho político, que en otras circunstancias habría tenido más debate político y ciudadano. Cumpliéndose lo que se presumía, el gobierno de Piñera Echeñique ha pasado a tener como uno de sus integrantes a quien recientemente ejercía como Comandante en Jefe del Ejército, el general Oscar Izurieta, quien fue designado en el cargo político de Subsecretario de Defensa.
Quien, hasta hace algunas semanas era representante y máximo mando de una institución constitucionalmente apolítica, subordinada al poder civil, absolutamente profesional, por decisión presidencial se convierte en un actor político de primera línea. Parafraseando la novela de García Márquez, podemos decir que lo que corresponde escribir en torno a este evento es una crónica de una muerte del pudor castrense anunciado. Todos los dirigentes políticos cercanos al entonces Presidente electo sabían de este nombramiento, y nadie dijo nada en función del pudor militar y de una sana política de Estado.
Se puede especular mucho sobre que puede haber sido el elemento que produjo el acto de confianza presidencial sobre el general Izurieta. Supongo que no será consecuencia de su condición de desempleado. Hago esta alusión acudiendo a la aseveración hecha por el general (R) Emilio Cheyre, quien dijo que era discriminatorio que los generales retirados no pudieran tener empleo en empresas o en el Estado. Suponemos que tampoco será porque asisten a misa a la misma iglesia los domingos. De la misma forma, suponemos que no es en agradecimiento por haber trasladado a los invitados del empresario Piñera en su santuario de la naturaleza chilote, en un helicóptero del Ejército. Suponemos que no es porque comparten las mismas aficiones de fin de semana. Suponemos también que no será por la percepción de la Derecha política y económica de considerar, desde la dictadura de Pinochet, que las FF.AA. son de ellos y pueden hacer lo que les plazca.
Más bien suponemos que el nombramiento se produce porque hay una alta sintonía política entre el nuevo primer mandatario de la Nación y el ex comandante en jefe del Ejército. Una sintonía que se produce después de mucho tiempo de análisis de las contingencias políticas, y de niveles de aproximación que no pasan por arranques repentinos ni por actos simbólicos. Si fuera esto último, en política los actos simbólicos se explican, por lo cual habría que pedirle a quien ejerce la Presidencia de la República que explique cuál es el sentido simbólico de su designación.
Todo indica, sin embargo, que hubo una deliberación encubierta, por parte del entonces Comandante en Jefe del Ejército. Ello porque su nombramiento era ya un dato manejado por la cúpula piñerista, es decir, por quienes estaban diseñando los cargos de gobierno, antes que estos estuvieran ya determinados. Y no se nombra un ministro y un subsecretario, cargos de naturaleza esencialmente política, sin consultarle a quien va a ser nombrado y sin explicarle los objetivos políticos de su gestión. El subsecretario Izurieta podrá dar muchas explicaciones para señalar su buena fe, pero él fue parte de un diseño de gobierno antes de que dejara su cargo castrense, que trascendió cuando aún tenía el mando institucional.
Para ser más preciso. El nombramiento de Oscar Izurieta en un cargo político, no viene del cuoteo siempre negado por los jefes de coaliciones políticas en el gobierno, y actualmente reclamado honestamente por la UDI. Si vinera del cuoteo, el nombramiento del subsecretario Izurieta sería más sincero. Más grave, evidentemente, pero más sincero.
Tampoco su nombramiento viene de las tradiciones del involucramiento de ex militares en los cargos políticos de confianza gubernamental. Es una tradición republicana que, cuando se han nombrado ex militares en cargos políticos, ello se ha debido a situaciones que exigen un mayor canal de comunicación con las FF.AA. de parte del poder político, y/o por situaciones traumáticas que pueden afectar la institucionalidad. Eso lo hicieron varios Presidentes de la República en el pasado.
Se ha producido, entonces, un hecho que ya tenía un precedente negro, cuando el entonces almirante Arancibia deja la Comandancia en Jefe de la Armada, para convertirse en candidato a senador en representación de la UDI.
Es cierto que hasta ahora no hay ningún impedimento legal para que el ciudadano Izurieta ocupe un cargo político apenas deja un cargo que tiene que estar por encima de la política partidista, pero para el punto de vista del espíritu de toda ley y de toda norma constitucional, quienes ejercen liderazgo militar deben tener el pudor de expresar su posición política mucho después de que los acentos de su mando estén debidamente superados por el tiempo y por la acción de quien le sustituyó en el cargo.
En el nombramiento del Subsecretario Izurieta el asunto es más grosero. Deja el mando del Ejército y se le nombra como jefe político-administrativo del nuevo Comandante en Jefe. Eso no se hace. Mal debe sentirse el nuevo Comandante en Jefe, general Fuente Alba, por este artilugio de la impudicia política.
Entonces, a futuro, si no hay pudor, lo que corresponde es que haya una norma legal que considere que un Comandante en Jefe no pueda ejercer cargos políticos hasta cuatro años después de dejado el mando. Eso pondría las cosas en un mejor nivel de formalidad constitucional y en el ámbito de la confianza ciudadana de que las FF.AA. efectivamente son de todos los chilenos.
Uno de los mayores esfuerzos políticos que debió hacerse por más de una década, después del fin de la dictadura, fue alejar a los militares activos de la política contingente, virus que tiene sus recurrencias, al parecer de acuerdo a la estacionalidad política. Sería conveniente que los políticos serios de este país, aquellos que no les gusta las odiosas comparaciones con los actos pseudos-institucionales que ocurren en otras desprestigiadas democracias de América Latina, tomaran recaudos frente a nuevas situaciones impresentables como la señalada.
No se trata de impedir el derecho de un ciudadano a tener posición política, pero el tema es que, si queremos tener FF.AA. apolíticas y esencialmente profesionales, debemos poner a los oficiales que ejercerán los altos mandos en una lógica que potencie su condición no protagónica en el ámbito político partidista.
A modo de colofón, nos queda decir que, dentro de la identificación de los eventos que marcan la agenda política histórica de nuestro país por acción de los militares, le guste o no al subsecretario, su nombramiento quedará identificado como el Izurietazo, es decir, aquel evento en que un comandante en jefe del ejército, mientras estaba entregando sus insignias de mando, ya se había convertido en un protagonista de la política partidista contingente. Como en las películas de superhéroes: entró al ascensor del edificio de la comandancia en jefe con las estrellas de general en los hombros, y mientas bajaba sufrió una extraordinaria mutación que le permitió salir con la estrella multicolor del piñerismo en la solapa. Esto último es presentar el asunto en forma exagerada, desde luego. Pero, más allá de la alegoría, dentro de la expresión de una sana política, el Izurietazo es impresentable.

(Publicado por Tribuna del Biobío, 02 abril 2010)

A PROPÓSITO DE LA INHABILITADA LIBERTAD DE INFORMACIÓN.

Para más de alguna persona, que haya leído mi reflexión sobre la inhabilitada libertad de información en las primeras semanas del gobierno piñerista, pudo parecerle excesivo que, con los pocos días de gestión de este, se pueda evaluar la condición de la prensa cuando aún no hay una política que se evidencie en ese ámbito. Ello en el supuesto de que el gobierno actual deba esbozar una acción al respecto.
Creo que en los cuatro años de este gobierno es absolutamente improbable que ello pueda ocurrir, ya que el escenario le es absolutamente favorable y propicio, por lo menos en lo que se refiere a los medios escritos y la televisión. La libertad de información no va a estar en la preocupación de las autoridades de gobierno, porque para ellos es un tema del mercado, no de la sociedad civil.
Y siendo proclives a las soluciones de mercado, y no a las que aconsejan la intervención para asegurar condiciones de igualdad, el actual escenario es absolutamente conducente a la mantención del statu quo, claramente orientado a su favor.
Analicemos la televisión abierta. Chilevisión es de propiedad del Presidente, a pesar de que este dijo que iba a venderlo antes de asumir su cargo. La Corporación de TV de la Pontificia Universidad Católica, le es afín por varios motivos, desde los políticos y económicos hasta los religiosos. Megavisión le será permanentemente afín por los mismos motivos. La Red no se queda atrás en la misma alineación, aunque no tenga impacto en la agenda informativa. Nos queda por revisar TVN, la cual se piñerizó apenas el empresario Presidente recibió la banda. Si Ud. tiene dudas sobre lo que estoy mencionando, tome nota todas las noches sobre lo que están informando estos medios en sus noticieros, los minutos de cada información y los contenidos incorporados.
Analicemos la prensa escrita de información. El Mercurio y sus diarios regionales, tienen un claro compromiso editorial. Si se incluye información de la oposición por ejemplo, es para destacar las contradicciones existentes y dar la imagen una desorientación, sin dar cuenta de contenidos. La Tercera y los medios vinculados están en la misma disposición. La Nación ha sufrido el mismo proceso de TVN. Si en este caso también tiene dudas, abra cualquier diario, cualquier día, y revise su contenido. Vea cuantas noticias escapan a la unidireccionalidad informativa.
Más allá de la indagación que le propongo, sin embargo, creo que lo que está en el fondo del problema, es que hay dos aspectos que afectan profundamente la libertad de información, y que van a producir profundas distorsiones en la libertad de conciencia de las personas y los grupos de interés de la sociedad civil. Ellos son la constatación de un escenario nacional monopolizado por una visión particular y la presencia de los monopolios en los medios de información.
En el primer aspecto, Chile vuelve a ser un país donde el gran empresariado toma el control de todos los espacios de poder en la sociedad. No solo controla la economía y parlamento, sino que también controla el gobierno. Ello es gravísimo para las libertades de conciencia y para los equilibrios sociales, es malo para el ejercicio de las libertades en los espacios de la sociedad civil, y significa un serio menguamiento del ejercicio ciudadano. Ello es más grave cuando quien ejerce el mando de la nación, tiene lógicas empresariales para la administración del Estado, y no lógicas políticas. El nombramiento de su Gabinete Ministerial fue la más fiel expresión de su lógica, así como la designación de los demás cargos relevantes de gobierno.
Una de las virtudes de la Concertación, fue representar una convergencia multisocial, que matizó radicalmente la composición de las esferas del poder, sobre todo en la composición del gobierno y el aparato del Estado. Con todos los defectos que puedan manifestarse en 20 años, lo cierto es que expresó un esfuerzo de equilibrio frente al poder económico, estableciendo ciertas cortapisas a la acción empresarial, que permitieron garantizar espacios de derechos que hicieron posibles ejercicios de ciudadanía crecientes.
Ello está experimentando significativos niveles de retroceso, desde el primer día del nuevo gobierno, a partir de la monopolización editorial de los medios, y la unidireccionalidad y unilateralidad informativa.
El segundo aspecto dice relación con la concentración monopólica de los medios de información, donde Chile pasa a convertirse en uno de los países democráticos con mayor evidencia de ese fenómeno, con la agravante que los monopolios en la prensa reflejan una misma matriz ideológica, política y cultural (en esto último incluyo la proveniencia social, religiosa y educacional).
En otros países donde se advierten similares procesos de concentración monopólica de los medios no se expresa el mismo nivel de unilateralidad. Acá no hay empresarios liberales con propiedad monopólica sobre los medios de información. Y cuando digo liberales, me estoy refiriendo al concepto convencional de liberalismo, no a la lectura liberal de algunos patricios chilenos, que se hacen llamar así por ser partidarios del libremercado o por esnobismo, y que no tienen ningún empacho cuando tienen que imponer políticas autoritarias y reducir los espacios de libertad de la sociedad civil, ya sea por razones políticas, económicas o religiosas.
Solo hay empresarios conservadores dominando los medios. Y cuando digo empresarios conservadores, me refiero a los que doctrinal y espiritualmente son proclives a antiguas concepciones del poder y de la relación con los espacios en que actúa la sociedad civil. La mayoría de ellos está vinculado a las expresiones autoritarias del poder religioso, a las expresiones autoritarias del ejercicio político y a las expresiones autoritarias del ordenamiento social. Para el conservadurismo las sociedades que progresan son aquellas subordinadas a su clase social, capaz de pensar por los demás y generar riqueza a cualquier precio “con trabajo, sacrificio y sobriedad” (de los subordinados desde luego).
Esa concepción de subordinación es coherente con lo que ocurre con el manejo de la información, por lo cual, no debemos engañarnos: la inhabilitación de la libertad de información es algo absolutamente coherente con la concepción no ciudadana y antirrepublicana de quienes hoy controlan todo el poder en el país.

RECONSTRUIR O CONSTRUIR MÁS PODER.

La gran tarea de reconstruir Chile, luego del desastre provocado por el terremoto y tsunami del 27 de febrero pasado (TT27F), plantea desafíos que pasan necesariamente por la concepción de país que las autoridades políticas y los distintos sectores nacionales tienen que dimensionar, en el contexto de la confluencia de los distintos sectores del país representados en el Congreso Nacional.
Una de las invocaciones de la autoridad de gobierno, ha sido llamar a la unidad nacional para enfrentar la reconstrucción de las regiones devastadas por el TT27F. Los partidos de oposición han prometido la máxima colaboración con ese fin. La ciudadanía vería con particular interés el que haya efectivamente un acuerdo de las distintas fuerzas políticas, entre gobierno y oposición, para confluir hacia una idea de reconstrucción, en la medida que ella exprese el interés objetivo del país.
Sin embargo, el interés objetivo del país no significa el interés sectorial, sea político, empresarial o de determinados grupos de interés. El interés del país se expresa en la confluencia de las distintas visiones, de las distintas miradas que observan e interpretan la idea de comunidad nacional. Reconstruir las regiones afectadas no pasa por la mirada unilateral sino por la comprensión que en esas zonas hay una diversidad de afectados y de expresiones vivas de la comunidad, que deben tener protagonismo en el proceso de reconstrucción material y espiritual.
Señalo este criterio a partir de que ha trascendido que, a nivel del Ministerio de Hacienda, se está estudiando una reforma a las normas de donaciones y que busca “perfeccionar la Ley 16.282”. La reforma pretende canalizar las donaciones de empresas hacia proyectos específicos de carácter privado o a un Fondo de Reconstrucción Nacional, montos que permitirían posteriormente exenciones tributarias.
La experiencia que muestran las actuales leyes de donaciones señala que estas han sido extraordinariamente beneficiosas para robustecer proyectos de clara unilateralidad y predominio de una absoluta unidireccionalidad, cuando no para estimular el éxito de la industria de la beneficencia, claramente identificable en el plano del horizonte ideológico de nuestro país.
Al estudiar la eventual reforma por parte del Ministerio de Hacienda, se ha optado por la consejería de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, que agrupa a lo más específico de la industria de la beneficencia, y que controlan la más pingüe tajada de la donaciones nacionales e internacionales, y que se apresta al manejo de los millones de dólares que la reforma provocaría, en tanto se plantee orientada a proyectos específicos de naturaleza privada. Dentro de esa Comunidad hay dos o tres organizaciones que escapan a un mismo molde y a una misma hechura, y que presentan una comprensión distinta de esta suerte de institucionalidad benefactora, que maneja ingentes recursos. Los demás responden a una misma perspectiva del hacer industria benéfica y de canalización de recursos.
Tal orientación de la reforma permitiría un uso discrecional de los recursos, lejos de todo control de las instancias que garantizan que los esfuerzos de carácter nacional, tengan efectivamente una naturaleza y un propósito nacional.
Hoy, las contribuciones de empresas a proyectos privados, vía las leyes de donaciones con extensiones tributarias, son una caja negra que ha favorecido proyectos específicos de predominios de clara identificación corporativa, a cuesta de descuentos que habrían tenido fines más de auténtico carácter nacional, si se hubiesen canalizado como impuestos a través del Estado.
Tras el propósito de la reforma en acelerado estudio, se manifiesta la misma pretensión de favorecer la canalización de los recursos para la reconstrucción a proyectos privados, renunciando el Estado ha desarrollar un proyecto efectivamente nacional e integrador. Esos proyectos privados terminan por favorecer a las mismas orientaciones, las mismas organizaciones, los mismos intereses, los mismos propósitos, que construyen la visión unilateral que domina el escenario nacional a partir de un concepto de exclusión. Una experiencia latente es lo ocurrido con la ley 18681, específicamente en sus artículos 69 y 70, y los porcentajes de los montos donados que han beneficiado ampliamente algunos proyectos de predominio específicos, y no precisamente al sistema de educación superior como se aventuró al generar la norma legal.
Es de esperar que la oposición tenga la virtud de pensar el proyecto de reconstrucción sobre la base de la diversidad de Chile, y que su pensamiento esté en las capacidades comunitarias y en el rol irremplazable que tiene el Estado, de proveer los medios que los distintos sectores de las regiones afectadas requieren para volver a la normalidad. Las exenciones de impuestos deben favorecer a quienes aporten a un Fondo de Reconstrucción manejado por el Estado y que esté sometido a la fiscalización del Congreso, para que tenga la virtud de beneficiar a la diversidad nacional en todas sus expresiones.
No debe ocurrir que los recursos que dejaría de recibir el Estado, terminen favoreciendo políticas de predominio particulares. No debe ocurrir que cualquier empresa haga su propio proyectito para reducir sus impuestos como ha ocurrido con las leyes de donaciones existentes.
Tampoco debe ocurrir que a partir de una supuesta buena intención, determinadas instituciones, corporaciones o grupos, terminen incrementando su poder e influencia sobre las comunidades locales afectadas por el TT27F, a partir de la renuncia del Estado a percibir impuestos.
Reconstruir es distinto a construir más poder.

TERREMOTO: LECCIONES Y TAREAS

Chile está viviendo una de sus tragedias telúricas más graves, como consecuencia del terremoto y tsunami que afectó las Regiones del Maule y del Biobío, especialmente, pero que se extendió por más de 700 kms a lo largo del país, con una intensidad promedio de 8 grados Richter.
Los daños producidos son enormes, y la emergencia producida, han puesto en evidencia problemas que parecían impensables, pero que dan cuenta que hay muchos problemas que no han sido abordados debidamente como país.
El primero de ellos, un sistema integral de manejo de emergencias. Lo que separa un país eficiente – más allá de la pretensión de la etiqueta del desarrollo - de aquel que no lo es, es la existencia de un buen sistema de protección civil para casos de emergencia y de respuesta ante catástrofes. El fin fundamental de todo sistema de ese tipo es proteger a la población y las capacidades de suministro en sus distintas variables.
Ello debe involucrar a todas las estructuras del Estado, sean civiles o castrenses. En una situación de catástrofe, todos los sistemas de comunicación quedan a disposición de la autoridad legal que corresponda, dentro de un plan bien elaborado. Mucho se ha discutido sobre la ONEMI, después del terremoto, pero en un plano de absoluto irrealismo, ya que – seamos sinceros – la mencionada Oficina no está preparada para enfrentar una catástrofe en desarrollo, sino para actuar después que ella se ha producido y a una escala propia de un país con menos de 5.000 dólares per cápita.
Mucho se ha discutido sobre si la Armada dio avisos adecuados para prevenir el tsunami, pero es obvio que hasta esta institución sufrió percances tercermundistas, porque no tuvo una capacidad operacional para enfrentar la posibilidad y consecuencias de un maremoto. Lo que funcionó fueron los viejos protocolos, pero no la capacidad de trasmitir información concreta. De hecho, un diario consigna que un grumete salva un remolcador porque se recordó del protocolo, no porque recibiera la orden para ello. Otro ejemplo, una costosa lancha misilera termina sobre el muelle de Talcahuano, sin que nadie la sacara a alta mar. Ejemplos así hay muchos que dan cuenta que la organización experta en territorio marítimo no expresó su experticia en el momento en que debía.
A nivel de las empresas, la situación también deja mucho que desear. Las empresas suministros básicos (eléctricas y agua) han demostrado que no tienen planes de contingencia efectivos y si los tienen son de muy baja escala: los necesarios para que no se eleven los gastos. Un terremoto demanda gastos significativos, por lo cual, las empresas deben considerar gastos de contingencia mayores, e incentivos importantes para personal actuando en casos de emergencia.
Lamentable ha sido lo ocurrido con los saqueos a supermercados y farmacias. Pero, producida una catástrofe no es posible que los centros de consumo estén cerrados, sobre todo si tienen artículos de primera necesidad. Debe haber planes de contingencia que estimulen a los empleados a concurrir a trabajar. Si las cadenas de supermercados y las cadenas farmacéuticas controlan monopólicamente los productos de primera necesidad y los medicamentos esenciales, deben tener la capacidad de responder ante situaciones de emergencia. Si no pueden atender público, deberán atender a los pequeños almaceneros para que ellos puedan poner los productos a disposición de los consumidores, pero tienen que reponer la cadena de suministro básico de manera urgente. En Santiago, que no tuvo daños de la envergadura del Maule y el Biobío, hubo supermercados que reabrieron después de 3 días.
Las lecciones que dejan el terremoto y tsunami es que debe haber un sistema de emergencia que establezca obligaciones y coordinaciones más eficaces. Un sistema que movilice personal y recursos con inmediatez. Una gran herramienta de respuesta coherente y efectiva. Ella debe involucrar a las instituciones del Estado, a los monopolios, y a organizaciones de la sociedad civil que son determinantes para enfrentar una catástrofe. Todos con planes de contingencia debidamente concebidos y coordinados.
El Manual Nacional para Catástrofes es una tarea de tanta urgencia, como otros problemas tan acuciantes de un país que aspira a consolidarse en el club de las naciones con una escala de desarrollo pensado en las personas, no en la escala de crecimiento económico que solo produce ganancias a unos pocos.
Por último, una aspiración: que la tragedia que vivimos sea una oportunidad de aprender a proteger a nuestros ciudadanos, no una oportunidad para enriquecer a los que se beneficiarán con el negocio de la reconstrucción, dejando las cosas como están.

LA INDUSTRIA DE LA BENEFICENCIA.

Hace algunas semanas, estando de paso en Villarrica, me sorprendió gratamente que la cajera del supermercado local me consultara, al momento en que pagaba mi compra, si donaba la fracción de monedas de 1 peso del vuelto al Cuerpo de Bomberos. Ello me motivó a ser más generoso, tal vez por mi impulso habitual de contribuir en las plazas de peajes, cuando hay bomberos recogiendo contribuciones, o como extensión del compromiso mensual con el recolector de los bomberos de la comuna, que pasa con puntualidad a retirar una cuota acordada con ellos.
A propósito de esto último, hace unos días llegó una carta de la compañía de bomberos, señalando en que se habían gastado las contribuciones recibidas el año anterior. Leyendo la carta informativa, no pude dejar de reflexionar de lo notable que resulta la tradición bomberil chilena, fundada en la más alta y pura beneficencia, aquella que se sostiene en la básica premisa de hacer el bien, sin mirar a quien, y sin esperar nada a cambio. Porque no me cabe duda que, de todas las instituciones, orientadas a. bien de los demás en Chile, los bomberos son los únicos que no reciben una retribución económica personal por su constante accionar en beneficio – el sentido de la más pura beneficencia – de los demás.
Cuando se mira hacia el contexto de las instituciones de la beneficencia en Chile, quedan muy pocas que realmente puedan ser consideradas como tal, en sentido de ser organismos pensados en canalizar el interés público desde una perspectiva altruista. Lo que prima es la industria de la beneficencia, donde un conjunto de organizaciones se disputan lo que parece ser un creciente mercado, que mueve millones de dólares, y que reporta enormes beneficios antes que a los destinatarios a quienes son parte de su estructura propietaria, administrativa y organizacional.
Algunos estudios preliminares dan la pauta para establecer que de cada 10 pesos que se donan en Chile a organizaciones de beneficencia, solo 5 se destinan objetivamente a lo que se pretende como el objeto institucional. En algunos casos llegan a 4 pesos. Es decir, entre un 50 y un 60% de las donaciones terminan siendo un beneficio directo de quienes administran las contribuciones, por la vía de compra de bienes raíces, financiando personal profesionalizado, gastos publicitarios y gastos operacionales.
Aprovechando las posibilidades de la legislación, incluso se crean organizaciones de beneficencia para recibir los aportes de las empresas, las que terminan orientando específicamente esas contribuciones de acuerdo a sus afinidades ideológicas y sociales. El beneficio termina siendo mutuo, tanto para la empresa como para los gerentes de la industria de la beneficencia, por varios aspectos.
Hay rostros de la industria de la beneficencia que son recurrentes en nuestra realidad nacional y pontifican a través de los medios de comunicación sobre la necesidad de “trabajar por los más pobres”, por “los que nada tienen”, en circunstancias que por la gerenciación de esas organizaciones tienen sueldos competitivos con cualquier empresa del mercado y manejan una cuantiosa planilla de funcionarios y profesionales, reclutados entre sus afines. Bajo píos nombres o apelaciones emocionales, hablan con voz trémula sobre el valor de dar a los demás, conduciendo agresivos todo-terreno por las calles y carreteras y vinculándose a todas las estructuras de poder. Hay casos de gerentes que pasan de una empresa de mercado a una empresa de beneficencia, por condiciones remunerativas más favorables. También están aquellos que hacen una carrera en las instituciones de beneficencia, para luego acceder a otras gerencias corporativas más elevadas.
Se construyen socialmente mitos sobre personalidades que se suponen consagradas al bien común, en circunstancias que se han volcado a promover la industrialización de la generosidad de los demás, son campeones en el manejo de las argucias legales, son profesionales en el ámbito relacional del poder, y tienen un expedito manejo de las fuentes de los recursos permanentes, con los cuales sostienen y acrecientan las organizaciones que dirigen.
La socorrida y efectista frase de “trabajar por los más pobres, por los más necesitados”, nada tiene que ver con el fin último de tales organizaciones, aún cuando la percepción pública es estimulada permanentemente al lugar común de la validación de ellas como instituciones que realizan una obra de amplio beneficio humanitario.
Sin embargo, tales organizaciones día a día crecen en sus propiedades y en sus plantas de funcionarios, sus gerentes se prestigian y se validan profesionalmente, y aquellas que no crecen tienen la particularidad de ser como los “agujeros negros” del espacio estelar, que succionan todo lo que aproxima, y no se sabe a donde va a parar todo. ¿Quién conoce de sus balances financieros, de sus pérdidas, de sus gastos?
Hace muchos años era común que las instituciones de beneficencia elaboraran una memoria y balance anual. Muchas de esas memorias y balances se encuentran en la Biblioteca Nacional. He tomado cinco de las más publicitadas y mediáticas organizaciones actuales de la industria de la beneficencia y no he encontrado sus memorias o balances. Alguna se ha destacado por hacer “un balance social”, pero sería más transparente que se publique el contable.
La cultura de la industria de la beneficencia tiene sus mitos y sus leyendas. Estos son absorbidos y validados por las estructuras del poder nacional. Hay personalidades validadas como los alter ego o los gurús, y son consultadas para toda decisión o toda acción de solidaridad y conducción de la generosidad pública. Muchos son exaltados a los altares de la bondad nacional, y a la solemnidad de los tributos. Algunos se transforman en consejeros o confesores de cabecera. Otros son convocados a comandos electorales para dar garantizar una imagen de preocupación o dedicación social. Algunos tienen la mágica condición ubicua de aparecer en los más diversos lugares, eventos o circunstancias, con una transversalidad digna de un futbolista exitoso o de un superventas cantante pop.
Las recurrencias sociales, políticas y económicas de estos “benefactores”, dan pábulo a que se favorezca progresivamente la profesionalización, la industrialización y la instrumentalización de una actividad que hace rato ha degenerado los sinceros impulsos del corazón de las personas y su expresión de altruismo.
Por ello, cuando alguna cajera de supermercado me consulta si quiero donar un desayuno o un vaso de leche, le sonrío y cortésmente le digo que no. La buena fe no merece otra actitud que la cortesía. Por lo demás, no habría tiempo para explicarle los fundamentos que justifican ese no y por que prefiero y recomiendo contribuir a la única institución de voluntarios que presta un servicio decente al bien común: los bomberos.

CONVERSACIONES EN LA MASÍA DE FREIRE

Sebastián Jans


A poco más de una semana de la interpelación efectuada por el laicismo chileno a los candidatos presidenciales, y ya resuelta la segunda vuelta electoral, llegué a La Masía de Camilo Calvo, en la Región de la Araucanía. Accedía a su invitación y de su encantadora esposa Patricia, para pasar unos días en ese paraje distante de las tráfagos citadinos.
Fueron dos días distintos, ya que no hubo tiempo para enterarse de los eventos postelectorales, ni para afanarse con los comentarios de los opinólogos políticos, ni para ver la expresión eufórica del conservadurismo criollo, que después de 50 años, por primera vez ganaba una elección presidencial.
Fueron dos días de conversación y reflexión, y de acoger la experiencia de uno de los más fieles laicistas de la vieja guardia, que arrastra en su experiencia no solo el acervo vivencial de la política republicana, sino también las vivencias que el anti-republicanismo imprimió en la conciencia histórica nacional.
Camilo fue un novel Alcalde de Traiguén, a los 27 años y diputado por Malleco, antes de la ruptura democrática. Cuando sobrevino la dictadura, vino la cárcel, el traslado a Dawson, luego a Las Melosas, y por último el exilio. De regreso a Chile y durante la transición democrática fue nombrado Alcalde de Temuco. En años recientes, ha estado vinculado a nuestra red Iniciativa Laicista, aportando con su visión permanentemente asociada al laicismo, al republicanismo y al compromiso social.
Ligado a los basamentos doctrinarios del radicalismo desde su juventud, con los años emigró hacia el socialismo, con sencillez y sin aspavientos. Por cierto, en su reflexión conviven esas dos potentes almas del compromiso político, en un eclecticismo maduro, donde lo que importa es la expresión progresiva del hacer humano y su valoración por antonomasia.
De la conversación, junto a los pequeños esteros y a los múltiples árboles nativos, a las luminosas hortensias y los pastizales hirsutos, fue emergiendo un diagnóstico sobre la realidad nacional, sobre las debilidades del movimiento laicista, sobre las grandes tareas que deberán gestarse en torno a la defensa de las libertades de conciencia, sobre lo que significará enfrentar un nuevo escenario político, donde las visiones más conservadoras entrarán a controlar la ejecución política del Estado.
Fue un momento para pensar en el quehacer, en como contribuir a generar un profundo movimiento de reflexión en torno a los partidos llamados laicos, y como establecer las grandes ideas fuerzas que sean capaces de movilizar a los más amplios sectores sociales, a favor de una línea de acción fundada en la más auténtica diversidad y en el auténtico progresismo: aquel que nace de la constante evolución y del avance del conocimiento humano.
Las conversaciones en La Masía de Freire, con este notable tribuno laicista, sin duda, fueron una oportunidad personal para ganar certezas sobre lo que corresponde hacer en esta nueva etapa nacional, donde los laicistas tenemos mucho que decir.